A esta altura ya casi nadie discute la conveniencia de que el sistema penal sea acusatorio, un modelo en el que investigan los fiscales, considerado en todo el mundo más eficaz, rápido y respetuoso de los derechos de las personas que aquel donde mandan sólo los jueces. Esa base está desde que se aprobó el año pasado el nuevo Código Procesal Penal. Pero todavía falta –y es lo que viene ahora– una etapa compleja, que no se salva de la discusión política: la de transformar toda la estructura judicial actual para poner en marcha ese nuevo régimen. Eso requiere otras leyes. Por eso cinco senadores del Frente para la Victoria presentaron la semana pasada los primeros proyectos para aplicar el Código desde septiembre, en forma progresiva, empezando por un sector de la Justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, que concentra los delitos comunes como robos, hurtos, estafas y también homicidios. La oposición ya polemiza con ese y otros puntos. Anuncia proyectos alternativos, entre ellos los que quieren limitar decisiones de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. El oficialismo muestra predisposición a retocar sus textos.

La comisión bicameral que va a monitorear la implementación del Código se reunirá hoy por segunda vez. Convocará a especialistas para amplificar el debate sobre las leyes que faltan. Es casi seguro que –a propuesta de su titular, Rodolfo Urtubey (Frente para la Victoria)–, las primeras convocadas sean la procuradora Gils Carbó y Stella Maris Martínez, titular de la Defensoría General de la Nación. La procuración será clave por el protagonismo que adquieren los fiscales y porque tendrá facultades de modificar su organización acorde al nuevo Código. La bicameral no emitirá un dictamen pero podrá hacer sugerencias y sus integrantes presentar proyectos, que pasarán a las comisiones de Justicia.

Con el sistema que todavía sigue vigente, tanto las víctimas que sufren un delito como sus posibles autores están a merced del ritmo que le quieran imprimir los jueces a la investigación. Los delitos más nimios –como el robo de una lata de una góndola del supermercado– pueden estar cuatro o cinco años en juicio. En otros más complejos, como los económicos, la parsimonia judicial se puede transformar en impunidad o factor extorsivo.

El Código Procesal promete cambiar esa lógica una vez que logre entrar en vigencia. Además de los fiscales, las víctimas también tendrán posibilidades de impulsar causas. Los jueces serán garantes. Una investigación preliminar no podrá durar más de un año ni una causa entera más de tres; las apelaciones tendrán tiempos estipulados; habrá métodos de resolución alternativa de casos y una depuración de qué es lo que se judicializa. Hacen falta cambios de funciones, nuevas dependencias, recursos y la incorporación de una modalidad de trabajo sin papeles, con audiencias orales. Para esto son las leyes de implementación, que ya generan algunas resistencias en el mundo judicial. Los primeros proyectos fueron presentados por los oficialistas Urtubey, Sigrid Kunath, Pedro Guastavino, Marcelo Fuentes y Pablo González.

Tiempos y lugares

La propuesta es que el Código empiece en la Ciudad de Buenos Aires, pero sólo por una circunscripción de cuatro en las que será dividida. La primera abarcaría Retiro, Recoleta y Puerto Madero. El 1º de septiembre se fija como fecha inaugural, una de las cuestiones que el oficialismo se niega negociar por ahora. El plazo máximo hasta cubrir toda la Capital es el 1º de julio del año próximo. Abarcará a la Justicia nacional, que se ocupa de los delitos comunes. Pero todavía no se sabe cuándo se implementará en la Justicia federal: es la que se ocupa de delitos de corrupción, narcotráfico, trata y derechos humanos, y la que tuvo la reacción más virulenta contra la reforma procesal, activando medidas judiciales contra el Gobierno.

“Parece que ahora los jueces federales, que no quieren que les saquen el poder de investigar, negocian con el Gobierno. ¿Por qué no empiezan a aplicar el Código Procesal por ese fuero, que tiene casos tan importantes?”, discute el senador radical Mario Cimadevilla. En su mismo partido, Manuel Garrido dice que “tiene lógica empezar por los tribunales que tienen menos poder y ejercen menos resistencia. Además, está bien, es donde hay más presos. Siempre que hay un cambio hay resistencia”. Lo que le parece incongruente es empezar la reforma en la Justicia nacional ordinaria porteña “cuando está pendiente traspasar la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”.

Urtubey dice que recibió la queja de jueces y secretarios que advierten los riesgos en aplicar el Código en etapas, empezando por un solo sector de la ciudad, porque tanto imputados como víctimas podrían pedir tener acceso a las mismas herramientas legales, y en el caso de los primeros, a la ley más benigna (el nuevo Código, por ejemplo, ofrece soluciones alternativas al juicio penal). “Me parece un argumento válido. Podría haber infinidad de planteos por eso. La salida es buscar que se implemente como primer paso en toda la Capital a la vez, si es factible para el Ministerio Público”, admite Urtubey.

