El infierno carcelario no proviene solo del hacinamiento provocado por la política criminal irreflexiva y por el llamado «populismo punitivo» ejercido desde el poder legislativo. Esas son las causas de muchas problemáticas, pero también son sus consecuencias. Está demostrada la condición catastrófica de tipo estructural, relacionada con la ausencia de políticas públicas idóneas y eficaces para la prevención y atención del sistema carcelario y de la política criminal colombiana, la cual configura nuevamente, al igual que en 1998, un estado de cosas inconstitucional.
Teniendo en cuenta esto, la Reforma al Código Penitenciario y Carcelario debe tener en cuenta cuatro factores determinantes para solucionar la problemática multidimensional de las cárceles. Primero, incluir un sistema de respeto de los derechos humanos de los presos y una efectiva labor de los órganos de control al sistema carcelario. Se debiera crear un sistema de controles internos, pero también instancias y mecanismos de observación permanente que impidan los constantes ultrajes que se presentan.
Segundo, un fuerte componente de estímulo al estudio y al trabajo en los centros de reclusión, con programas que estén ajustados a la normatividad de la OIT, con el acompañamiento de entidades como el SENA, y con total cobertura de la población carcelaria. No es retórico decir que el estudio y el trabajo como mecanismos de redención de las penas y de las personas pueden generar una vida radicalmente distinta en las cárceles, como lo muestra la experiencia de la Cárcel Distrital de Bogotá. En materia de la prestación del servicio de salud, urge que se cree un régimen especial, acorde con la situación especial, riesgos y morbilidad de los internos en condiciones de extremo hacinamiento.
El tercer aspecto es la depuración de la estructura administrativa y de vigilancia en las cárceles, sin hacerle concesiones a la privatización del sistema -como se plantea en el proyecto de la Reforma-, pues se estaría violando el principio de responsabilidad estatal sobre la privación de la libertad y la custodia de los presos, las cuales no se le pueden confiar a particulares, ni a la lógica de concebir las cárceles como mercancías.
Y por supuesto, en ese contexto amplio, se debe revisar la política criminal, en el sentido de poner límites al populismo punitivo, incluso revisar lo que ya se ha legislado al respecto. Sin provocar excarcelaciones masivas, se requiere crear un sistema eficiente que permita la descongestión judicial de las cárceles y ver la condición particular de los internos que tienen delitos que podrían buscar alternatividad penal.
Por eso, aquí el problema no es solo entre justicia e impunidad, el problema, desde una perspectiva de derechos humanos, es cómo hacer que se respete la dignidad humana.
*Represenante a la Cámara
