La democracia y el respeto por los derechos humanos atraviesan una crisis en el Viejo Continente que no encuentra antecedentes desde el final de la Guerra Fría. Ese fue el diagnóstico presentado por el Consejo de Europa en su último informe del mes pasado, donde señala además que la anexión rusa de la península de Crimea generó un punto de inestabilidad en la región. Página/12 conversó sobre este y otros temas con Paul Lemmens, juez de la Corte Europea de Derechos Humanos que visitó Buenos Aires esta semana, invitado por el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín para disertar sobre el rol y los desafíos que ese Tribunal Supremo tiene por delante en una Europa en transformación.

Lemmens se desempeña como magistrado de la Corte hace año y medio. Desde ese tiempo a esta parte, lo que más llamó su atención fueron los casos de violencia extrema en el este europeo; hechos que por lo general, señala, son perpetrados en estaciones de policía y centros de detención. “No estoy diciendo que ocurran todos los días, que estos actos de violencia sean endémicos o habituales –advierte el jurista belga–. Pero lo característico es que son continuados por una acción de encubrimiento para evitar que se establezca qué fue lo que ocurrió”, completa.

Consultado sobre esos casos, el juez recuerda el calvario que un grupo de presos vivió por demandar mejores condiciones de encierro. Con la orden del gobierno de sofocar la protesta, las autoridades penitenciarias convocaron a los líderes de la revuelta a un encuentro donde discutirían sus reclamos. Una vez que los referentes se reunieron en una habitación, los encargados de la prisión llamaron al ejército. Después de torturarlos, los militares trasladaron a los prisioneros a otro sitio donde oficiales de seguridad esperaban para continuar con el castigo. Allí fueron obligados a firmar una declaración: el texto establecía que, aunque habían sido golpeados y maltratados, los detenidos merecían ese tratamiento.

Quienes encabezaron la protesta fueron enviados más tarde a distintas prisiones. De esa forma, las autoridades daban por resuelto el problema y se aseguraban de que los presos no volvieran a hablar del asunto. Pero los detenidos, a medida que recuperaron la libertad, se asesoraron con abogados que reconstruyeron los hechos. Luego de ser debatido en la Justicia local sin que ningún funcionario terminara procesado, el caso fue tratado en la Corte Europea de Derechos Humanos. Finalmente, el gobierno negó las torturas. Este diario pregunta el nombre y la ubicación de la prisión. Lemmens ensaya una sonrisa nerviosa. Hace lo posible por no dar referencias de los acontecimientos. Finalmente, cuenta que las torturas sucedieron en una cárcel ucraniana, hace cinco o diez años.

–A propósito, ¿cómo analiza la actual situación en Ucrania?

–El conflicto que atraviesa este país no sólo se vincula con la violación de derechos humanos; se relaciona también con la soberanía de los Estados. Hay un elemento que sí tiene que ver con los derechos humanos y es cómo se trata a las minorías. El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, señaló recientemente que lo que ocurre en Ucrania refleja lo que pasa cuando no se protege a todas las personas, incluyendo las minorías.

–Además de la discriminación de esos sectores y las condiciones de detención en las cárceles, el Consejo europeo mostró su preocupación por los altos niveles de corrupción, el funcionamiento y organización del sistema judicial. ¿Cómo pueden atacarse esos problemas?

–Quizás estas cuestiones requieran una aproximación política. Son 47 los Estados miembro del Consejo de Europa y no todos tienen la misma posición. La Corte Europea no está involucrada en la resolución inmediata de los problemas. Por las características de su jurisdicción, estas cuestiones le llegan años después de que sucedieron los hechos. Antes hay que agotar las instancias internas en cada Estado. En la base del conflicto ucraniano hay una situación de tipo económico y, cuando esto pasa, las personas comienzan a reclamar.

–Entre otras acciones, usted participó del Panel Asesor de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Kosovo. ¿Cómo recuerda esa experiencia?

–En ese panel recibimos quejas contra Naciones Unidas por su intervención en Kosovo. Examinamos situaciones que tuvieron lugar entre 2006 y 2008.

–¿A quién iban dirigidas esas denuncias?

–Fueron presentadas contra la administración civil que desempeñaba Naciones Unidas. Durante esos años se recibieron quejas de personas que habían abandonado el país: las denuncias giraban en torno de la falta de respuesta por la desaparición de sus familiares durante la guerra, y al finalizar el conflicto, porque Naciones Unidas no logró llevar adelante investigaciones eficaces.

–¿Qué respuesta ensayó el Estado kosovar ante esas quejas?

–La semana pasada, el Parlamento de Kosovo adoptó una ley brindando su acuerdo para la creación de un Tribunal Internacional Penal, sobre responsabilidad individual, donde se juzguen estos crímenes. Luego debería ser implementado por la Unión Europea. En las opiniones del panel en el que participé aparecen consignados hechos que van a ser valiosos para este tribunal al momento de estudiar los casos.

–Tiempo atrás estuvo la posibilidad, mientras se discutía el juzgamiento de los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, de gestar un tribunal con esas características. Sin embargo, esa experiencia naufragó.

–Ese intento no fue exitoso porque los testigos que dieron testimonios valiosos fueron asesinados. La idea ahora es crear un tribunal con un buen sistema de protección de testigos para obtener información detallada. Los testigos no van a ser escuchados en Kosovo sino en otra jurisdicción, probablemente en La Haya.

–¿Qué otros desafíos en materia de derechos humanos avizora en Europa?

–La discriminación y el racismo son fenómenos crecientes y preocupantes en toda la región.

–¿Cuál es su análisis sobre el alcance de la Justicia universal en España?

–Bélgica tuvo una legislación que ampliaba la jurisdicción de una forma mayor que la existente en España. Con el tiempo fue abolida porque, a nivel político, daba la sensación de que podían juzgarse todos los crímenes de la humanidad. No puede irse demasiado lejos con la jurisdicción universal, sino que debe haber una vinculación clara entre los países involucrados.

–Los crímenes del franquismo no son investigados en España.

–La pregunta es en qué medida les concierne a otros Estados involucrarse en la investigación de los crímenes que ocurrieron en España. ¿A Bélgica le correspondería implicarse en la resolución de esos delitos?

–¿Usted qué opina?

–Sí hay un rol en la medida en que las víctimas estén involucradas con otro país, no por el mero hecho de que residan en otro país. Las víctimas pueden presentar sus denuncias ante el sistema europeo de derechos humanos en el sentido de que España no haya investigado crímenes, no necesariamente delitos de la época del franquismo, que en realidad preceden la adopción de la Convención Europea de Derechos Humanos.

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