La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, opinó que la Corte Suprema de la Nación (CSN) debería reabrir una causa contra cuatro policías sospechados de haber golpeado hasta la muerte a un joven en la subcomisaría de Despeñaderos.
En caso de que la CSN coincida con lo planteado por Gils Carbó, que no es vinculante, el Tribunal Superior de Justicia sufriría el tercer revés consecutivo aplicado por la máxima autoridad judicial del país.
En marzo, la CSN falló en contra del criterio del TSJ en cuanto a la prisión preventiva y consideró que se debía revisar la habitual negativa a conceder la libertad hasta que las sentencias queden firmes. De esta manera, sentó un precedente histórico en lo que respecta a las prisiones preventivas.
En mayo, en tanto, la CSN hizo lugar a un dictamen favorable de Gils Carbó y ordenó que el expediente por la muerte del policía de Drogas Peligrosas Juan Antonio Alós pasara a la Justicia federal.
En la resolución, hubo gruesos reproches al fiscal provincial Emilio Drazile, que había concluido que este caso se había tratado de un suicidio.
Feriado controvertido
En esta nueva disputa judicial, se discute, en concreto, si un día feriado puede ser tomado como hábil o no para dimensionar los tiempos procesales.
Sucede que en octubre de 2010, la Cámara de Acusación de Córdoba confirmó lo resuelto por el Juzgado de Control Nº 4 y ratificó el sobreseimiento de cuatro policías que habían sido imputados por el fiscal de Alta Gracia, Drazile, por los supuestos delitos de “tortura seguida de muerte”, en el marco de la investigación por la muerte de Pablo Ariel Fernández (23).
El muchacho apareció muerto el 24 de noviembre de 2001 en la subcomisaría de Despeñaderos.
De acuerdo al relato de los policías en aquel año, el joven falleció ahorcado en el calabozo, luego de que fuera detenido por una falta en un boliche de Despeñaderos.
Sin embargo, la Justicia investigó si había sido sometido a una brutal golpiza. Los policías terminaron sobreseídos.
Ante el fallo de la Cámara de Acusación, la querella, a través del abogado Alejandro Zeverín, presentó el 11 de noviembre de 2010 un recurso de casación, que fue rechazado por el fiscal adjunto del Ministerio Público, José Gómez Demmel, quien entendió que un día antes había vencido el plazo hábil para poder presentarlo.
En ese entonces, el TSJ coincidió con el pensamiento de Gómez Demmel, por lo que Zeverín interpuso una nueva queja que llegó a la CSN.
En su interpretación, el fiscal adjunto indicó que “los términos son continuos y en ellos se computan los días feriados, salvo el receso de los Tribunales que disponga la ley o, en caso de fuerza mayor, el Tribunal Superior. Si el término venciere en día feriado o inhábil, se considerará prorrogado de derecho al día hábil siguiente”.
De esta manera, contabilizó como día “continuo” y válido para dimensionar los plazos, el 27 de octubre de 2010, que fue feriado nacional por la realización del Censo.
En síntesis: mientras Gómez Demmel y el TSJ entendieron que ese día debía ser computable, Zeverín aseguró que no lo era.
Reproches
En una resolución firmada el 25 de junio último, Gils Carbó opinó que correspondía “hacer lugar a la queja y revocar la sentencia apelada”.
Al darle la razón a la interpretación de Zeverín, la procuradora General de la Nación indicó que “con la decisión impugnada se privó a la interesada de la administración de justicia, haciendo prevalecer a los medios –las formas– sobre los fines –la sustancia–”.
“En el caso de marras, se encuentra lesionado el derecho de la víctima a obtener una eficaz tutela judicial. Los fundamentos del Supremo Tribunal de Justicia de Córdoba para rechazar el recurso intentado exhiben un injustificado ritualismo derivado de una interpretación restrictiva y errónea de las normas de forma”, reprochó Gils Carbó.
Ahora, la CSN tiene la última palabra. Recién entonces se sabrá si el TSJ sufre un tercer revés consecutivo o si en este caso recibe un guiño del máximo tribunal del país.
Reveses del TSJ ante la Corte
Prisión preventiva. A comienzos de marzo, la Corte Suprema de Justicia (CSN) le indicó al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) que se debía revisar la habitual negativa a conceder las excarcelaciones (o cese de prisión) hasta que el fallo quede firme. Esto provocó un vuelco histórico en la forma de proceder en este aspecto que tenía, hasta entonces, la Justicia cordobesa.
Alós. En mayo, la CSN ordenó que el expediente por la investigación por la muerte del policía de Drogas Peligrosas, Juan Antonio Alós, pasara al fuero federal, tal como lo había solicitado el fiscal federal Enrique Senestrari. Su par provincial, Emilio Drazile, se había negado a este pedido y concluyó que el caso se trató de un suicidio. En el fallo, la CSN criticó al fiscal provincial.
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