El comisario retirado Julio Giménez se encuentra dentro del Programa de Protección a testigos, luego de las amenazas que sufrió en relación a la querella por el asesinato de su padre, en el Departamento de Informaciones de la Policía cordobesa, conocido como D2.

El pasado 2 de enero, el mismo día que Frías asumió su cargo, Giménez presentó ante la Fiscalía Federal Nº 1 una denuncia por amenazas reiteradas contra el flamante jefe de la fuerza, a quien responsabilizó por el acoso del que fueron víctima él y su familia.

El 28 de diciembre, Giménez manejaba su auto, junto a su esposa y su hijo de nueve años, cuando dos motos policiales comenzaron a seguirlo. Uno de los motociclistas interceptó el auto y lo obligó a detenerse. El ex comisario bajó pero la moto arrancó y desapareció. «Esta es la gota que rebalsó el vaso, no pueden meterse con mi familia», manifestó Giménez.

Además de este hecho, Frías tiene antecedentes de mano dura: comandó la represión a la marcha de gremios estatales del año pasado, frente a Tribunales, por el ajuste del sistema jubilatorio, y defiende con fiereza la aplicación del Código de Faltas. A esto se suma el episodio denunciado este sábado por el Movimiento Evita, donde cinco oficiales de la Policía de Córdoba apuntaron con armas a tres jóvenes militantes de la JP Evita, dos de ellos menores de edad, y los agredieron y amenazaron con matarlos y desaparecerlos.

«La política de terror que viene impulsando el gobernador (José Manuel) De La Sota junto a su ministro (de Seguridad, Alejo) Paredes ha llegado al extremo de nombrar al frente de la Policía a alguien que está denunciado por amenazar a testigos de lesa humanidad», afirmó Ricardo Vissani, referente provincial del Movimiento Evita y director nacional de Agricultura Familiar. «Esta situación es inadmisible y no se condice con la decisión de un pueblo que ha decidido avanzar hacia el futuro con memoria, verdad y justicia para que nunca más tengamos que vivir en un estado de terror, miedo y exterminio», agregó Vissani. Por eso, exigió «la inmediata renuncia del jefe de la Policía y del ministro de Seguridad, así como una urgente reforma integral de la fuerza para construir una seguridad democrática y respetuosa de los Derechos Humanos».

En diálogo con este diario, Vissani señaló que en el gobierno de De la Sota «hay una profundización de la lógica represiva y el nombramiento del comisario Ramón Frías es parte de lo mismo». En ese sentido, afirmó: «El nuevo jefe de la Policía cumple aun más con la lógica de estigmatización a la militancia y la pobreza». Además, consideró que todos estos hechos se enmarcan en «una política generalizada de amedrentamiento sobre los sectores populares».

Vissani recordó que el próximo 19 de febrero se cumple un año de la desaparición forzada de Facundo Rivera Alegre. «Y el gobierno más que intentar esclarecer el hecho está tratando de decir que ha sido un ajuste de cuentas. (…) No podemos permitirnos otro Facundo, los cordobeses y cordobesas estamos cansados de tanta impunidad», finalizó. «

Memoria

Rivera Alegre

El 19 de febrero se cumplirá un año de su desaparición forzada. El hecho no se esclareció.

fuente http://tiempo.infonews.com/2013/02/04/argentina-95834-piden-la-renuncia-del-jefe-de-la-policia-de-cordoba.php