Ana María Fernández está presa con su hijo Bautista, de un año, desde el 21 de diciembre del año pasado cuando el Tribunal Oral Nº 24 la condenó a tres años y seis meses de arresto, por su mal desempeño en la Dirección General de Fiscalización y Control, durante la tragedia de Cromañón. Tanto el Tribunal como la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal le negaron el arresto domiciliario que se otorga en el caso de madres con hijos menores de cinco años (Ley 26.472) porque, como la implicada está casada con otra mujer, consideran que el menor puede ser atendido por cualquiera de ellas. Sin embargo, omitieron que la condenada es la madre biológica del bebé y quien, por ende, puede alimentar al niño. “Está siendo amamantado y es muy difícil desprenderlo de ella”, denunció Gabriela Aguad, esposa de Fernández. “El sistema jurídico, por alguna cuestión ideológica, mantiene a Bautista en el penal de Ezeiza y le está provocando un daño irreparable.”
En abril de este año, legisladores y representantes de organizaciones sociales presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario para que se haga un pronto tratamiento de la causa. A su vez, la Corte pidió a la Procuración General que se pronuncie sobre la solicitud. “Hicimos la petición porque tanto la madre como el bebé están siendo discriminados por constituir una familia homoparental”, adujo la abogada Nina Brugo.
Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, de la Cámara Federal, sostuvieron que “la decisión de mantener al bebé consigo es del resorte decisivo de su progenitora, habida cuenta de que su pareja no se encuentra impedida de hacerse cargo en la medida de sus posibilidades”. Alicia Romero, a cargo de las inspecciones del Comité contra la Tortura, enfatizó que “las cárceles no están preparadas para recibir a los niños, pero como la ley deja a criterio de los jueces el arresto domiciliario, prevalece la prisionización por sobre los derechos”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) señaló: “Obviar que Fernández es quien ha dado a luz al niño, quien lo amamanta, y suponer que su rol materno puede indistintamente ser cubierto por la denunciante, resulta un acto discriminatorio”.
La Ley de Ejecución Nacional (24.660) habilita a las madres a convivir con sus hijos dentro de la cárcel hasta que cumplan cuatro años. A su vez, la Ley 12.256 de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires establece que en los lugares donde se alojen madres con sus hijos debe formarse un consejo de pediatras, psicólogos, trabajadores sociales y docentes. “Pero no existen en ninguna unidad penal. Y tampoco ha intervenido sobre esta situación la Subsecretaría de Minoridad de la provincia”, reconoce el documento titulado Nacidos en el encierro, del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria.
Según Romero, los pabellones para madres tienen celdas individuales que en algunos casos se comparten con otras detenidas y cuentan con un baño sumamente precario y expuesto, sin pared divisoria con el ambiente de la celda. Además, “el acceso a la salud, la recreación y el contacto con sus familiares en el exterior es muy difícil, y tampoco acceden a la Asignación Universal por Hijo”, agregó Romero.
Las condiciones edilicias afectan la salud de los pequeños. “La humedad y el frío –advierte la investigación– son muy intensos por la inexistencia de calefacción, y los chicos sufren múltiples afecciones, en la mayoría de los casos en las vías respiratorias”. A pesar de ello, las consultas con los pediatras dentro de las unidades son esporádicas. Cuando los chiquitos se enferman y son llevados al Hospital de Niños no pueden ser acompañados por sus madres más que durante un par de horas diarias.
A las condiciones de hacinamiento general en los pabellones (varias unidades superan la capacidad de alojamiento, como la 33 y la 46), se suma que la dieta especial es insuficiente y de cumplimiento irregular.
Los niños comparten la pequeña celda con sus madres, sin otro reacondicionamiento que una cuna cuando son recién nacidos, y pasan en las celdas las mismas horas que sus madres. Y con ellas sufren lo que sucede en la cárcel: sólo en 2011, el Servicio Penitenciario Bonaerense informó a la Justicia provincial que se dieron 419 hechos de violencia, 103 en las cárceles provinciales. “En la unidad 33, hubo una represión muy grande cuando personal masculino de seguridad intervino con balas de goma y gas pimienta que afectó a las mamás y psicológicamente a los chicos”, comentó Romero.
“Siempre hemos recibido un buen trato de parte del Penal de Ezeiza, pero en el pabellón hay madres que no tienen dónde estar y por eso sus chiquitos están con ellas. No es nuestro caso”, acotó Aguad.
La desvinculación familiar de las mujeres detenidas les produce culpa por no poder hacerse cargo de sus hijos y por carecer de los recursos materiales para solventarlos. La angustia de ser malas madres por abandonar a sus hijos al entrar en la cárcel atraviesa su discurso. “La necesidad de pedir permiso para que les abran una reja da cuenta de que los niños padecen la misma prisión que sus mamás. Utilizan el lenguaje de la cárcel y cuando salen con sus familiares, lloran porque no quieren ingresar a la unidad”, concluyó Romero.

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