Hace casi una década empezaba esta historia: un fiscal bonaerense que intentaba investigar corrupción era congelado con una medida de la Procuración convalidada por una jueza platense. Ahora una Cámara revocó dicha represalia. El caso en la trama de la reforma judicial. Y la posibilidad de investigar a funcionarios que esquilman al Estado.

La acción transcurre en el Conurbano:

1: el 3 de mayo de 2005 llega un fax anónimo a la Fiscalía General del Departamento Judicial San Martín. El mensaje menciona a 12 personas que “integran los listados que están armando (los jueces) L., Q. y M. junto con funcionarios políticos de Tres de Febrero y Malvinas (Argentinas), con quienes se reúnen semanalmente para elegir los que serían ‘potables’ para el ‘Poder Político’, para que accedan a los cargos de jueces, fiscales y defensores”.

2: Fernando Domínguez, fiscal general adjunto de San Martín, quiere intervenir para dilucidar el caso.

3: los jueces aludidos (Lami, Quintana y Marinaro) lo denuncian.

4: la Procuración sanciona al fiscal.

(Contexto: mientras este fiscal y otros que desde 1998 ponían el ojo en lógicas de corrupción —política, judicial, penitenciaria y policial— son reducidos a atender delitos comunes y accidentes de tránsito, un intendente sale rápido de un escándalo de corrupción, y vuelve al ruedo).

5: el 27 de septiembre de 2012, la jueza en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial La Plata Ana Cristina Logar convalida la sanción al fiscal Domínguez (desestima su “pretensión anulatoria”). Era “muy peligroso” que un fiscal intentara investigar lo que decía “el libelo”. (Aparte, el fallo para descargar).

6: en mayo de 2013 la cámara en lo contencioso administrativo de La Plata revoca el fallo de primera instancia y anula la sanción.

Llamativamente, ninguno de los jueces denunció al fiscal por injurias. Lami había sido presidente de la Asociación de Magistrados de San Martín y representante del Colegio de Magistrados de Provincia en el Consejo de la Magistratura; Quintana era juez de Garantías en San Martín, y se decía que había favorecido a Jesús Cariglino en la causa en su contra, para obtener su cargo de camarista (que obtuvo); Marinaro defensor oficial, vinculado a la política del conurbano (Aldo Rico y Hugo Curto). El comentario frecuente es que a los funcionarios judiciales los hacían peregrinar por sus despachos y les decían: “A los muchachos no les importa que sepas derecho, lo que importa es otra cosa”.

“Los fundamentos son importantes en lo institucional”
Para enmarcar el sentido de este fallo más allá del caso, dialogamos con Fernando Domínguez:

—¿Cuál es la novedad?
—La novedad es que hace unos 20 días salió un fallo de la cámara en lo contencioso administrativo de La Plata que revoca la sentencia de primera instancia que había confirmado la sanción de la Procuración.

—¿En qué consiste esa sanción? ¿Qué es lo que te estaban “cobrando”?

—Lo que da origen a este expediente es que en un momento llega un anónimo a la fiscalía de cámaras de San Martín, cuando yo era fiscal general adjunto de San Martín. En ese anónimo se anunciaba que dos jueces de San Martín arreglaban las designaciones de jueces y fiscales juntamente con dirigentes políticos de la zona de San Martín. Yo hago conocer ese anónimo a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial y les pido una serie de medidas de índole disciplinaria si es que se comprobaba que eso era cierto; en todo caso lo que decía yo es que estaba poniendo en crisis el sistema de selección de magistrados. A raíz de esto, estos dos jueces me denunciaron en la Procuración y ésta ni tonta ni perezosa me sancionó.
No olvidemos que en ese momento en San Martín tramitaban varias causas importante desde el punto de vista institucional: estaba imputado el intendente de Malvinas Argentinas (Jesús Cariglino) y además desde la fiscalía de cámara se le había pedido el juicio político a un fiscal vinculado a la Procuradora, Falbo, de nombre (Luis) Armella, que hoy es juez federal.

—¿En qué se materializó esa sanción en tu carrera profesional?
—Era una sanción de las más leves que se le pueden imponer a un fiscal. Ahora, ciertamente en todos estos años yo he concursado en el ámbito federal para distintos cargos y cada vez que fue necesario pedir una certificación de servicios aparece en mi legajo personal esta sanción pese a que nunca estuvo firme. Y ahora fue revocada.

—¿Qué sentís ahora con este fallo de Cámara?

