Por Rolando Tobarez
Luego de que el presidente del Consejo de la Magistratura, Dante Corchuelo Blasco, lo acusara de “desinformado” y de opinar con “ligereza”, el titular del Colegio de Abogados de Trelew, Oscar Romero, emitió un comunicado de prensa con una dura respuesta para el titular del organismo provincial. La polémica se generó luego de que Romero criticara el método del Consejo para seleccionar jueces, defensores y fiscales, opinión que le valió el enojo de Corchuelo.
Pero en su nueva respuesta, el letrado del Valle se mostró “sorprendido por su desparpajo en valerse de afirmaciones insólitasy expresiones insidiosas para atacar públicamente mi opinión crítica”. Por eso, “no puedo menos que responderle para aclarar las cosas”.
“Tampoco sostengo que todas las elecciones del Consejo sean erradas. En la mayoría de los casos han designado a los más competentes, y por eso tenemos hoy excelentes jueces, excelentes fiscales y excelentes defensores; pero también de los otros. Muchas veces han privilegiado las capacidades intelectuales y morales del designado; y en otras las de lobby. Podría dar más detalles, pero a buen entendedor, pocas palabras”, insinuó.
Sin embargo, “me resisto a creer que usted, como presidente del organismo y miembro de su Comisión de Reglamento, desconozca las diferencias entre el ´certificado de aptitud psicofísica´ que se exige a los postulantes y los exámenes psicotécnicos para evaluar las capacidades laboralesque propongo incorporar como herramientas objetivas en el mecanismo de selección”.
“Propósito de desinformar”
Romero ironizó con que “si este desconocimiento es real, la situación luce preocupante. Si no lo es, peor, porque evidenciaría un propósito de desinformar a la ciudadanía asimilando conceptos esencialmente disímiles. Por las dudas, le resumo las diferencias”.
En su explicación a Corchuelo Blasco, el titular del Colegio de Trelew apuntó que el certificado de aptitud sólo acredita en lo psicológico y psiquiátrico que el candidato no padece patologías incapacitantes para un desempeño intelectual aceptable. “Las pruebas para esta constatación son genéricas y están dirigidas a detectar desequilibrios mentales como retrasos globales de maduración, incapacidades verbales, disociación, desórdenes perceptuales y confusionales, psicosis maníaco-depresivas, esquizofrenia, etcétera.; y por los objetivos que persiguen (revelar anomalías) pueden ser las mismas para cualquier ocupación que requiera un mínimo esfuerzo intelectual”.
En tal sentido, “los estudios para obtener este certificado no son tan exigentes, pues cualquier persona medianamente cuerda puede superarlos, al punto tal que lo que usted describe como ´exámenes sicológico y siquiátrico muy exhaustivos a través de test de alta complejidad y otros sistemas de diagnóstico´, ha sido calificado por todos los postulantes que consulté como un ´simple trámite´. No conozco ningún caso en el que ese Consejo de la Magistratura haya desestimado a un candidato por el resultado de tales exámenes. Si sabe de alguno, le agradecería me lo informe”.
Un recuerdo
Romero recordó un episodio del 15 de marzo de 2010, donde pese a la certificación psiquiátrica negativa de de un postulante a fiscal general, Corchuelo opinó que “ha tenido un desempeño correcto en la actividad judicial y que debe tener una oportunidad porque es un postulante de la Provincia”. Soslayó que según el criterio médico era un “no apto” para cualquier cargo que se concursara.
Romero fue duro con el consejero al señalar que “si a usted le parece que un certificado de aptitud psicofísica expedido por profesionales del Programa de Salud de la Tercera Edad (según figura en la página web del Consejo) o del Hospital público local (según sucede en la realidad), es suficiente para acreditar la idoneidad psicológica del postulante para el cargo específico que concursa, no queda margen para un debate serio sobre este tema”.
“Sobra con señalar que la función de los psicólogos y psiquiatras que atienden a los jubilados, o al público en general en los hospitales, no es la de evaluar personalidades para su inserción en el campo laboral, y mucho menos en las diferentes ramas de la actividad judicial”.
No alcanza la intención
El titular del Colegio valletano aclaró que no duda de las “buenas intenciones” de los consejeros cuando en los concursos “conjeturan sobre el perfil de personalidad de los candidatos, como si fueran especialistas en la materia; pero hay que reconocer que en la delicada tarea de designar magistrados que tendrán poder de decisión sobre el patrimonio y la libertad de los ciudadanos, las buenas intenciones no bastan”.
“Sin ligereza, desinformación ni ofuscación, sólo pretendo contribuir a mejorar la administración de justicia, y opino en consecuencia, con la seguridad de poder sustentar mi punto de vista”, apuntó Romero, con otro disparo al presidente del Consejo: “Si no comparte mis apreciaciones, no recurra a afirmaciones dogmáticas triviales para contradecirlas. No vaya tan lejos en su afán de desacreditar una reflexión sincera, que del ridículo no se vuelve”.
Detalle
En cambio, los exámenes que Romero pide sumar incluyen medir capacidades psíquicas y psicológicas para un empleo determinado. “Permiten conocer habilidades, intereses y características de personalidad de los aspirantes a ocupar el cargo, y predicen el comportamiento futuro del candidato en la función específica. Son utilizados desde hace décadas en el ámbito privado”. El comunicado describe que miden “variables relacionadas con el cargo que se pretende cubrir, como capacidad de liderazgo y conducción, nivel de autonomía, tolerancia a la frustración, nivel de ansiedad, nivel de agresividad, etcétera”.
Las técnicas usadas por las empresas que seleccionan personal incluyen Inventario Multifásico de la personalidad de Minnesota; Inventario Millon de estilos de personalidad y Test de Dominós de Anstey, entre otros. Estas pruebas se diseñan en función del tipo de vacante y su resultado muestra “el grado de compatibilidad del sujeto con el perfil psicológico deseable para el cargo que se concursa”. Según Romero, Corchuelo sabe “que son distintos los perfiles deseables para los cargos de defensor, fiscal y juez. De ello se habló mucho ya en las reuniones del Foro Federal de Consejos de la Magistratura”.
“Cuando digo que el Consejo local tiene un sistema anticuado o arcaico de selección de magistrados me refiero precisamente a la resistencia a incorporar estas herramientas objetivas empleadas desde hace mucho tiempo en las empresas privadas, especialmente para cubrir puestos gerenciales de decisión”.
