Organismos nacionales e internacionales pidieron a diputados de distintos bloques la creación de un comité provincial de prevención de la tortura. En la ocasión, Sylvia Diniz Dias, directora de la Oficina para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), solicitó que la creación del comité sea “un tema prioritario en la agenda de la provincia” y enmarcó su planteo en la muerte de Cristian Ibazeta en la U11 y otros casos de violencia contra personas detenidas en unidades carcelarias.
Dijo que el funcionamiento de un mecanismo de prevención contra la tortura será una herramienta valiosa para evitar que “esos hechos se repitan”. También señaló que ese mecanismo busca instalar los principios de transparencia y apertura en el sistema carcelario. Diniz Dias recordó que hay dos proyectos en la Legislatura para la creación del órgano. De la reunión participaron diputados del MPN, PJ, FG-MUN, Nuevo Neuquén, CC ARI y Libres del Sur.
La creación del comité, explicó Diniz Dias, se desprende de la adhesión de Argentina al tratado internacional que establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. Entre los requisitos mínimos que debe reunir el mecanismo, hizo hincapié en la independencia funcional del comité, la existencia de un marco normativo, la selección de sus integrantes mediante un proceso público y transparente, la dotación de recursos económicos y humanos por parte del Estado, la transparencia y el libre acceso a las unidades carcelarias. También enfatizó en la importancia de generar un proceso de diálogo con las autoridades del Estado.
El procurador penitenciario nacional, Francisco Mugnolo, dio cuenta de que en Argentina se practica la tortura y dijo que “es incompatible con la democracia”. Advirtió sobre la gravedad de las consecuencias físicas y psíquicas que genera la tortura en las personas y afirmó que si bien la ley no va a terminar con los malos tratos en las cárceles, permitirá “quebrar una culturización de la tortura”. Hizo eje en la importancia de generar un espacio de participación civil y en ese sentido, sostuvo que “la cárcel no se abre de adentro para afuera, sino de afuera para adentro”.
En tanto, el director del Mecanismo Nacional de Prevención de Costa Rica, Roger Víquez, relató la experiencia del proyecto que funciona desde 2009 en ese país y remarcó como fundamental la independencia de criterio y funcionalidad del comité. “Mientras más ojos haya mirando, más transparencia”, apuntó.
Desde la Asociación Pensamiento Penal (APP), Nicolás Vargas, también subrayó como fundamental la independencia del comité y calificó la situación carcelaria provincial como “bastante grave”. Sobre ese punto, explicó que la APP hizo un relevamiento en distintas unidades carcelarias en el que se encontraron colchones no ignífugos, pulgas, ratas y falta de enfermeros y atención psicológica. También mencionó condiciones de hacinamiento en la U11.
Por Zainuco, Santiago Navaes, señaló que la creación de juzgados de ejecución penal es importante pero no reemplaza al comité de prevención contra la tortura. “Son funciones distintas. Es mucho más apremiante la creación del comité”, opinó. En su intervención, se refirió a grupos policiales que tienen espacios de gobierno y arbitrariedad en las cárceles, y recordó que a Ibazeta lo asesinaron una noche en la que estaban de guardia agentes implicados en un caso de tortura en el que el propio Ibazeta era testigo.
Desde el oficialismo, José Russo, acordó en que el mecanismo “tiene que ser una solución para beneficiar a la gente” y dijo que será necesario “arribar a un buen diagnóstico” porque sin ese elemento, “no hay buena terapia”. En tanto, Gabriel Romero (Nuevo Neuquén) resaltó el acuerdo entre los distintos bloques para poner en marcha los jueces de ejecución penal a corto plazo, la finalización de las requisas vejatorias e inhumanas a familiares de los detenidos, visitas de los legisladores a las unidades carcelarias de la provincia, y el comienzo de la discusión del proyecto.
A su turno, Jesús Escobar (Libres del Sur) consideró que la reunión refleja que “estamos bien encaminados a que Neuquén tenga su comité de prevención contra la tortura” y aseguró que el objetivo “no es que alguien pague el costo político” sino mejorar las condiciones de las personas detenidas. Beatriz Kreitman (CC ARI) también coincidió en lo imprescindible de “trabajara en esta ley de forma urgente”.
También estuvieron presentes en la reunión los diputados Pablo Todero (PJ) y Rodolfo Canini (FG MUN).
