La Cámara Federal de Casación Penal aceptó ayer un hábeas corpus por la desaparición forzada de Iván Torres Millacura, ocurida en 2003 en Chubut, por el que se intima a la Justicia local a garantizar el máximo rendimiento para esclarecer el destino y las circunstancias de la desaparición. De esta manera, Casación se hizo eco de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que el Estado argentino debía “iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos”.
El fallo fue firmado por la Sala IV del Máximo Tribunal penal del país al que acudió la madre de Iván, María Leontina Millacura Llaipén. Los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos intimaron a la Justicia federal, con asiento en Comodoro Rivadavia, a direccionar sus accionar de modo que representantes de las distintas autoridades públicas que participaron de las instancias nacionales y regionales de protección de los derechos humanos colaboren a los fines de garantizar el derecho de acceso a la información de los familiares directos de Iván en los procesos que buscan esclarecer su paradero.
Los camaristas también destacaron la necesidad de darles un rol protagónico a las víctimas en casos en los que se investigan graves violaciones de derechos humanos. Para ello, deben “remover los obstáculos formales y estructurar los recursos necesarios para garantizar que los poderes del Estado, en conjunto, formalicen el cumplimiento de las sentencias dictadas por los organismos internacionales encargados de supervisar la vigencia de los derechos humanos en la región”.
La madre del joven de 26 años afirma que su hijo fue detenido, torturado y desaparecido por agentes de la seccional primera de Comodoro Rivadavia.
