El problema no pasa por quién persigue al narcotraficante sino por las políticas a aplicar en ese sentido. Si hubiera un sistema aceitado en la Justicia federal este debate no existiría. Pero la discusión sobre la desfederalización de los delitos de narcomenudeo abre una puerta para que se aborde desde las provincias. Ante la falta de estructura suficiente en la Justicia y la policía federal queda claro que alguien tiene que hacer algo. Desde el punto de vista constitucional creo que la problemática de la droga tiene que ser de competencia provincial». El fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, se mostró favorable a que Santa Fe adhiera a la ley nacional que desde 2005 habilita la intervención de los poderes judiciales provinciales en los delitos menores de narcotráfico. Sin embargo, consideró que este no es el momento adecuado para ello, ya que primero se tiene que poner en práctica el nuevo sistema de persecución penal en la provincia. «Sería un problema implementar esto antes».
En 2005 se sancionó una ley nacional por la cual los delitos de narcomenudeo pueden ser investigados por la Justicia provincial en los Estados que adhirieran a la norma. El gobierno bonaerense, uno de los impulsores, la aplicó de inmediato. En Córdoba se hizo hace nueve meses. Entre Ríos adhirió en 2007 con la salvedad de que lo pondría en práctica cuando la Nación le transfiriera los fondos previstos a tal fin, lo que no pasó.
La desfederalización del narcomenudeo genera una controversia que hasta ahora no pudo superarse. Sus objetores, además de exhibir como negativos los resultados obtenidos en la provincia de Buenos Aires, consideran que la modalidad fomenta la persecución de consumidores y pequeños dealers e impide llegar a las cabezas de las grandes redes. También alegan problemas de competencia entre jurisdicciones que complicarían las investigaciones.
A favor se argumenta una capacidad de respuesta mayor a la problemática, especialmente en las localidades más pequeñas a las que la acotada estructura de la Justicia y de la policía federal no suele llegar.
En Santa Fe la discusión sobre la adhesión a esta ley es más nueva. El año pasado el diputado provincial justicialista Darío Mascioli presentó un proyecto en tal sentido en la Legislatura santafesina. Desde el gobierno santafesino, el ministro de Justicia Juan Lewis y el de Seguridad, Raúl Lamberto, han expresado sus reservas contra lo que consideran una herramienta equivocada.
Sin reproches. Si bien admitió que en un principio la idea no lo convencía, últimamente el fiscal regional Baclini se ha manifestado a favor de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo. «Tenía reparos desde lo técnico para esto. En una lectura ligera me parecía, desde lo teórico, que podía traer más problemas que soluciones, por la fragmentación de la investigación que perjudicaría mucho la posibilidad de llegar al narcotraficante más grande», comentó en diálogo con LaCapital.
«Sin embargo —añadió— en los ultimos tiempos una serie de cuestiones que me llevó a analizar profundamente las objeciones a esta idea. Lo cierto es que no se emprenden muchas investigaciones contra el narcotráfico y la gran mayoría de las que se hacen son de la policía provincial. Y los reproches a la desfederalización, ya sea por la corruptela policial o por formalidades, son por cosas que ya existen. Los problemas de competencia ya existen respecto de otros delitos y nadie dice nada. Pero en Córdoba se fijó un criterio con pautas sobre la competencia sobre el narcotráfico y desde que empezaron a trabajar en esto no tuvieron ningún problema. Se dice que la lógica de la ley de adhesión potenció el tráfico y las cocinas en la provincia de Buenos Aires, pero lo mismo ocurrió en Santa Fe a pesar de que no se adhirió».
Baclini desestimó la crítica sobre la «supuesta selectividad de la persecución penal» por la cual se infiere que la desfederalización del narcomenudeo tiende a caer sobre el consumidor. «No es así, porque lo que criminaliza al consumidor es la ley madre (por la ley nacional Nº 23.737, conocida como ley de estupefacientes), que con el fallo Arriola (un dictamen de la Corte Suprema de la Nación que en 2009 fijó la despenalización parcial del consumo) establece un límite para ello».
Al respecto, Baclini sostuvo que con el nuevo sistema de persecución penal en la provincia «los fiscales podrán fijar políticas, por ejemplo, para no apuntar al consumidor pero sí a la venta en los quiosquitos».
No es menor. En este contexto remarcó que el comercio de drogas en quioscos o búnkers no es una cuestión menor, más allá de que se trate de unidades de venta minoristas. «Muchos dicen que si se cierra un quiosquito al día siguiente se abren tres más, por la cuestión social que hay detrás de eso. También es cierto que en la ciudad hay un montón de arrebatos callejeros cometidos por personas que sufren la exclusión social, pero ¿no hay que perseguir esos delitos?».
—¿La actividad del quiosco aparece minimizada cuando se habla de grandes traficantes?
—Para mí sí, se está naturalizando. Pero en realidad si ve mira desde el punto de vista del mercado, el quiosco es la boca de venta de una gran fábrica y si uno cierra los quiosquitos esa empresa se verá resentida.
—Más allá del movimiento económico, la proliferación de búnkers de droga en los barrios trae aparejada varias cuestiones simbólicas que estallan, por ejemplo, cuando los vecinos los demuelen.
—La percepción general de la sociedad sobre los quioscos es que el sistema es permisivo a esto, que no hay ley ni norma, y que rige la impunidad. Sería como permitir los arrebatos.
En común. Si bien el fiscal no quiso «entrar en polémicas personales» manifestó no comprender por qué el Ministerio de Seguridad de la provincia se opone a la desfederalización cuando «la mayor parte de los procedimientos contra el narcotráfico son por narcomenudeo y los hace la policía provincial».
«Si se adhiere a la ley habrá que delimitar las competencias de cada jurisdicción y fijar un estandar común en la persecución. Las fiscalías no tendrían por qué pelearse», señaló el fiscal.
—¿Hay muchos celos entre la Justicia federal y la provincial?
—Siempre hubo distanciamiento, pero cuando los conflictos no tienen tanta trascendencia pública no se nota.
—¿Esta coyuntura política profundiza esas diferencias?
—Desde el punto de vista judicial no debería haber diferencias políticas, no debería trabarse una investigación por eso.
Sólo dentro del nuevo sistema
Baclini enfatizó que la desfederalización del narcomenudeo en Santa Fe sería una herramienta válida contra el tráfico de drogas sólo una vez que se ponga en marcha el nuevo sistema procesal penal. “Una vez asentado el nuevo modelo, con 144 fiscales y fiscalías regionales facultadas a dictar políticas de persecución penal, se podría avanzar en un plazo de dos años en la adhesión a esa ley. Pero el nuevo sistema requiere empezar de cero en muchísimas cosas, desde la forma de tomarle declaración a un testigo hasta la audiencias de los juicios orales, así que adherir a esta ley ahora agravaría el problema”, advirtió.
