Ningún reclamo salarial o profesional, por postergado que esté, justifica la violencia o la extorsión. La Argentina, sin embargo, con el orgullo de haber transitado treinta años de democracia ininterrumpidos, vivió una vez más horas de tensión social y política a raíz de una protesta policial que comenzó en Córdoba y que se extendió, como reguero de pólvora, por el resto del país. En un primer momento se creyó que la sucesión de protestas estaba motivada por el llamado “efecto contagio”. Sin embargo, el tenor de los amotinamientos y las consecuencias lamentables, con más de una decena de muertos en todo el país en el marco de saqueos y enfrentamientos callejeros –con 164 detenidos–, encendieron una luz de alerta que las autoridades nacionales caracterizaron como un plan orquestado para arruinar los festejos por el aniversario del retorno de la democracia.
Los saqueos, de los que participaron grupos organizados que se desplazaban en autos y motocicletas, acompañaron con precisión “quirúrgica” –CFK dixit– el amotinamiento policial en más de veinte provincias. “No soy ingenua, no creo en las casualidades. Algunas cosas que pasan en estas fechas no son por contagio, tienen planificación, decisión y ejecución quirúrgica”, resumió la Presidenta. Enseguida recordó otros finales de año de suma tensión. Hace tres años, la violencia policial en el Parque Indoamericano y el año pasado, para esta fecha, los violentos saqueos en Bariloche. Esta secuencia revela entonces un debate urgente: qué hacer con las fuerzas policiales, sospechadas de regular el crimen organizado y hasta de ser parte de la comisión de delitos complejos en lugar de combatirlos. La corrupción policial beneficia principalmente a los altos mandos pero “gotea” para abajo y conforma al resto de la tropa. Un precario equilibrio que echó nafta a las brasas de la desigualdad social.
Ya el año pasado se pudieron ver los problemas de gendarmes y prefectos, que fueron desplegados en territorio porteño y del conurbano ante la situación crítica de la Policía Federal y la Bonaerense. El arribo a la zona metropolitana de las fuerzas supuestamente encargadas de custodiar las fronteras se produjo en ocasión de la toma y desalojo del Parque Indoamericano, del que se cumplieron tres años. La represión dejó como saldo tres vecinos asesinados. Ante la crisis, se decidió crear el Ministerio de Seguridad, que debutó desplegando a los hombres de verde en lugar de los federales, sospechados de connivencia con el crimen organizado.
En 2012 gendarmes y prefectos hicieron sus reclamos salariales, amotinándose. El Gobierno respondió y descabezó a la jefatura, sospechada de estafar a su propio personal y beneficiada con salarios infinitamente más altos que los del resto de la fuerza. Una de las voces de esta protesta fue el tucumano Raúl Maza, un gendarme que después fue dado de baja de la fuerza. Luego de la situación desatada en Córdoba la semana pasada, Maza no dudó en difundir su apoyo a los reclamos de los uniformados. En octubre creó el “Sindicato de Gendarmería”, que no está legalizado, así como ninguna de las organizaciones que se autoproclaman representantes gremiales de los efectivos de las distintas fuerzas. Uno de los apoyos políticos de Maza es el massista Jesús Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas. En el acto de presentación del Sindicato de Gendarmes, que se realizó a fines de octubre pasado, Maza se fotografió con Carlos Michia, secretario general de Sindicato Policial Chubutense (SiPolCh) y secretario gremial de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP).
Otra de las figuras que emergió entre los uniformados fue la del ex número dos de la Bonaerense, Salvador Baratta, quien hizo declaraciones públicas para apoyar el reclamo policial y fue señalado por el secretario de Justicia Julián Álvarez. Baratta es concejal en Lanús electo por el Frente para la Victoria, pero mutó al Frente Renovador. Estuvo al frente de la represión de la fábrica Kraft. Está vinculado al ex comisario de la maldita policía Mario “Chorizo” Rodríguez desde que detuvo a Luis “el Gordo” Valor. En funciones, Baratta actuó en el partido de San Martín, zona donde los vínculos entre narcos y policías quedaron en evidencia luego del secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez.
