Nuestro sistema penal actual tiene dos caras. Si la persona investigada pertenece a los sectores sociales más desprotegidos, la Justicia se encarga de lograr ciertos “resultados” a costa de violar de manera sistemática sus garantías constitucionales. Ellos son los únicos que conocen las cárceles, y muchas veces de manera infrahumana. Por el contrario, cuando el imputado es alguien poderoso, la única respuesta posible del sistema parece ser la impunidad. Estos dos extremos tan opuestos no solo se complementan, sino que además presentan ciertos puntos en común. Uno de ellos es el actual Código Procesal Penal de la Nación.

Hace algunas semanas, desde CIPCE e INECIP publicamos un informe sobre 15 causas de corrupción y delitos económicos, donde buscamos ejemplificar esto. Existen numerosos factores que influyen en la forma en que se desarrollan estas investigaciones y juicios. Pero incluso más allá de las cuestiones coyunturales, la legislación procesal penal plantea de por sí obstáculos estructurales para avanzar en estos temas. ¿Por qué más de la mitad de las provincias argentinas y varios países de América Latina han reformado sus Códigos Procesales Penales en las últimas décadas? Porque los sistemas como el nuestro han demostrado ser plenamente funcionales a la impunidad.

Una de las consecuencias de esto es la eterna duración de las causas. En el proceso donde se condenó a María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito, pasaron 20 años desde el inicio de la investigación hasta que la Corte Suprema decidió definitivamente el destino del dinero recuperado. En el caso del vaciamiento del Banco de Santa Fe, el delito comenzó a cometerse en 1979, pero el proceso penal se inició once años después. No es casual que en cinco de los quince ejemplos que tomamos se haya declarado la prescripción.

Otro de los problemas clave es el enorme perjuicio económico causado al Estado en estos delitos, complementado por la inexistencia casi total de casos en los que se haya recuperado el dinero ilícito. En la causa por el fraude “IBM-Banco Nación”, el Tribunal desde hace 4 años frena un decomiso que podría realizarse inmediatamente. Por su parte, la investigación por el lavado de activos del JP Morgan involucra sumas inmensas. Sin embargo, a pesar de que la causa se inició hace más de cinco años con la confesión detallada de Hernán Arbizu, el juez y el fiscal aún no lo han llamado a prestar declaración indagatoria.

Sumado a todo esto, la falta de transparencia y de participación ciudadana son cuestiones características de los procesos por delitos económicos. Durante la etapa de instrucción, directamente se impide el acceso a la información. Luego, durante los juicios, muchas veces los debates orales duran años y las sentencias acumulan miles de páginas. Por su parte, el Centro de Información Judicial se maneja con un criterio altamente discrecional sobre qué difunde y qué no.

Actualmente, en materia de reforma de la justicia penal, los medios de comunicación centran su atención principalmente en el Anteproyecto de Código Penal. Sin embargo, si deseamos reducir la impunidad de la criminalidad económica –y la delincuencia organizada en general–, la modificación del Código Procesal Penal de la Nación resulta fundamental. El día a día evidencia cada vez más la necesidad de pasar a un sistema acusatorio: esto es, reorganizar el Ministerio Público Fiscal, desformalizar las investigaciones, establecer la oralidad de todas las instancias, eliminar los procesos escritos y secretos, y demás cambios en este sentido. Este debe ser el año en el cual el Congreso finalmente sancione la reforma procesal penal, porque los mercados criminales se desarrollan a un ritmo mucho mayor que los debates parlamentarios.

El autor es Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). www.cipce.org.ar

Fuente imagen: lr21.com.uy

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