Cuando tenía siete años, una patota militar entró a su casa y los secuestró a él y a su mamá. Fue en 1979. Sus padres fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo y estuvieron presos cinco años. Los persiguieron por ser militantes de la Tendencia Revolucionaria Peronista. Pablo Salinas nunca pudo entender por qué sus padres ni sus compañeros desaparecidos pudieron tener abogados y gozar de un juicio. Por eso le despertó el deseo de estudiar Abogacía. Y después, ser parte querellante en los juicios de lesa humanidad. En San Luis y en Mendoza, donde nació y se formó. Escribió el libro La aplicación de la tortura en la República Argentina, con prólogo del juez Raúl Zaffaroni. A sus 41 años, Salinas integra el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y tiene la convicción de que es necesaria una profunda reforma en el poder judicial.
-¿Cómo es su mirada de la justicia mendocina hoy?
-La justicia de Mendoza está en un proceso de renovación. No hay concurso, se nombran jueces por acuerdos políticos, salvo honrosas excepciones. Está el brillante juez Omar Palermo, que cuando fue fiscal sentó jurisprudencia en el país, porque después de su acusación 636-F se empezó a acusar en todo el país a los jueces y fiscales cómplices. Pero la gran mayoría de los miembros del Poder Judicial siguen siendo los mismos representantes de los sectores oligárquicos que han estado gobernando la Argentina hasta 2003.
-¿Cómo se conformaba el Poder Judicial en Mendoza antes de 2003?
-Teníamos el gran problema que todos los jueces que estaban eran los mismos que habían ejercido en la dictadura. La cámara federal de Mendoza era la cámara de la dictadura, porque habían cambiado dos o tres jueces, pero el resto continuaba de la dictadura y le daban cobertura a la impunidad. El juez Otilio Romano era el jefe de la justicia federal. Hicimos denuncias y logramos destituirlo en 2010, no en 2005 cuando fue sancionada la nulidad de las leyes con el fallo Simón. Nosotros en Mendoza venimos atrasados cinco años en el juzgamiento de los represores porque los jueces cómplices impedían que llegáramos a juicio, que condenáramos a los responsables.
-¿Cuál fue el rol de los organismos de derechos humanos en relación con esa búsqueda de justicia?
– Los organismos de Mendoza vienen de una lucha de muchísimos años, con una particularidad: no hay divisiones en los organismos de Mendoza, están todos unidos. Es algo increíble, porque siempre hay internas, rencillas. Somos la única provincia donde nos hemos mantenido unidos, quizás por esto de que era la provincia en que mejor estaban los represores.
-¿Por qué Mendoza es una de las provincias con mayor cantidad de represores prófugos?
-Por el alto poder económico de estos jueces cómplices y de estos militares. Son represores de cuello blanco, con mucho dinero y recursos para mantenerse prófugos. Tenemos a todo el destacamento D2 de Inteligencia de Mendoza prófugo, igual que la patota federal. Para poder enfrentarlos, todos los organismos se tuvieron que unir. Las Madres, las Abuelas, los Hijos, los ex presos políticos y el MEDH.
-Uno de los fallos más importantes en Mendoza en materia de lesa humanidad tuvo que ver con tipificar los delitos sexuales en centros clandestinos.
-Obtuvimos un fallo donde se catalogó especial al delito sexual, no como si hubiera sido parte de la tortura. Antes pasaba que si el compañero o compañera que fue atacado sexualmente no podía reconocer a su victimario, no se impulsaba la causa. Acá en Mendoza se imputó por violación a Luciano Benjamín Menéndez, a toda la cúpula militar por haber llevado adelante un plan que permitía que en los centros clandestinos se violara y se atacara sexualmente como una política sistemática. Ahora, se están procesando en otras provincias, no solo a los atacantes sino a los superiores también.
-¿Cómo es la relación entre los organismos de derechos humanos y las FF.AA?
-Nosotros creemos que se debe dar un proceso similar al de Venezuela: abrir las fuerzas armadas a la sociedad. Los integrantes de las fuerzas armadas estudiaron las materias comunes en las universidades públicas y las propias de su carrera en los cuarteles. Si esto se hiciera en las fuerzas armadas argentinas, los estudiantes de cualquier universidad serían compañeros de militares y los militares saldrían de ese termo donde viven hoy.
-Respecto a las cúpulas militares, ¿cree que es necesario un cambio?
– Se debe realizar un cambio generacional, creo que hay que pasar a retiro a una generación más de oficiales superiores para garantizar que los jefes de las fuerzas armadas sean miembros de la generación siguiente, que es la que no participó de ninguna manera en la represión.
-¿Cuál es su lectura política sobre la reforma judicial?
-Mi ponencia es que el Poder Judicial está desprestigiado, deslegitimado y está alejado de la realidad. La manera de que se legitime es cumpliendo la Constitución Nacional y teniendo juicios por jurado. Como abogado prefiero hablarle a doce jurados y no a tres jueces técnicos que hablan en jerigonza, que hacen sentencias fundadas en juristas alemanes que no tienen idea del barrio San Martín de Mendoza.
– La Presidenta propuso la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, que son los que eligen a los jueces.
-Yo voy más allá: por qué no puede elegir la misma ciudadanía a los jueces, a los fiscales. ¿Esto sucede en un país comunista, rojo, que se come a los niños? No, esto sucede en Estados Unidos. ¿Por qué algunos sectores elogian el modelo norteamericano cuando protege a sus intereses corporativos y no lo elogian cuando permite la participación popular en la administración de justicia? Los sectores oligárquicos argentinos han tenido una mirada sesgada, europeísta y no dentro de la propia realidad de los argentinos. Creo que hay que abrirse, incluso hay garantías que en un momento se establecieron para garantizar la función de la justicia -de 1816 para acá, inamovilidad de los jueces, intangibilidad de sus salarios-, que no se hicieron para proteger al juez, sino para proteger a la ciudadanía para que un juez no pueda ser afectado ni se vea perjudicada la función judicial.
-¿Y le parece que hoy esos privilegios carecen de sentido?
-Lo vimos cuando Romano se fugó a Chile, que utilizó todas esas funciones que se habían establecido para garantizar la administración de la justicia. Las usó en beneficio propio para mantener inmunidad y que no lo detuvieran. Todos esos beneficios deben ser abolidos y debemos darle participación popular dentro del Poder Judicial. De esa manera se va a legitimar el Poder Judicial y va a retomar su rol como un poder democrático del Estado y no lo que es hoy, un poder feudal.