La policía de Buenos Aires es la de peor reputación. Está implicada en la desaparición de Luciano Arruga. Los focos de la protesta fueron Mar del Plata, Almirante Brown y Olavarría. Las situaciones de saqueo se dieron también en muchos otros puntos de la provincia, tanto en el conurbano como en Bahía Blanca. Uno de los portavoces de los efectivos de Caballería amotinados en Mar del Plata, Carlos Gustavo Pampillón, reclamó frente a los otros policías rebeldes tener “apoyo político real del gobernador, del ministro de Seguridad para evitar la judicialización, o sea los juicios a los que son sometidos el personal que cumple con las funciones de policía. Porque la gente debe saber que los policías no pueden cumplir porque el Gobierno no les da el apoyo político real”. En su perfil de Facebook  publicó: “Pero qué gatillo fácil? Basta de hablar estupideces y defendamos a nuestra policía! Se mató a un delincuente asesino, inmundo asqueroso que no dudaría en disparar a cualquiera de nosotros, y tenemos que bancar que un fiscal amparado en políticos de cuarta y corruptos, meta preso a un agente servidor de todos nosotros? Basta muchachos. Pongámonos de pie y mañana vayamos a los tribunales”. Se refería al caso del efectivo de la Comisaría 16ª, que disparó por la espalda al joven Maximiliano Villarroel, de 21 años. En Olavarría, en septiembre, se produjo el asesinato de Mauricio Araujo, de apenas 19 años. Hace unos días, los policías de esa ciudad decidieron no realizar servicios adicionales, en rechazo a la detención del efectivo Juan Coria, quien quedó acusado del delito de doble homicidio agravado por la muerte de Jorge Ortega.
En Córdoba los hechos de la semana pasada derivaron en la remoción de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y del jefe de la policía, César Almada, reemplazados respectivamente por Walter Saleig y Julio César Suárez, que prometió que no habrá sanciones contra los que iniciaron el amotinamiento.
En Santa Fe, recientemente fue arrestado un policía con la pistola 11.25 que se usó para disparar contra el domicilio del gobernador Antonio Bonfatti. Ya nadie puede negar la vinculación entre policías y narcos, algo que fue denunciado a partir del triple crimen del barrio Moreno de Rosario, por el que pronto se juzgará a cuatro sicarios y dos policías. Son inocultables los vínculos entre grupos de traficantes, como Los Monos, y la fuerza policial. El ex jefe de la fuerza, Hugo Tognolli, fue detenido por connivencia con el narco.
En Tucumán, unas horas antes de que se desatara el caos en los principales conglomerados de la capital provincial, el ex legislador José Luis Bussi se pronunció: “Acabo de recibir información directa de los azules. Están amotinados los policías tucumanos en la subjefatura. A no claudicar, no se trata de unos mangos mas, sino de dignidad!”, publicó el hijo del represor Antonio Domingo Bussi en su perfil de Facebook. La policía tucumana está sospechada de proteger a los secuestradores de Marita Verón y a los asesinos de Paulina Lebbos. Susana Trimarco, madre de Verón, acusa a “policías corruptos” por las amenazas telefónicas a las que ya está acostumbrada. A comienzos de año, 262 oficiales fueron pasados a retiro, pero la corrupción continuó. A mitad de año, personal de la Brigada de Investigaciones Norte fue acusado de detener al productor rural chaqueño Juan José Vallejos junto a su hija adolescente y haberle exigido el pago de una coima de 30 mil pesos a cambio de su libertad. Por el caso detuvieron a 10 policías. En septiembre, luego de la seguidilla de escándalos y denuncias por corrupción hubo varios cambios de nombres en la policía. Ese mismo mes la policía desalojó violentamente a familias sin techo en Yerba Buena. En octubre encontraron 11 kilos de cocaína en las casas de efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas (Digedrop).
En Neuquén, recientemente la Justicia condenó a prisión perpetua al policía Claudio Salas por el asesinato del adolescente Brian Hernández, en diciembre del año pasado. Cabe recordar que miembros de la policía neuquina fueron responsables del asesinato del maestro Carlos Fuentealba en 2007.
