La Cámara Nacional Electoral recibió un pedido para que declare inconstitucional sendos artículos de la Ley Electoral y del Código Penal que prohíben a los condenados privados de la libertad ejercer el derecho al voto. La Asociación Civil Pensamiento Penal (APP), una ONG estrechamente vinculada con la justicia y presidida por el juez penal de Necochea Mario Juliano, presentó un amicus curiae ante la Cámara apoyando el pedido de un recluso que pidió que se le permita ejercer el derecho al sufragio en las próximas elecciones nacionales pese a ser condenado.

Ese planteo fue rechazado en primera instancia, pero el reo apeló ante la Cámara y la decisión de ese tribunal de alzada aún no fue emitida. No obstante, la APP, en su carácter de amiga del tribunal (una figura creada para que quienes sin ser parte en un expediente puedan sugerir soluciones a los conflictos y aportar ideas en ese sentido), advirtió que «la privación del derecho electoral excluye del colectivo titular de la soberanía popular a cierta categoría de seres humanos que aunque han cometido una infracción penal- comparten los valores y aspiraciones del Pueblo al que siguen perteneciendo.

Ello deriva en que un derecho como el del voto se convierta en una universalidad no tan universal y una igualdad algo desigual. Siendo el único propósito convencionalmente legítimo de la pena la reforma y readaptación social de los condenados, debe demostrarse racionalmente por qué la privación del derecho a elegir a los representantes satisface aquel propósito.

La idea de que la privación del derecho a elegir está inspirada en un propósito resocializador es autocontradictoria, al pretender resocializar desocializando «, sostuvo el escrito. Para sostener que un penado no debe votar deberíamos poder explicar de modo racional cualesquiera de estos extremos: que existe una impostergable relación de imposibilidad entre el sufragio activo y el encierro de una persona, o bien que la suspensión de este derecho es una provechosa herramienta en la pedagogía de la vida en sociedad , añade el texto. El documento reclama a la Cámara Electoral que declare la inconstitucional de las normas que prohíben el derecho al sufragio de los ciudadanos condenados.

http://www.territoriodigital.com/nota3.aspx?c=4980918017942391