Esta lunes a la mañana se escucharon los alegatos en el juicio a la exdirectora provincial de Niñez y Adolescencia y al exsubdirector del Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes y de los Hogares de Menores.
Alicia Echeveste y Carlos San Miguel están siendo juzgados por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público porque no denunciaron abusos y maltratos detectados contra y entre los menores alojados en los establecimientos. Durante los alegatos, en la acusación también se solicitaron 6.000 pesos de multa.
Sin embargo, por tratarse de un delito correccional enfrentan una pena leve. El juicio lo realiza la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 4, Claudia Collado, y, en este caso, se aplica el viejo Código Procesal Penal de La Pampa.
Durante la primera audiencia, Echeveste y San Miguel no quisieron declarar. A lo largo del juicio declararon unos 32 testigos.
Los exfuncionarios están acusados de la figura penal que contempla el artículo 249 del Código Penal: “Será reprimido con multa de $ 750 a $ 12.500 e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.
La jueza que instruyó la causa, Laura Armagno, al dictar los procesamientos contra los exfuncionarios sostuvo que estaba comprobado que en el IPESA al menos un chico había sido abusado sexualmente y que en el Hogar de Mujeres había adolescentes que consumían alcohol y drogas. Además, en el expediente, se constataron presuntos maltratos de algunos operados hacia los jóvenes.
La investigación se inició en agosto de 2009 a partir de una denuncia pública que realizaron operadores del IPESA. Un anónimo que circuló por los medios especificaba los abusos y maltratos de los que eran víctimas niños y adolescentes. El fiscal Carlos Ordás actuó de oficio e inició una investigación que terminó con los procesamientos de los exfuncionarios.
Cuando la investigación avanzaba, Echeveste y San Miguel no quisieron presentar la renuncia. La por entonces ministra de Bienestar Social, María Cristina Regazzoli, los mantuvo en el cargo. Cuando Regazzoli renunció para asumir como diputada nacional, su reemplazante, Gustavo Fernández Mendía, obligó a los imputados a renunciar.
fuente http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=127387:solicitan-8-meses-de-inhabilitacion-para-echeveste-y-san-miguel&catid=71:destacadas&Itemid=3#.USPmKh3cmSo