En Entre Ríos, los focos de protesta estuvieron en Concordia, pero hubo situaciones en toda la provincia. En febrero pasado dos policías de Concordia fueron sumariados por quedarse con plata de los adicionales. Les cobraban a comercios de la ciudad: en lugar de mandar policías a realizar horas extras, enviaban policías en horario de trabajo, y se quedaban con el dinero de los adicionales. También un par de casos de femicidios salpicaron a miembros de la policía entrerriana.
En Chaco, otro foco de conflicto, el año pasado uno de los líderes de los policías que quieren sindicalizarse, el ex comisario José Daniel Falcón, fue nombrado como director de Convivencia Ciudadana de Sáenz Peña. Venían haciendo marchas y reclamos. La violencia es dramática. En enero de este año, un joven denunció haber sido abusado con el palo de una escoba en la comisaría 4ª de Resistencia. Dos años atrás, en Fontana, a otro joven le hicieron lo mismo: en lugar del palo de escoba fue con una Itaka. En febrero de este año la policía estuvo sospechada por la desaparición de un joven que finalmente fue hallado muerto. En julio último, dos policías fueron detenidos por la muerte de Maximiliano Pelayo, un joven qom de 22 años.
No es muy distinta la situación en Chubut, Río Negro, San Juan, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, La Pampa y Corrientes.
En ese marco, tras la huelga de las policías provinciales y sus lamentables consecuencias violentas, saqueos, muertos y heridos, se abrieron varios interrogantes: ¿es posible reformar la policía? ¿Qué reformas se deben realizar? ¿La sindicalización evitaría que se repitan estos hechos? ¿Es lícito debatir la sindicalización de las fuerzas de seguridad? ¿La crisis que se vivió en los últimos días se puede evitar en el futuro? ¿Cómo y cuándo deben ajustarse los salarios de los servicios de seguridad? ¿Hay que hacer cambios también en la formación de los uniformados?
El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, consultado sobre lo ocurrido en los últimos diez días, explicó que el problema es la “autonomización” de las fuerzas policiales, que definió como un “vicio estructural”, que permitió que “las policías tengan capacidad de recaudación autónoma a cambio de garantizar gobernabilidad”. El magistrado reconoció que tras tres décadas de gobiernos democráticos “no se ha repensado el modelo policial”, ya que “sigue siendo el de Rivadavia cuando cerró los cabildos” y “entonces tenemos una policía de ocupación territorial”.
Desde el ILSED, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, advirtieron que “un reclamo salarial no puede ser canalizado por medios violentos a costa de sacrificar el derecho a la seguridad de todos los ciudadanos. El ILSED repudia los acuartelamientos policiales que derivaron en hechos de violencia vulneratorios de la convivencia y la paz social, convirtiendo el reclamo salarial en una extorsión a las diversas autoridades políticas”. Y afirman que “es condición impostergable emprender la democratización de las fuerzas de seguridad, a partir de una reforma estructural de las agencias policiales que abarque, también, la mejora de las condiciones laborales en tanto solución democrática de salida a la tradicional regulación de los hechos de inseguridad”.
Por su parte, el abogado y especialista en seguridad Alejando Itzcovich afirmó en diálogo con Veintitrés que “el cambio debe concentrarse primero en el recurso humano, en mejores sueldos y en un trato más digno de los superiores”. El ex asesor del diputado Francisco de Narváez apuntó que está “en contra” del plan de municipalizar las policías “porque los municipios no tienen recursos suficientes –salvo los más ricos, como Tigre, San Isidro y Vicente López– para pagarles mejor”. En ese sentido alertó que las consecuencias podrían asemejarse a la experiencia mexicana, con 9 mil policías aproximadamente, que definió como “un fracaso”. En cambio, se pronunció a favor de un modelo “centralizado”, como el chileno.
