Por Gustavo De Marinis
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El Servicio Penitenciario Provincial tiene nuevas autoridades. El director es ahora Eduardo Orellana, un oficial de carrera, que sucede a Sebastián Sarmiento, quien pasó a desempeñar un cargo en la Justicia. El puesto de número dos es para una mujer, Milagros Noli, una joven abogada, capacitada en derecho internacional de derechos humanos y cuestión de género, y con previo paso por la Dirección de Defensa del Consumidor.
Orellana –antes, subdirector– dijo al asumir el nuevo cargo: “Se aumentó fuertemente la matrícula de estudiantes y ahora nos faltan aulas”. Y admitió: “La deuda pendiente es trabajar con fuerza en la capacitación del personal penitenciario”.
Noli prometió: “Vengo a aportar desde mi formación en derechos humanos para garantizar la dignidad de quienes están privados de libertad”.
Interesantes son los mensajes de ambos funcionarios, en estos tiempos en los que se insiste en mano dura, en cercenar derechos, en detener jóvenes por portación de cara (como se ha denunciado en San Rafael) o en estigmatizar a todos los presos considerándolos irrecuperables, después de que algunos de los que recuperaron la libertad o mal utilizaron el beneficio de las salidas transitorias volvieron a delinquir.
Que quienes están tras las rejas estudien y se capaciten, que haya un programa para que las empresas que empleen a ex presos tengan algún beneficio fiscal, que los habitantes de las cárceles tengan acceso a expresiones culturales y deportivas son acciones saludables. No sólo eso: incluir y no excluir, incentivar en lugar de desalentar, educar y no reprimir, deberían tener como consecuencia directa una importante incidencia en un tema tan caro y preocupante para todos, como es la seguridad.
No es que la inseguridad se vaya a terminar porque los internos de las cárceles tengan más participación ciudadana. Tampoco se trata de incumplir las leyes y de que los asesinos o violadores sean reinsertados en la comunidad sin antes pagar por lo que hicieron y mucho menos se pide que se rebajen condenas porque sí y que quienes tienen la sentencia mayor –prisión perpetua– por haber cometido los delitos más atroces, sean perdonados.
Se trata sí, por todas las bondades mencionadas, de humanizar el servicio penitenciario y por la gestión de Sarmiento más lo que dijeron Orellana y Noli, esto parece posible.