La decisión de empezar por la Justicia común tiene una explicación para los expertos del oficialismo que colaboraron con los proyectos: la Justicia nacional tiene casi el doble de causas que la federal; se ocupan de delitos que afectan al común de la gente; la Justicia nacional se ha mostrado permeable a instalar la oralidad de los procesos a través de la Cámara del Crimen, que ya la aplica. Ahora también la asumió la nueva Cámara de Casación Penal. “La Justicia ordinaria es la que afecta a más personas que reclaman respuestas más rápidas de la Justicia”, defiende la diputada Anabel Fernández Sagasti (FpV).

El desembarco del nuevo Código en el fuero federal no tiene fecha y será decisión de una “comisión de implementación” cuyos miembros durarán seis años, prorrogables otros tanto, y serán “inamovibles”. Serán nueve representantes: de la Corte, del Consejo de la Magistratura, de la Cámara de Senadores, de la de Diputados, de la Cámara de Casación Penal Federal, de la Casación Nacional, de la Procuración General, de la Defensoría General y del Poder Ejecutivo. “El oficialismo quiere capturar ese organismo, nombrar a sus miembros inamovibles antes de septiembre e influir en la Justicia. Si un diputado termina su mandato, no es posible que siga igual en la comisión”, despotrica Patricia Bullrich (Unión PRO). En el oficialismo alegan que la inamovilidad de la comisión es una forma de garantizar la aplicación del Código a largo plazo. La diputada anunció que va a presentar sus propios proyectos: “La representación de los miembros de la comisión debe ser institucional, no individual ni inamovible; y lo que debe ser progresivo no es la instalación del Código, sino de las estructuras”.

Fiscales y judiciales

Los fiscales, con el diseño propuesto por el FpV, ya no estarán repartidos a razón de uno por juzgado. Existirán fiscalías de distrito que convergen en unidades fiscales con tareas específicas: una atenderá al público y las víctimas; otra evaluará y distribuirá los casos; otra tratará soluciones alternativas al juicio penal; otra será la unidad de investigación, habrá de juicio, de impugnación y de ejecución. La creación de una figura de fiscal coordinador de distrito, que dura dos años, y de fiscales auxiliares, designados por el titular de la procuración, más la apertura de cargos de asistentes fiscales, generan también críticas. “Nos oponemos a todo nombramiento sin concurso”, enfatiza Garrido. Según el proyecto del oficialismo, es un diseño que busca eficacia. Fernández Sagasti dice que insistirá en extender el ingreso democrático (por concurso) a todo.

Como es imaginable, al concentrar la actividad las fiscalías, los juzgados actuales y los tribunales orales tendrán mucho menos trabajo. Además, como los jueces deberán estar presentes en las audiencias orales, tendrán que asumir más tareas y delegar menos. No manejarán ellos mismos sus agendas, sino que lo harán las oficinas de gestión judicial, que irán organizando audiencias y juicios. Una consecuencia de este reacomodamiento es la preocupación de los empleados de juzgados sobre su destino, fogoneados en algunos casos por la queja de algunos jueces –unos cuantos nucleados en la Asociación de Magistrados–, que preferirían quedarse en el sistema de siempre, y por la Unión de Empleados que lidera Julio Piumato.

El proyecto de ley prevé distintos caminos: “Habrá una opción de traspaso voluntario de personal a las oficinas judiciales de gestión y se harán convenios con el Ministerio Público para facilitar traspasos a las fiscalías”, dijo Fernández Sagasti. Los jueces, durante la etapa de transición en que tramiten causas con el viejo y el nuevo sistema, conservarán a sus empleados y funcionarios. Las cámaras definirán qué dotación necesitan. Los empleados temen no poder aspirar, como lo hacían hasta ahora, a progresar en una carrera judicial a la vieja usanza. En el oficialismo, de todos modos, ya analizan la inclusión de una cláusula transitoria para que las oficinas de gestión se instalen en forma paulatina y, mientras tanto, distribuya las causas la Cámara de Crimen.

La propuesta que reforma el Ministerio Público incluye la creación de un consejo asesor con seis fiscales generales, establece su autarquía financiera y les da rango legal a las procuradurías especializadas en delitos complejos. A la vez crea una Procuraduría de Defensa de la Constitución y le da facultades transitorias a la procuradora para adecuar la organización. “Rechazamos toda facultad desequilibrada para el procurador”, advirtió Garrido. El presentará un proyecto con un mandato limitado a siete años con reelección para el procurador y controlado por un consejo de fiscales. Desde el FpV, González pide “dejar de lado la crítica personal hacia Gils Carbó, reconocer la independencia del Ministerio Público y pensar que estas leyes son para que permanezcan y mejore el sistema de Justicia”.

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