Los organismos de Derechos Humanos de Mendoza denunciaron ante entidades nacionales e internacionales las “constantes amenazas que reciben por parte de sectores que se oponen al avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad” que se llevan adelante en la provincia.
Señalan que desde que comenzó el tercer proceso a nivel local para esclarecer hechos que ocurrieron durante la dictadura han sufrido agresiones que van desde “llamadas intimidatorias hasta campañas de desprestigio contra abogados, fiscales y juez de la causa”.
“Personas que defienden el modelo de mano dura han amenazado a uno de los jueces del tribunal, Roberto Burad, y al testigo, periodista y hermano de una desaperecida, Gustavo De Marinis. Han realizado pegatinas contra el abogado Diego Lavado, apoderado del Medh, donde lo acusan de carancho y de mercader de los Derechos Humanos. Lo mismo han hecho con el fiscal de juicio contra los represores, Dante Vega y los querellantes Alfredo Guevara y Pablo Salinas”, indicó Nino Bonoldi, integrante del grupo de familiares de detenidos desaparecidos de Mendoza.
Pero además en los últimos días quemaron el monumento a las Madres en la plaza San Martín y destruyeron placas recordatorias de los detenidos desaparecidos en Mendoza que formaban parte del friso «La Verdad, la Memoria y la Justicia», ubicado frente a Tribunales Federales.
“Ante esta serie de hechos preocupantes es que se han realizado denuncias en las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y de la Nación y también en la Justicia Federal”, aclaró Bonoldi.
Bonoldi sostiene que desde que se aprobó la “Ley Petri” (que restringe las salidas transitorias para los condenados por delitos violentos) la ola de violencia contra grupos que tienen que ver con la defensa de los Derechos Humanos se ha acrecentado.
“Tiene que ver con el enfrentamiento de dos modelos: el de aquellos que defienden los Derechos Humanos y buscan que se enjuicie dentro del marco de las leyes vigentes a quienes cometieron delitos de lesa humanidad y el de quienes proponen seguir con regímenes de mano dura y frenar el avance de los juicios, ya que el círculo se abre cada vez más y está incluyendo a civiles que participaron durante la dictadura”, señaló.
Esta mañana cerca de 100 personas, familiares de víctimas de la dictadura, se reunieron frente a Tribunales Federales y pusieron flores en el monumento que fue destruido a comienzo de esta semana. Allí además estuvieron presentes la agrupación Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini, y el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Elizalde.
