La denuncia pública realizada por el Centro de Estudios “Nelson Mandela” respecto a la criminalización de enfermos mentales a partir de que eran alojados en la alcaidía de Resistencia, sorprendió a las autoridades gubernamentales y el propio ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini, que a través de radio Universidad reconoció que tomó conocimiento a partir de crónicas periodísticas y que en forma inmediata solicitó al director de servicios penitenciarios José Luis Benítez, un informe al respecto.

 

“Si son enfermos mentales no tienen nada que hacer en la Alcaidía. En principio no puedo negar ni afirmar, pero vamos a hacer la investigación al respecto”.

Más allá de esto analizó la situación carcelaria en la provincia dando cuenta que “dijimos muchísimas veces que la infraestructura del sistema carcelario en la provincia del Chaco es lamentable, por eso este gobierno hizo inversiones como en Sáenz Peña donde la mitad de la población privada de su libertad, ahora están en condiciones dignas. Ahora nos queda por solucionar el 50 por ciento restante”.

Nuevo pabellón

Detalló al respecto que en Resistencia se trabaja en un nuevo pabellón y se están refaccionando otros dos que quedaron libres luego de que esos internos fueran trasladados a las nuevas instalaciones de Sáenz Peña.
Pedrini explicó que “la idea con el ministro de Infraestructura (Omar) Judis es que ya se comience con al construcción de un pabellón que en un plazo de 4 y 6 meses debe estar habilitado para recibir a 100 reclusos. Una vez terminado se comenzaría de inmediato un segundo”.

El funcionario afirmó que “las situaciones edilicias tanto de Resistencia, Charata, Castelli y Villa Angela la verdad es que reflejan que hay un déficit infraestructura y desinversión histórica en la provincia que se está tratando de revertir. Ojalá pudiéramos para la finalización del mandato que haya condiciones dignas de detención, hasta el momento ya estamos con un 50 por ciento de condiciones acordes a la dignidad humana y con el nuevo pabellón estaríamos solucionando las condiciones de un 60 por ciento de la población carcelaria”.

“Ahora no solo hay muy malas condiciones edilicias que impiden la rehabilitación objetiva, sino que además de a los internos se afecta a trabajadores del servicio penitenciario que comparten ese hábitat insalubre”, apuntó.