Por Marcelo Fabián Sain Diputado provincial electo – Nuevo Encuentro.

Algunos Intendentes han comenzado a reclamar la dirección de los servicios policiales preventivos en sus jurisdicciones. Perciben que la policía actual está atravesada por deficiencias organizacionales y de funcionamiento insuperables.
La enorme relevancia y gravitación que tienen en el ámbito local bonaerense los hechos delictivos y las violencias que alimentan el clima de inseguridad hacen indispensables la conformación de un dispositivo integral de gestión municipal de la seguridad, bajo la conducción política del intendente y con la participación y control directo de los vecinos.

Los gobiernos locales y sus comunidades no cuentan con un instrumento indispensable para ello: la policía. Desde hace un tiempo, algunos intendentes han comenzado a reclamar la dirección orgánica y funcional de los servicios policiales preventivos en sus jurisdicciones. En gran medida, perciben que la policía actual está atravesada por deficiencias organizacionales y de funcionamiento insuperables. Pero también vislumbran que una significativa parte de sus integrantes está más preocupada por proteger negocios espurios y reproducir circuitos ilegales de recaudación de fondos provenientes de los delitos regulados policialmente que por garantizar una labor proba en materia de seguridad ciudadana. Estos desmadres institucionales explotan sin atenuantes en la cara de los gobiernos locales. Y sus comunidades les reclaman justificadamente que pongan un coto a estos desatinos y asuman responsabilidades directas en la gestión de la seguridad.
Ha llegado el momento de conformar policías municipales específicamente abocadas a la seguridad preventiva, esto es, a la prevención y conjuración de la criminalidad común, dejando para el sistema policial provincial todas las labores relativas a la seguridad compleja, la investigación de los delitos, las operaciones especiales y el mantenimiento del orden público.
Ello implica, sin vueltas, la transferencia de las competencias, funciones y servicios de seguridad policial preventiva a los municipios que estén dispuestos a conformar su propia policía municipal, mediante el traspaso de la totalidad de las unidades organizativas con sus respectivos cargos, nivel de funciones ejecutivas, dotaciones de personal, patrimonio, bienes, recursos y créditos presupuestarios actualmente destinadas a la prevención y conjuración de los delitos y faltas graves en el ámbito jurisdiccional del municipio de referencia.
Así, las unidades y efectivos traspasados deberán depender orgánica, funcional y administrativamente del gobierno municipal. Por un lado, este estará a cargo de la dirección orgánica de la policía municipal, mediante el diseño y gestión integral de la selección, formación y capacitación del personal policial; la evaluación y calificación de su desempeño; sus ascensos y promociones; sus condiciones laborales, y la gestión disciplinaria de los mismos. También deberá establecer los escalafones, agrupamientos y perfiles que compondrán los regímenes profesionales; la doctrina, procedimientos y protocolos de actuación; la estructura orgánica y el despliegue de sus unidades de acuerdo con la realidad criminal y social de sus municipios; y el andamiaje infraestructural referido al sistema de movilidad y comunicaciones, armamento y medios técnicos, dispositivos informáticos, estructura edilicia y sistemas de vigilancia y seguridad espacial.
Del mismo modo, ejercerá la dirección funcional a través de la planificación, conducción y evaluación de las labores de policiamiento preventivo atinentes a la producción de inteligencia criminal (mapeo delictivo) orientada a elaborar cuadros de situación de la realidad criminal y de las violencias en el plano local; el desarrollo de las operaciones e intervenciones de vigilancia, patrullamiento, respuesta inmediata, conjuración delictiva, actuaciones preliminares y todo tipo de acción de prevención delictiva; y el desenvolvimiento logístico destinado a sostener y mejorar todo aquel esfuerzo operacional.
Finalmente, tendrá a su cargo la administración general consistente en la gestión administrativa y de los recursos humanos; la gestión económica, contable y financiera así como la presupuestaria; la gerencia patrimonial e infraestructural; la asistencia y asesoramiento jurídico-legal; y las relaciones institucionales.
Sin dudas, los gobiernos que no ejercen la dirección orgánico-funcional y la administración general de las policías, no las conducen.
Ahora bien, un traspaso integral requeriría de ciertas condiciones institucionales fundamentales. En primer lugar, se debe desarrollar un meticuloso proceso de selección y reencasillamiento del personal policial para la nueva policía municipal, de manera que aquellos oficiales y suboficiales de la policía provincial que no cuenten con los antecedentes o condiciones profesionales adecuadas, no puedan ser traspasados. En segundo término, la conformación de las policías municipales debe llevarse a cabo mediante un proceso de traspaso gradual y por etapas cuyos términos y condiciones debe ser acordado entre el gobierno provincial y el municipio de referencia. En tercer término, en vistas de atender las demandas de los municipios de menor envergadura, la posibilidad de conformar policías locales con jurisdicción en más de un municipio mediante asociación de gobiernos locales. Y, finalmente, cada municipio debería poder poner el nombre que desee a su propia policía. En la propuesta de “policías de prevención municipales” balbuceada por el Ministro Ricardo Casal, entre llantos –de alegría– y referencias bíblicas del comisario Juan Carlos Paggi, el Estado provincial sólo transferiría a los municipios la dirección funcional de algunos pocos uniformados de las policías locales. El piso de efectivos transferidos sería bajo y dejaría en manos de los municipios su incremento y el costo financiero de ello. Asimismo, sólo se transferiría la dirección funcional de los mismos, dejando la dirección orgánica y la administración general en manos de la policía provincial. En concreto, el grueso de las labores operacionales seguiría en manos de la policía provincial y aquel sector transferido funcionalmente a los municipios seguiría estando bajo la dirección orgánica y administración de la policía provincial también. Ni siquiera habría un doble comando compartido entre el intendente, a cargo de las labores operacionales de las policías traspasadas, y la jefatura provincial, a cargo de todo lo demás, entre ello, de la formación, ascensos, promociones, gestión disciplinaria y el pago del sueldo. Sólo habría un comando real: el del comisariato bonaerense.
Se trataría, así, de un traspaso minimalista con un solo objetivo: transferir los costos del desmadre institucional de la policía provincial a los intendentes pedigüeños y dejar el control real de la calle a la policía provincial para seguir regulando el delito que le permite apropiarse de los cuantiosos fondos que se van hacia arriba. Una bicoca institucional propia del gatopardismo de paladar negro, o azul en este caso.
Igualmente, se abre la discusión institucional al respecto y los dirigentes, gobernantes locales y funcionarios partidarios de conformar una verdadera policía municipal tenemos la oportunidad de construir un consenso que permita ir a favor de una propuesta seria en la materia. En ese sentido, bienvenida la iniciativa oficial

Fuente: http://tiempo.infonews.com/notas/policias-municipales-o-puro-gatopardismo