—Es interesante por varias razones. Los fundamentos del fallo de primera instancia como del de la cámara son importantes no sólo para mí sino desde el punto de vista institucional. La sanción era por una denuncia que yo había hecho en el ámbito de la Asociación de Magistrados contra dos asociados. Con lo cual prácticamente era una sanción casi casi mordaza, en el sentido de que nadie podía denunciar nada, nadie podía hablar siquiera, se prohibía básicamente según el fallo de la Procuración la libertad de expresión. Se cercenaba por lo menos. Y por otro lado en todos estos años se ha visto que hay una mirada hacia el sistema de selección de magistrados que ya en aquel momento yo denunciaba como por lo menos cuestionable en la provincia de Buenos Aires.

—Tiene bastante actualidad el tema

—Por cierto. Sobre todo a partir de esta propuesta de “democratización de la Justicia” que se ha hecho desde el Poder Ejecutivo nacional. Se vuelve la vista a los sistemas de selección de magistrados y ciertamente en la provincia de Buenos Aires, no ahora sino desde entonces, e incluso quien sabe antes de 2005 el sistema podía ser calificado de clientelar.

—¿Se investiga realmente la corrupción hoy en la provincia de Buenos Aires?

—Es complicado investigar la corrupción en la provincia de Buenos Aires, por varias razones. El sistema funciona por cooptación —a priori el sistema de selección de magistrados es clientelar, o sea que si algún funcionario quiere obtener algún cargo no tiene que hacer olas— o por represión: si se hacen olas, el sistema funciona por a través del régimen disciplinario, un sistema de sanciones como funcionó en este caso. Es en todo caso lo que le pasó al fiscal (Luis Manuel) Angelini, de San Isidro, hace poco, cuando terminó denunciando al fiscal de cámaras (N. de la R.: acusó a su superior, Julio Novo, de obstruir sus investigaciones para encubrir narcotráfico). Y por otro lado no hay respaldo institucional para investigar la corrupción a nivel de la Procuración general y las fiscalías generales.

Un mensaje y un caso testigo
Mientras a Domínguez le llevó 8 años que le dieran la razón y la sanción de 2005 aún lo complica laboralmente, Jesús Cariglino continúa en su cargo y en las redes sociales hasta fustiga los “altos niveles de corrupción que salpican al gobierno nacional”.
Domínguez es un caso testigo de la persecución ejercida en la Provincia sobre los fiscales que investigan a funcionarios. No sólo por la sanción disciplinaria ahora revocada dictada cuando quiso escrutar los mecanismos de selección de funcionarios judiciales.
Como fiscal general adjunto de San Martín, cooperó activamente con la fiscalía especializada de delitos complejos de ese departamento judicial, a cargo de Edgardo Ledesma, para investigar casos como: empresas fantasma creadas por el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, para hacer contrataciones; funcionarios ligados al negocio de la prostitución en San Miguel y corrupción penitenciaria.

Pero dicha fiscalía, organizada desde 1998 para bucear en el abecé de la corrupción (en sus patrones, en sus actores y modus operandi típicos) de una manera casi inédita en la Provincia, fue desactivada y reorganizada. Y sus funcionarios, investigados y castigados. Por ejemplo, a Ledesma le pidieron el juicio político y a Domínguez lo sancionaron y lo desplazaron a una fiscalía donde tramitan investigaciones comunes como accidentes de tránsito…

Cariglino sigue gobernando, los funcionarios y fiscales que lo favorecieron han ascendido y es prácticamente imposible investigar la corrupción, por la falta de respaldo y la sobra de vínculos judiciales-políticos.

Como señala el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su “Informe 2007 de DDHH en Argentina”, “estas reprimendas pueden ser entendidas por el resto de los fiscales como un mensaje para no investigar casos de corrupción política”.
Para ahondar en la trama (caso Domínguez, causa Cariglino y presiones sobre agentes judiciales bonaerenses en general), se recomienda dicho informe del CELS. Tiene un apartado específico sobre este caso emblemático de la “interferencia en las investigaciones penales”. También el libro de María O’ Donnell El aparato (2005).

Historias que son recetas
Cooperativas fantasma; círculos de funcionarios y amigos, en obra pública y prostíbulos; créditos truchos; denuncias cruzadas; y otros patrones de corrupción investigaba una fiscalía borroneada. Recuperamos algunos (útiles para investigadores) a partir de lo reconstruido por el Cels (párrafos textuales tomados de su informe 2007).

