Tras un Habeas Corpus Colectivo presentado por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), ordenaron mejoras en la cuestionada «Alcaída de Tribunales», la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en el subsuelo del Palacio de Justicia.
Para lograr esta resolución se llevaron a cabo una serie de audiencias de las que participaron representantes de la Corte Suprema, Ministerio de Justicia, Servicio Penitenciario, Procuración Penitenciaria y Procuvin.
La resolución dispone:
- Que el Servicio Penitenciario Federal realice limpieza y desinfección de todo el centro penitenciario; repare los sanitarios; consulte a un nutricionista para establecer cantidad y calidad de las comidas que deben proveerse a los reclusos, entre otras medidas de carácter urgente.
- La creación de una mesa de trabajo interdisciplinaria entre Procuvin, el SPF y la Procuración Penitenciaria, «a los fines de establecer el cupo adecuado de la Unidad 28»
La situación de este centro de detención había originado numerosas denuncias de diversos organismos, debido al hacinamiento y la insalubridad que vivían los detenidos en esa unidad penal. El titular de la Procuvin, Abel Córdoba, los fiscales de Ejecución Penal, Guillermina García Padín y Diego García Yomha, y el fiscal de instrucción Sandro Abraldes llevaron a cabo una inspección en la «Alcaidía de Tribunales» donde constataron cómo se vulneraban gravemente los derechos humanos..
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