En el otro extremo, la titular de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, aseguró en diálogo con esta revista que “no se puede modificar la naturaleza de las cosas, cambiar de ropa, de maquillaje a la policía, una de las fuerzas que integran el brazo armado del Estado”. La abogada fue más allá, al recordar que “en estos 30 años de democracia se llevaron a cabo todo tipo de reformas –centralización, descentralización, purgas, capacitación, en recursos humanos, en la Federal, la Bonaerense, la Gendarmería– y no funcionaron, porque no se puede modificar la naturaleza. Sólo se puede reformar o purgar algo que tuvo un desvío momentáneo y no es este el caso”. Al ser consultada sobre cuál sería entonces la salida a la crisis, Verdú fue categórica: “Repensar en qué tipo de sociedad queremos vivir. Hoy hay un grupo de explotados y explotadores, un pequeño grupo de parásitos que vive de una mayoría y la manera de realizarlo es una sola, la represión. Cuando el consenso falla necesitan reprimir”. Estos días, agregó, “vimos a gran escala la extorsión que ejerce a diario la policía con los comerciantes del barrio, a los que les dan un plazo bajo amenaza de ser víctimas de un robo”.
El otro tema que comenzó a debatirse tras el acuartelamiento de la policía para reclamar recomposición salarial es el de una eventual sindicalización de la fuerza, hoy prohibida en la Argentina, pero que impulsan dirigentes de la oposición desde hace tiempo. Entre ellos, el del diputado Víctor De Gennaro (Unión Popular), otro del canillita Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo), un tercero de Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino) y al menos una cuarta iniciativa del legislador Carlos Martínez (FAP). Todos impulsan la sindicalización, pero con algunas restricciones, que van desde permitir la organización pero prohibiendo las huelgas, hasta permitirlas, pero garantizando la prestación del servicio, por ejemplo. Varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos y España, lo permiten y, según testimonios, funcionan. Sin embargo, desde el Gobierno las voces que se escucharon hasta ahora fueron adversas. Aunque algunos interpretaron una flexibilización de esa postura de parte de la flamante ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez.
“No compartimos bajo ningún aspecto el autoacuartelamiento que termina perjudicando a toda la población”, aclaró Plaini, quien presentó el proyecto el año pasado luego del conflicto con la Gendarmería. Sin embargo dijo, convencido, que “el proceso de organización de trabajadores permitiría crear instrumentos que mejorarían la fuerza”. Es más, “de haberse aplicado se hubiera posibilitado tener una mesa de diálogo y un ordenamiento de las demandas”.
En tanto, Itzcovih apuntó: “No me parece mal, siempre y cuando se establezcan límites, por ejemplo a las huelgas, y no se quiebre el orden interno”. En cuanto a la necesidad de pasar a retiro a los que participaron de los amotinamientos, opinó que “sería echar más leña al fuego porque fueron protestas mayoritarias”.
El diputado de Nuevo Encuentro Marcelo Sain se sumó a estas voces durante las jornadas por la sindicalización policial en Santa Cruz. El legislador dijo que “lo importante es el proceso hacia la sindicalización policial, que será largo, en el cual consideramos que el núcleo fundamental es el derecho a la agremiación y la negociación colectiva, pero dentro de un cambio más amplio, en lo que implica al régimen de policía, es decir, en el fondo, repensar la institución policial”.
En el otro extremo, Néstor Pitrola (Partido Obrero) argumentó ante Veintitrés que no están de acuerdo con la sindicalización tal como se está proponiendo “porque tendría que incluir la libre agremiación, el irrestricto derecho a huelga y el compromiso de no reprimir a los trabajadores de otros sindicatos. Lo que se propone hoy lo único que favorecería es el surgimiento de una nueva mafia o, peor, la consolidación de la vieja mafia”. Además, “creemos que esta movilización policial no es un movimiento desestabilizador sino, por el contrario, refleja la crisis inflacionaria”.
Hasta ahora y, al cierre de esta edición, con focos de conflicto aún sin solucionar en Salta y rumores de saqueos en Avellaneda y Pompeya, hay más preguntas que respuestas sobre la mesa. Tanto sobre el origen de las protestas y su conexión con los saqueos, como sobre el futuro de las fuerzas policiales. Habrá que esperar que se calmen los ánimos para saber si otra vez se dará vuelta la página hasta el próximo conflicto o si esta vez se trabajará en los cambios impostergables de las fuerzas policiales.