Justicia provincial resolvió un hábeas corpus a favor de los jóvenes internados en el Complejo Esperanza y ordenó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) una serie de medidas para mejorar las condiciones de vida del predio.
En primer lugar, le ordenó a la Senaf que en 10 días presente un plan para refaccionar los institutos socioeducativos del Complejo Esperanza (ver análisis de Laura Leonelli).
José González del Solar, juez en lo Penal Juvenil de 4º Nominación, evaluó que “no había hacinamiento evidente”. Pero aseguró que en los dormitorios “se percibe un ambiente inhóspito, con ausencia parcial de vidrios en los cerramientos y paredes sucias en que los internos insertan leyendas o imágenes pertenecientes a la subcultura allí dominante”.
Además, obligó a la Provincia a que en dos meses tenga listo un reglamento de convivencia.
En tercer lugar, le dio un plazo de un año para incorporar personal capacitado en “educación social” para el contacto cotidiano con los niños y adolescentes. “Y para que propicien la asunción de hábitos y habilidades para su integración social, su reflexión sobre la propia existencia y la asunción de un proyecto de vida”.
Por último, emplazó a la Senaf para que en 72 horas “restablezca la asistencia a la escuela de toda la población del Módulo II, aun con auxilio de la fuerza
pública si fuere menester”, ya que los guardias no llevan a la escuela a algunos internos.
González del Solar resaltó que “ni un incremento del personal de seguridad que presta servicios en el Complejo podría suplir lo que es una carencia enorme, indisimulable y ya a esta altura imperdonable: la falta de un servicio educativo para estos jóvenes que se encuentran allí en razón de la inconducta que se les atribuye y que denota dificultades de desarrollo personal e integración a la vida social”.
La disposición de González del Solar hizo lugar al hábeas corpus colectivo correctivo promovido por cuatro legisladores del Frente Cívico. En los últimos meses, funcionarios judiciales y legisladores encontraron preocupantes condiciones de vida de los adolescentes.
Repercusiones
La Provincia emitió un comunicado en el que resaltó que “trabaja, desde hace ya tiempo, de manera intensa en la transformación de medidas que mejoren las condiciones de habitabilidad de los chicos alojados”. Y agregó que el juez ha sido informado sobre la marcha de las refracciones y “de distintas acciones tendientes a proteger derechos de jóvenes en conflicto con la Ley Penal”.
En tanto, Liliana Montero, una de las accionantes, se manifestó “absolutamente satisfecha” con la resolución. Y agregó: “Es lamentable que después de 14 años de gobierno, hayamos tenido que recurrir a la Justicia para que esta le ordene a José Manuel de la Sota que cumpla la ley”.
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