*La causa contra Jesús Cariglino. Se origina en la instrumentación del plan UGE (Unidad Generadora de Empleos) de la provincia, por el cual se financiaban obras de infraestructura (principalmente, pavimentado de calles) que serían realizadas por trabajadores desocupados del municipio. La provincia se haría cargo del 40% del monto de la obra, y el 60% lo debían pagar los vecinos del municipio con financiamiento del Banco Provincia. Malvinas Argentinas adhirió a este plan y tercerizó las obras con la cooperativa “2 de abril”, mediante dos operaciones. En la primera, la UGE (Provincia) se hizo cargo del 40% y del 60% restante ($520.000, aproximadamente), que recuperaría directamente del Provincia cuando los vecinos firmasen los créditos respectivos. El 100% del dinero fue girado a la cooperativa por Provincia y los pagos de los créditos de vecinos debían ir para Provincia. En la segunda operatoria, la UGE se hizo cargo del 40% y el 60% lo tomaron los vecinos con créditos que firmaban con el Banco Provincia, que giraba entonces el dinero al Municipio en cuanto se firmaban los créditos. De este modo, los créditos de los vecinos iban al municipio. Según los fiscales actuantes, la maniobra consistió en mezclar estas dos operaciones. La solicitud de los créditos de los vecinos de la primera operación (que el banco debía reintegrar a la Provincia) fue imputada en forma fraudulenta a la segunda operación de modo que el dinero de la Provincia terminó en el municipio. También fueron fraguados pedidos de créditos al Provincia de parte de vecinos mediante solicitudes del municipio con firmas falsas.

*La Cooperativa “2 de abril” fue creada por Cariglino unos meses antes de adherirse al plan UGE, y en los órganos directivos fueron designados sus familiares y amigos, y el secretario de gobierno municipal, Miguel Harari. La cooperativa realizaba los reintegros mediante cheques que cobraban allegados al intendente. El negociado salió a la luz porque la cooperativa contrató a la empresa constructora de Pascual Carlos Rombolá para pavimentar, pero no le pagó los certificados adeudados. Rombolá denunció en la fiscalía y comenzó la investigación, originariamente en manos de la fiscal Fabiana Ruiz, hasta que Luis María Chichizola —entonces fiscal general de San Martín— reasignó la causa a la fiscalía de delitos complejos a cargo de Ledesma. Este fiscal realizó una investigación exhaustiva que incluso llevó a prisión al intendente y al secretario de gobierno por unos días. También solicitó la elevación a juicio oral del proceso contra el intendente de San Miguel, Oscar Zilocchi, por una causa de corrupción referida a protección de prostíbulos involucrados en la trata de personas, cuando era secretario de gobierno de Aldo Rico.

*Tras dos años des contramarchas, la fiscalía de San Martín logró que la causa contra Cariglino y Harari se elevara a juicio. A fines de 2004, el juez Oscar Quintana dictó el sobreseimiento de los imputados. La Cámara de Apelaciones lo revocó. Y quedó en manos de la Cámara de Casación. Cariglino y Harari estuvieron cinco días detenidos con prisión preventiva en 2003. Obtuvieron la excarcelación extraordinaria luego de pagar una fianza de $500.000 Cariglino y $350.000 Harari.

*El intendente reaccionó impulsando dos medidas: promovió una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades que contemplaba fueros para intendentes y legisladores (para que no pudieran ser arrestados durante su mandato) pero no prosperó. Y denunció al fiscal Ledesma por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público, y al empresario Pascual Rombolá y su contador Carlos La Torre —denunciantes en la causa— por falso testimonio y adulteración de documentos públicos. Más allá de la típica estrategia de la denuncia cruzada, lo asombroso en este caso es que la causa judicial usada como contragolpe avanzó hasta la elevación a juicio y mantuvo unos días detenidos a los denunciantes. Y resulta particularmente llamativo el destino que tuvieron los jueces y fiscales a cargo de estos casos. Algunos han ascendido y otros han sido removidos o sancionados.

*La contradenuncia de Cariglino fue interpuesta un mes después de haber recobrado la libertad. El entonces procurador general de la provincia, Eduardo De la Cruz, resolvió que, como estaba denunciado un fiscal de San Martín, el caso debía ir a una jurisdicción distinta, derivándola al departamento judicial de Quilmes. Al recibir la denuncia, el fiscal de Quilmes, Luis Antonio Armella, inició la Investigación Penal Preparatoria (IPP) 200.487 y realizó una pesquisa paralela sobre las pruebas en trámite en la investigación que se llevaba a cabo en San Martín.
Cambet —que subrogaba el juzgado por la renuncia del juez Juan Carlos Sorondo— tenía un plazo de 30 días para decidir. Sin embargo, fue el nuevo juez del juzgado, Lucas Oyhanarte, quien elevó a juicio la causa en marzo de 2006.

*La detención de Cariglino alcanzó inmediata y profunda repercusión en el ámbito político provincial, sobre todo en el peronismo. El gobernador Felipe Solá la tildó de inconstitucional, el Consejo de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires también la rechazó, así como los intendentes Martín Sabbattela, Ricardo Ivoskus y Daniel Katz. Esta resolución fue duramente cuestionada en un dictamen del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) por no contar con los criterios de transparencia requeridos y no explicar por qué no se derivó a un departamento judicial lindante, como solía hacerse en casos similares.

http://www.argenpress.info/2013/05/perseguido-por-querer-investigar-anulan.html