Casi la mitad de los niños argentinos separados de sus hogares fue apartada por violencia doméstica o maltrato. Así, las situaciones de abandono, que remiten directamente a condiciones de pobreza y que solían ser la primera razón de institucionalización, pasaron a un segundo lugar, explicando un 31% de los casos. Los datos fueron revelados por el primer estudio sobre la situación de los niños y adolescentes sin cuidados parentales en los 24 distritos del país, realizado entre junio de 2010 y junio de 2011, por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y UNICEF. De acuerdo al relevamiento, uno de cada 1000 chicos, 14.675 en total, vive lejos de su familia en instituciones de puertas abiertas o en sistemas de cuidado familiar.
El resultado de esta inédita investigación, resaltó Gabriel Lerner, titular de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), “muestra que la cantidad de niños es mucho menor a la esperada”, echando por la borda el mito popular de que los institutos rebalsan de chicos en situación de adoptabilidad. “Un niño privado de derechos no nos deja dormir. Estamos trabajando muy fuerte para mejorar y profundizar las transformaciones que hemos logrado en los últimos años en relación a la situación de la niñez sin cuidados parentales”, señaló la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner durante la presentación.
El hallazgo más preocupante del estudio se vincula a la injerencia del Poder Judicial en el destino de estos chicos. En sentido contrario a lo que indica la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada hace siete años, los magistrados aún dictan el 38% de las medidas de institucionalización, guiados por los criterios tutelares del patronato. En 14 jurisdicciones, estas medidas superan a las dispuestas por los organismos de protección de los poderes ejecutivos, como los consejos de niñez, y en siete provincias –Catamarca, Córdoba, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan– representan al 100% de las disposiciones. Por eso, el informe llama la atención sobre la necesidad de “diseñar protocolos de intervención que establezcan quién, cómo, cuándo y por qué se toman las medidas de protección, en especial en relación a la separación de los niños de su familia, para evitar discrecionalidades”.
La proporción de varones y mujeres sin cuidados parentales menores de 18 años es muy pareja, pero hay cambios significativos en cuanto a la edad. El 45% tiene entre 13 y 17 años, el 29% entre 6 y 12, y un cuarto de ellos son bebés y niños de entre 0 y 5. Para los especialistas de la SENNAF, estos datos representan dos movimientos contrapuestos. Por un lado, que esa mayoría de adolescentes ingresó hace años a lo que se denominaba “sistema asistencial” y que permanecieron en esas instituciones por tiempos más prolongados de lo debido según la norma actual. Pero, por otro lado, concluye el informe, esto implica que en los últimos años ingresan menos niños y niñas al sistema tutelar, y que la escuela está funcionando como “un ámbito contenedor y de apoyo familiar”.
La Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires son las regiones que concentran a la mitad de estos chicos sin cuidados parentales. Sin embargo, en términos relativos a sus poblaciones, las dos localidades se mantienen cerca del promedio nacional. Por el contrario, en Chaco el 0,32% de los niños de la provincia se encuentran institucionalizados, mientras en La Pampa y en San Luis, esa cifra alcanza el 0,21%.
Una conclusión más alentadora se vincula a las razones por las cuales los chicos egresan de esas instituciones. Más de la mitad, el 54%, vuelve a su casa porque se resuelve el conflicto familiar o se muda con un tío, una tía, un abuelo, es decir, se genera una revinculación familiar, tal como lo establece la ley 26.061. En este sentido, especialistas de la SENNAF realizaron un llamado para que se supere, sobre todo en el ámbito del Poder Judicial, los prejuicios y los estereotipos de lo que constituye una familia, porque muchas veces no se corresponde con la experiencia real de los chicos. “Se observa una tendencia a reducir la heterogeneidad a un modelo único, que obstaculiza no sólo la visibilización de cada caso sino también debilita las posibilidades de garantizar el derecho a la convivencia familiar y comunitaria.”
La segunda causa de egreso es la mayoría de edad y representa uno de los mayores desafíos para el Estado: el 20% de los chicos que cumplen 18 años se va de las instituciones sin un proyecto autónomo de estudio o trabajo. En tercer lugar, se encuentran las adopciones, que incluyen el 8% de los casos.
