Al final hubo una coincidencia y tres versiones. Ayer, frente a 23 de los 24 integrantes de la Sala Juzgadora (solamente estuvo ausente el diputado Darío Hernández), los seis integrantes de la Sala Acusadora (faltaron Alfredo Schanton y Carlos Bruno) coincidieron en pedir la destitución del procurador Mario Oscar Bongianino, por mal desempeño durante la investigación por la desaparición y posterior muerte de Sofía Viale. Eso sí, no hubo un dictamen único, sino tres porque cada uno de los bloques que tiene representación en ese cuerpo (PJ, Frepam y Comunidad Organizada) lo hizo por separado.
Sofía, de 12 años, había desaparecido el 31 de agosto pasado en General Pico, después de haber estado la tarde vendiendo panes caseros. Después de dos meses de búsqueda fue hallada sin vida el 5 de noviembre. El cuerpo estaba enterrado a una cuadra de su casa, en la vivienda de Juan José Janssen, el principal sospechoso del crimen.
Hasta ahora el caso tuvo dos «víctimas» políticas y ninguna de primer nivel. La fiscal sustituta a cargo de la causa, Noelia Afonso, a quien el Superior Tribunal de Justicia obligó a renunciar; y el jefe de la Unidad Regional II, Fabio Caimari, quien luego de tomarse licencia fue trasladado a la Jefatura de Policía.
La presidenta de la Sala Acusadora, Patricia Lavín, alegó por el justicialismo, y fue la más «light». De hecho ni siquiera mencionó la palabra destitución. Habló muy poco, lo mínimo y necesario para decir que mantenía la acusación original de trece cargos contra Bongianino. Al final, le requirió a la Sala Juzgadora que «evalúe si (la acusación) merece ser acogida».
Lo más destacado de ella fue la siguiente frase: «Es indudable e irrefutable que el Estado tuvo algún tipo de responsabilidad. El Estado no es una entelequia abstracta y difusa. Hay responsabilidades claras y concretas, y no pueden dejar de atenderse». Eso sí, la imputación no fue acompañada por cargos ni por nombres propios.
De esos trece cargos, el defensor de Bongianino, Francisco Marull, afirmó que la Sala Juzgadora apenas debería tener en cuenta cuatro porque el resto no fue aprobado en la Sala Acusadora por la mayoría especial de dos tercios (cuatro votos) que requiere la ley (ver página 11).

Los «otros» cargos.
En los restantes nueve figuran los siguientes cargos: a) no haber velado por un adecuado funcionamiento del Ministerio Público Fiscal respecto de lo actuado en el caso de Sofía, b) no haber vigilado apropiadamente la sustanciación de la causa judicial abierta por la desaparición de ella, c) no haber planificado (en general) el desarrollo de investigaciones conducentes a esclarecer la desaparición de personas, elaborando un manual o protocolo de procedimientos, cuya ulterior observancia -al ocurrir el caso Sofía- hubiera constituido una guía segura para optimizar el trabajo de funcionarios judiciales y policiales, d) no haber coordinado con instituciones públicas y privadas la realización de la investigación del caso, e) no haber establecido la unidad de acción en los fiscales de la II circunscripción judicial en orden a desarrollar la búsqueda de la niña, f) no haber aplicado ni solicitado medidas disciplinarias a funcionarios y empleados del Ministerio Público involucrados en desempeños ineficientes en la investigación del caso Sofía, g) no haber creado una unidad especializada en la investigación de un delito complejo, pese a que por las características intrínsecas del asunto era razonable proceder así, y h) no haber fijado criterios generales para el ejercicio de la persecución penal que hubieran resultado de utilidad en orden a organizar una investigación rápida y eficaz.

