Escondido en un estrecho pasaje, camuflado como una vivienda más en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, Cristo es Amor era uno de los más de cien centros de tratamiento de drogadictos que, según estimaciones del Ministerio de Salud, funcionan actualmente en la capital peruana sin permiso ni control de las autoridades sanitarias. El sábado pasado, un incendio se desató en su interior y causó la muerte por asfixia de 27 personas. Desde el 2002, no se producía en la capital peruana un incendio con tantas víctimas.

De acuerdo con la versión que maneja la policía, el fuego se desató en medio de una reyerta de internos, que quemaron colchones y luego no pudieron escapar, porque habían sido encerrados con llave desde el exterior. El fuego eventualmente alcanzó una bombona de gas y desató una intensa humareda que asfixió a las víctimas. Uno de los fallecidos es un pintor que se encontraba trabajando en un mural dentro del establecimiento.

Algunos testimonios de sobrevivientes, recogidos por los medios de comunicación peruanos, describen el interior del local como un sitio hacinado que no cumplía con las condiciones para un tratamiento digno. Todos los muertos se encontraban en la primera planta del establecimiento, donde se albergaba a los pacientes reincidentes y los casos considerados más difíciles. Los que estaban en el segundo piso pudieron salvarse saltando hacia la calle.

La tragedia ha puesto en evidencia las deficientes condiciones de la mayoría de estos centros de atención. Carmen Masías, jefa de Devida, la oficina antidrogas peruana, señala que el déficit de tratamiento es grave: en Perú no menos de 60.000 personas padecen alguna adicción, pero el Estado solo tiene 700 camas para atenderlos. Esto, refiere Masías, motiva la aparición de una oferta privada descontrolada, en la que nadie garantiza buenas condiciones para los internos. El ministerio de Salud señala que en Lima solo 32 establecimientos, de los más de 150 que se estima existen, trabaja con su autorización.

Cristo es Amor era uno de estos locales que trabajaba con adictos bajo el radar de las autoridades. De acuerdo con la municipalidad de San Juan de Lurigancho, el centro ya había sido clausurado en dos ocasiones y seguía funcionando sin permiso. Su fundador es un ex convicto y ex drogadicto, Édgar Raúl García Albornoz, que se hacía llamar Hermano Raúl. Parientes de los internos han contado que pagaban a partir de 40 soles semanales (unos 13 euros) por la atención. La cantidad es insignificante y parece impensable que con ella se pueda financiar un tratamiento, o incluso un alojamiento en condiciones dignas. Sin embargo, el negocio de García Albornoz parecía prosperar, pues ya llevaba cinco años funcionando y seguía recibiendo pacientes. Algunos familiares han denunciado que los internos eran maltratados y golpeados. Otros aseguran que era común que los encerraran durante varios días. «Era una guarida de la muerte», comentó la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Mientras continúan las investigaciones, la policía ya detuvo al Hermano Raúl, quien el domingo se presentó en la dirección de investigación criminal acompañado de sus abogados, para dar su testimonio. Las autoridades evalúan denunciarlo por homicidio doloso y exposición de personas al peligro. Uno de los fallecidos es Rául García López, su hijo.

«Mi hijo convivía allí con su pareja. Hasta 20 minutos antes de la tragedia Édgar estuvo con él, luego salió y dejó encerrados con candado a todos los internos», denunció Roxanna López, la madre y ex esposa del Hermano Raúl, según informa el diario La República.

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/30/actualidad/1327951385_356405.html