La fiscal Lucía Aráoz solicitó tres años de prisión para cinco policías de la ex Patrulla de Caminos procesados por extorsionar a un camionero al que, durante una inspección de rutina, le exigieron dinero para no armarle una causa judicial. Lo que sostenían los policías era que el número de motor del vehículo estaba adulterado, algo que el transportista sabía que era falso.
La responsable de la acusación pidió esa sanción penal para los policías Carlos Alejandro A., Victorino Cecilio C., Oscar Edmundo C. y Raúl Hernán P. Los uniformados están imputados del delito de coacciones agravadas en calidad de coautores. A su vez, para José Alfredo S. solicitó tres años y seis meses de cárcel a raíz de que había sido condenado en otro caso por falsedad ideológica a dos años de ejecución condicional por el entonces juez de Sentencia Nº2 Antonio Ramos.
La fiscal Aráoz también pidió la inhabilitación por tres años de todos los efectivos en cuestión para ejercer cargos públicos. Ahora el juez de Sentencia Nº6, Julio César García, deberá pronunciarse sobre la causa.
El incidente. Todo comenzó a la 0.30 del 30 de abril de 2009. A esa hora, Omar N. conducía un camión Dodge por el kilómetro 0 de la autopista Rosario-Santa Fe, frente al hipermercado Makro, cuando efectivos de la ex Patrulla de Caminos lo hicieron detener durante un control de rutina.
Ante la requisitoria de los agentes policiales, el camionero exhibió la tarjeta verde correspondiente al vehículo y abrió el capó para que lo inspeccionaran. Todo transcurrió con normalidad hasta que comenzaron a revisar la documentación del camión. En ese momento, los uniformados sostuvieron que había una anomalía. «Señor, el número de motor está adulterado», dijo uno de los policías ante la sorpresa de Omar N.
El conductor sostuvo que tenía toda la documentación del rodado en regla y que nunca antes había tenido problemas. Ante la insistencia del camionero de que no existía ninguna situación irregular, los agentes de la Patrulla convocaron a dos agentes de Sustracción de Automotores de la Unidad Regional II para que verificaran la presunta anomalía y un rato después esos efectivos arribaron al lugar y «corroboraron» lo sostenido por sus pares.
Vuelta atrás. «Señor, no hay vuelta atrás, está fraguado» (el número del motor), afirmó uno de los uniformados. Pero el conductor se mantuvo en su posición y un uniformado le propuso «arreglar» la situación por una suma de dinero no precisada. Un vocero judicial señaló que el camionero se negó a pagar la coima y que los policías, entonces, lo demoraron en el destacamento de la Patrulla ubicado en el lugar. El chofer pasó la noche en la dependencia policial y a las 8 del día siguiente le presentaron al comisario que estaba a cargo de la repartición policial.
En ese momento empezaron a correr las sugerencias para que arreglara. «Llamalo a tu viejo para que traiga la plata porque si no no te llevás más el camión de acá», escuchó de boca de uno de los uniformados.
Otra anomalía que obra contra los efectivos es que éstos recién comunicaron al juez de Instrucción Nº9, Javier Beltramone, la detención de Omar N. a las 8.50 del día siguiente, es decir nueve horas después de concretada.
Tras la notificación de los uniformados, el magistrado ordenó el secuestro del camión. También dispuso la excarcelación del chofer cuando ya había estado once horas retenido.
Dos días después, el chofer se presentó en el despacho del magistrado y le relató el incidente. Además, para demostrar que había sido víctima de una maniobra ilegal, exhibió toda la documentación del vehículo que tenía en regla.
En rigor, según una fuente judicial, el magistrado corroboró que hacía siete años que Omar N. estaba registrado como chofer y que tenía todos los papeles en regla. El juez Beltramone también constató que no existía la adulteración que esgrimían los policías y dio curso a la causa.