Lobby corporativo.
En segundo lugar alegó Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada. Lo suyo también fue breve, aunque más enfático. No escatimó dureza contra el procurador: «Le faltó el compromiso más elemental (con la causa) y hasta afirmó que no era el jefe de los fiscales a pesar de que lo es. En todo momento dijo que las responsabilidades eran de los otros, nunca de él. Hizo más contactos con operadores varios, para su propio auxilio y salvataje, que con los fiscales durante el tiempo en que Sofía estuvo desaparecida».
Habló del «lobby» que impulsó trayendo a Santa Rosa «para que lo aplaudan» a procuradores de todo el país, y calificó a ello como «una maniobra agravante para el pueblo y el sistema institucional pampeano» y un «desatino corporativo».
Fonseca asoció a Bongianino con el senador Carlos Verna a través de uno de sus abogados, Ricardo Rodríguez Salto. Sostuvo que con ello dio «un mensaje inicial de cómo era su posición ‘política’ ante este juicio».
Cuestionó a los funcionarios judiciales que estuvieron en el recinto «haciendo barra» y le enrostró al procurador que, a pesar de expresar que «no podía meterse en ninguna causa, pero asustado por la reacción social, admitió que personalmente dispuso dónde y cómo alojar y recibirle declaración a Janssen».

«No aportaron nada».
El último alegato de la Sala Acusadora fue el de Lidia Duperou. La diputada del Frepam, que pidió fervientemente la destitución, fue la que más habló, aunque por momentos mezcló hechos concretos de la acusación con datos absolutamente secundarios. Incluso en un pasaje de su alocución pareció que el proceso era más contra el fiscal piquense Alejandro Gilardenghi que contra Bongianino.
De los testigos aportados por el imputado expresó que «se nuclearon en defender al procurador sin aportarle nada a la causa», y cuestionó al PJ, sin mencionarlo, porque permitió sus testimonios y no otros más importantes, como los de los propios familiares directos de Sofía. También dijo que hubiera sido «determinante» el careo entre el fiscal general de General Pico, Carlos Salinas, y la secretaria de Bongianino, Silvia Boulenaz, para saber si fue cierto que el procurador se comunicó con aquel (NdeR: el trámite no se hizo porque Salinas adujo razones psicológicas).
A contramano de la defensa, que aseguró que Bongianino no puede darle instrucciones particulares a los fiscales, Duperou mencionó el artículo 96, inciso 13) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice es atribución del funcionario «impartir instrucciones para cumplir con eficacia los deberes a cargo del Ministerio Público, tendientes a procurar la unidad de acción de los funcionarios al servicio del organismo».

«Hubo descoordinación».
La legisladora del Frepam enumeró que durante la búsqueda de la niña «no hubo una mesa de investigación trabajando en forma conjunta», que existió «descoordinación interna entre los fiscales» y que «faltó colaboración entre la Policía y la Justicia y comunicación entre las cabezas del Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público Fiscal».
Más adelante, acentuó que «el hallazgo del cuerpo fue consecuencia de un hecho desgraciado, como una nueva violación, y no por la actuación del Ministerio Público», a pesar de que hubo intervenciones telefónicas, se entrevistaron muchas personas y hasta se allanaron viviendas del barrio Ranqueles -allí está el domicilio de Juan José Janssen, el sospechoso del homicidio-donde vivían hombres con antecedentes de delitos sexuales.
Al final, Dupeoru se permitió recordar que el presidente de la Escuela Canina de Catástrofes, Juan Carlos Lombardi, le envió un correo electrónico al jefe de la Brigada de Investigaciones de General Pico, Pablo Gandino, advirtiéndole que era necesario efectuar un rastrillaje casa por casa a tres cuadras a la redonda del domicilio de Sofia. Así, dijo, se hubiera dado ante con Janssen. Y también reveló que existía un informe psiquiátrico «lapidario» sobre él, describiéndolo como manipulador, mentiroso y que no sufre angustia ni culpa, entre otros rasgos. «Sus padres no deben irse de acá pensando en que el problema de la muerte de Sofía fue solamente por Sofía», concluyó la diputada.
La Sala Juzgadora volverá a sesionar el jueves 28 a las 10, por última vez, para votar uno por uno los trece cargos de la acusación. Para que Bongianino sea destituido se necesita que, al menos uno, lo voten los dos tercios del cuerpo, es decir 16 de los 24 legisladores.

Humorada de un legislador
«Para que entramos si ustedes ya publicaron lo que va a pasar». La humorada fue dicha por un diputado a tres periodistas momentos antes de iniciarse la audiencia de la Sala Juzgadora. Pareció aludir a que las crónicas con el anuncio de la sesión informaban que los legisladores de la Sala Acusadora mantendrían la acusación original, algo que finalmente sucedió. ¿O también se habrá referido a que esas mismas crónicas dijeron que el bloque del PJ podría votar a favor de que el procurador se mantenga en el cargo?

