Las legisladoras indican que la misma tiene por objeto aportar alternativas válidas para lograr una real inserción de aquellas personas que tienen o han tenido conflictos con la ley penal y además agregan que «el seguimiento, la atención y el acompañamiento de estas personas debe ser una política de Estado».
Las autoras del proyecto indican que «hasta no hace mucho tiempo se dejaba en manos de ONGs que hacían este trabajo de manera voluntaria pensando justamente en la integración y el seguimiento de estas personas. Esta modalidad es justamente la que ha tenido la provincia de La Pampa que con la sanción, en el año 1974, de la Ley Nº 513 se le otorgaba esta competencia a la Asociación Civil Patronato de Liberados».
Apuntan al respecto que «en la actualidad, creemos que resulta necesaria una nueva visión del tema y este Proyecto de Ley tiende a lograr una socialización plena a través de un seguimiento exhaustivo de quiénes han tenido conflicto con la Ley Penal».
Hacen referencia a los fines fundamentales del Ente que se propone, los cuales van «en un todo de acuerdo al Ante-Proyecto presentado en el año 2010 por la Asociación Civil que mencionaba justamente como objetivo primordial de esta Institución «Contribuir a la disminución de la criminalidad y reincidencia, en base a procurar una mejor inserción social, asistencia material y readaptación de los condenados, liberados y aprobados atendiendo a la personalidad y necesidades de cada caso. (Artículo 2, inciso 2 del anteproyecto de la Dirección de Control, Seguimiento y Asistencia de personas en conflicto con la Ley Penal)».
Las diputadas del bloque oficialista expresan que el proyecto de Ley presentado en la Legislatura abre un amplio abanico de posibilidades a tal fin e incluso indican que «el trabajo intergubernamental, interdisciplinario y con entidades extra gubernamentales es insustituible si se quiere abordar la problemática que aqueja a este sector de la población».
«Por otro lado –manifiestan– el funcionamiento de los equipos técnicos interdisciplinarios es también imprescindible para un abordaje integral y efectivo de una temática tan compleja».
Finalmente las diputadas Alonso, Baudino y Lavín expresan en el proyecto, que fue acompañado por legisladores de su bloque, que «la creación del Ente de Políticas Socializadoras es una propuesta superadora ya que responsabiliza al Estado de las funciones que alguna vez delegó a la Asociación Civil. Al reemplazarse y darle entidad estatal tendrá más visibilidad y dispondrá de mayores recursos humanos y económicos».-

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