El fiscal federal de Reconquista Roberto Salum fue «escrachado» ayer
por un grupo de familiares de policías detenidos, acusados de torturar a dos detenidos por vender drogas. Durante la protesta -sostenida por el sindicato policial Apropol- los manifestantes aseguraron tener una grabación donde dos narcos dicen dejar la mitad de lo recaudado. Sin embargo el registro es de 2008 cuando el fiscal era Cristóbal Cavanagh, curiosamente el abogado de dos jefes policiales presos por este caso.
Salum recibió el respaldo de sus superiores. «Luego de una instrucción rápida y efectiva del fiscal federal de Reconquista y del apoyo que brindó la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin), a cargo de Abel Córdoba, el juez federal Aldo Alurralde, ordenó la detención de cuatro policías santafesinos y convocó a indagatoria a un médico de la fuerza por las torturas aplicadas a dos detenidos, que derivaron en lesiones graves», señala el comunicado de la Procuración.
Las detenciones provocaron que en la mañana de ayer, familiares de cuatro policías, presos por torturar a dos detenidos en sede policial, marcharon hacia la Fiscalía Federal de Reconquista para pedir por la liberación de los funcionarios, acusados de golpear y torturar a dos presos en el norte santafesino.
Los policías detenidos son: Daniel Musante (Jefe de Inteligencia Drogas Peligrosas Zona Norte), Sergio Senn (Jefe de la Brigada Operativa Departamental IX), Luciano Martínez (Oficial) y Germán Arce (Oficial). Mientras que los apresados por vender drogas son Luis Ramírez y Gustavo Cernadas, ambos detenidos en Resistencia, que corresponde por jurisdicción federal.
El 25 de marzo, en el marco de una investigación por venta de estupefacientes en Reconquista, fueron apresados en la calle Cernadas y Ramírez por personal de la Brigada Operativa Departamental (BOD). Luego de ser reducidos y golpeados en el lugar fueron encapuchados con sus propias remeras y llevados a la comisaría 1ª. En ese lugar fueron revisados por un médico policial que determinó que tenían lesiones «leves», aunque tanto Cernadas como Ramírez aseguraron que no se los revisó, que solamente «los miró», razón por la que no se dejaron constancia de las lesiones reales.
Los detenidos fueron llevados al día siguiente al Juzgado Federal para prestar declaración indagatoria y el secretario del juez, ante la queja de fuertes dolores y rastros de lesiones, ordenó una nueva revisión. Otro médico policial ordenó la inmediata internación de los dos detenidos en el Hospital Público. Allí se detectaron lesiones graves, por lo que la Fiscalía solicitó al Juzgado medidas de prueba tendientes a determinar las lesiones, basadas en el Manual para la investigación y documentación de la tortura conforme al protocolo de la Procuración General de la Nación.
El fiscal Salum ordenó que se tome inmediata declaración a los testigos de procedimiento y al médico policial interviniente. Cernadas presentaba fractura en la base orbital derecha, fractura en tabique nasal, fuertes golpes en la frente y heridas cortantes en cuero cabelludo y 13 hematomas circulares en la espalda (provocados posiblemente por los golpes de una Itaka). Mientras que el otro preso tenía una fractura en el maxilar inferior lado derecho, fracturas en dos costillas del lado izquierdo, heridas contuso cortantes en cuero cabelludo y hematomas en otras partes del cuerpo.
Luego de esos estudios los detenidos hicieron la denuncia ante la fiscalía, en la que refieren también haber sido golpeados en la sede policial. A partir de allí se produjeron numerosas medidas de prueba ya que la causa fue delegada a la Fiscalía, entre ellas, declaraciones de las víctimas, testigos que observaron los golpes y del médico tratante en el Hospital, entre otros.
El Fiscal ordenó la detención de los policías que aparecían en el procedimiento mencionado e identificados por el delito de torturas. También pidió la indagatoria del médico, medidas a la que el juez Aldo Alurralde hizo lugar con el resultado ya conocido: la detención de los policías.
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