Los padres y las pancartas
Los papás de Sofía Viale, Marcelo Viale y Noemí Ampudia, volvieron a pedir ayer la destitución del procurador Bongianino. Ambos estuvieron, otra vez, en las gradas que la Legislatura otorga al público en general. Junto a una gigantografía con el rostro de su hija y una gran bandera que decía «Basta de impunidad, Sofía no esta sola», estuvieron acompañados por una decena y media de mujeres militantes de organizaciones de género.
Cuando comenzó a alegar Marull, todos se acercaron a la baranda para colocar carteles con distintas consignas: «Diputados justicialistas, de justicia no saben nada», «Ministro Rodríguez, ¿dónde está su dignidad?», «¿La justicia pampeana dónde está?», «Con la vida de las niñas y de los niños no se juega, sinvergüenzas» y «Diputados, ¿a quién representan?»
En un par de ocasiones el alegato fue interrumpido con frases quejosas e irónicas. «La única hipótesis que tenían de Sofía era que se había fugado», se oyó a una mujer.
En la tribuna de enfrente hubo empleados y asesores de la Legislatura y algunas caras del Poder Judicial, como el camarista civil Jorge Cañon; la esposa del imputado, la jueza civil, Fabiana Berardi, y la secretaria, Silvia Boulenaz.

«Profunda preocupación»
Marull, antes de entrar de lleno en su alegato, cuestionó a las diputadas preopinantes de la Sala Acusadora, Lidia Duperou (Frepam) y Sandra Fonseca (Comunidad Organizada). De ésta última directamente afirmó que «una de ellas no estuvo en ninguna audiencia y ahora viene a decir lo que dijo…» La radical, al menos, había asistido a una.
El defensor destacó la «profunda preocupación» que le produjo oír los alegatos de ambas porque «no sustentaron (la acusación) en pruebas producidas durante el proceso» contra Bongianino. Además les endilgó que la ley impone a los miembros de la Sala Acusadora «estar presentes en todas las audiencias, por lo que no escucharon ni controlaron las pruebas producidas».
«Aun en un juicio político, para que el imputado pueda defenderse, es imprescindible que en la acusación se identifiquen con precisión la causal, los cargos y los hechos -añadió-. La acusación es clara en cuanto a la causal (mal desempeño), pero no es nada clara con respecto al resto, porque en algunos casos se mencionan los cargos pero no los hechos. Así, es difícil defenderse si no se sabe de qué lo acusan».
En cambio, Marull resaltó, más allá de ciertas diferencias que él mismo explicó en su alegato, la acusación original del justicialismo, efectuada a través de la diputada Patricia Lavín.
Un dato: los otros tres integrantes de la Sala Acusadora son Marina Cahais y Alfredo Schanton, ambos del PJ, y Carlos Bruno, del Frepam. De trío, ayer solamente concurrió la primera.

La defensa volvió a «pegarle» a Salinas
Dos horas y diez minutos duró el alegato de Francisco Marull, el abogado de Mario Oscar Bongianino. El defensor se tomó todo ese tiempo para tratar de refutar uno a uno los trece cargos que la Sala Acusadora le imputó al procurador por su presunto mal desempeño en el caso Sofía Viale, aunque eligió centrarse en cuatro porque adujo que los otros nueve ni siquiera deberían ser considerados por la Sala Juzgadora, ya que no fueron aprobados por los dos tercios de los miembros que componen la Sala Acusadora, tal como exige la ley.
Marull solicitó la absolución de Bongianino por considerar que cumplió con todas las atribuciones y deberes que le fija la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, como había hecho la primera vez que alegó en la Sala Juzgadora, descargó responsabilidades por la deficiente investigación del caso en el fiscal general de General Pico, Carlos María Salinas, quien presentó su renuncia a mediados de diciembre para evitar un eventual jurado de enjuiciamiento, aunque el gobernador Oscar Mario Jorge aún la tiene «cajoneada» y no se la aceptó.
En el tramo final del alegato, que fue interrumpido un par de veces por los papás de Sofía, que estaban en las gradas, el defensor pidió que «el inmenso dolor» que causó la muerte de Sofía «no nuble la razón» de los 24 legisladores que integran la Sala Juzgadora, planteó que el juicio debe servir para debatir «qué perfil de procurador queremos en La Pampa» y cuestionó que no se haya creado una comisión de seguimiento del nuevo Código Procesal Penal que se puso en marcha el 1 de marzo de 2011.

Instrucciones y control.
¿Cuáles fueron los cuatro cargos acusatorios que consideró Marull y que respondió ante cada uno?
1) No haber impartido instrucciones a sus funcionarios y empleados dependientes, escritas y verbales, para cumplir con eficacia los deberes a cargo del Ministerio Público, tendientes a lograr la unidad de acción del organismo.
«Si Bongianino no dio instrucciones particulares fue porque no le correspondía darlas -remarcó el defensor-. Sí puede dar instrucciones generales. Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial es clara cuando dice que las instrucciones particulares las dan los fiscales generales (Salinas). Sino, que no haya fiscales; que haya un procurador con 400 empleados que le diga a cada uno lo que tiene hacer».
2) No haber supervisado la tarea de los miembros del Ministerio Público no practicando visitas de inspección a General Pico, para vigilar el progreso y desarrollo de la investigación en curso.
«Acá otra vez se mezcla lo general con lo particular. La ley habla de visitas de inspección y auditorías y de un adecuado control para todo el sistema, no para un caso específico -señaló Marull-. Está probado que en el momento en que se buscaba a Sofía, el procurador estaba cumpliendo una tarea indelegable, como era la de actuar como fiscal en un jurado de enjuiciamiento contra un juez (Carlos Flores), y además que siguió la investigación a través del sistema informático».
«También está probado que habló con la fiscal (de la causa, Noelia) Afonso para ofrecerle toda su colaboración, y con el fiscal general Salinas», acotó. Este, que no se prestó a un careo con Bongianino aduciendo razones psicológicas, había declarado en la Sala Acusadora que el procurador nunca lo llamó. «Las contradicciones de Salinas son inaceptables y sus declaraciones no resisten el mínimo análisis», atacó Marull.

Policía y cooperación.
3) No haber supervisado apropiadamente la tarea de la Policía de la Provincia de La Pampa en función judicial.
«La función de dirigir a la policía (en el caso Sofía) le correspondía al fiscal general Salinas. La tarea de Bongianino es supervisar la tarea de la fuerza, y el fiscal general de Santa Rosa (Guillermo Sancho), cuando declaró como testigo, dejó en claro que el procurador cumplió con esa exigencia cuando detalló las reuniones periódicas que se hicieron con la policía.
4) No haber designado un fiscal cooperante para intervenir en la investigación juntamente con la fiscal designada (Afonso), habida cuenta de la inexperiencia de ésta en asuntos de esclarecimiento complejo».
«Esta también es una atribución que la Ley Orgánica le da al fiscal general y no al procurador. En todo caso si existía algún problema con la fiscal (Afonso), Salinas se lo debió comunicar a Bongianino, pero en ningún momento lo hizo», subrayó Marull.
«Un fiscal es un fiscal, con todos sus deberes y obligaciones, más allá de su experiencia. En todo caso, todos hagámonos cargo de nuestras responsabilidades. El Superior Tribunal de Justicia fue quien incluyó a Afonso en el listado de funcionarios sustitutos para 2012 y la Cámara de Diputados lo aprobó. Incluso Afonso sigue en el listado para 2013 y la Cámara volvió a aprobarlo», acotó.
Cerró el defensor: «A Bongianino no se le puede reprochar nada porque él no eligió ni designó a la fiscal, sino que fue Salinas quien dijo que tenía experiencia, aunque luego expresó que (Afonso) no sabe de derecho. En todo caso nunca le dijo nada de eso al procurador».

«28 veces en 60 días»
Ricardo Rodríguez Salto, el otro abogado de Bongianino, apareció ayer por primera vez en una audiencia. Habló apenas un par de minutos al final. Enfáticamente, casi a los gritos, y blandiendo una planilla en su mano derecha, buscó dejar en claro que su cliente habló con los fiscales piquenses. «Llamó 28 veces en 60 días, una vez cada dos días. ¿¡Se preocupó o no se preocupó!? Pídanle un listado a Telefónica para ver que lo que digo es cierto», enfatizó. Un rato antes Fonseca había dicho de él que es «un allegado a Verna».

fuente http://laarena.com.ar/la_ciudad-por_mal_desempeno__pidieron_destitucion_de_mario_bongianino-89620-115.html