El sistema de penitenciarías es una maquinaria que le cuesta al Estado más de 10.000 millones de pesos por año (sin contar al menos 10 provincias chicas que no revelan datos por «cuestiones de seguridad»). Cada preso federal cuesta $ 29.799 por mes y hay provincias como las de Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y Mendoza en donde se gastan mensualmente entre $ 13.000 y $ 15.619 por recluso. En Neuquén se gastan por mes $ 29.765 por preso. Desde 2003 a 2012 aumentó en 18.000 el número de encarcelados hasta superar en todo el país la cifra de 70.000 presos. Sin embargo, a pesar de los millones que se invierten en las cárceles, la tasa de reincidencia de los presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de la Provincia alcanza el 46.5% según el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), es decir que casi uno de cada dos presos vuelve a cometer delito. La corrupción en el manejo de miles de millones anuales en las cárceles es una hecho que se demuestra en el contraste entre los fondos asignados y las condiciones de las carceles y de vida de los guardia cárceles y de los presos.
Una investigación del equipo de Clarín Data revela por primera vez la radiografía completa de todas las cárceles argentinas. Más de 250 prisiones del país forman el esqueleto que compone un mapa interactivo y con cientos de datos que se publica desde hoy en Clarin.com. Con herramientas de periodismo de datos, Clarín devela un trama oscura de robos y corrupción en las cárceles.
El 64,8% de los presos del país no trabajan, el 78,2% no se capacitan y un 65% no estudian. En cambio, viven en condiciones miserables que son el caldo de cultivo para la formación de delincuentes más peligrosos. La mayoría de los presos del país, que fueron detenidos en general en situación de flagrancia por delitos de mediana gravedad y que en muchos casos son muy jóvenes (24% de los presos tiene entre 18 y 24 años según el informe 2013 publicado por el Ministerio de Justicia), entran a la prisión con poca experiencia delictiva y salen con verdaderas maestrías en violencia, crimen organizado y nuevos contacto con redes delictivas.
En la Provincia, los datos de 2013 muestran que hay 33.166 presos a los que se dedicó un presupuesto de 3.952 millones de pesos, o $ 9.932 por mes por recluso. Sin embargo, el 64% no trabaja, el 75% nunca tuvo capacitación y el 60% no estudia (Ver informe en la página 38).
La investigación sobre «Delito, marginalidad y desempeño institucional en la Argentina» del (CELIV), dependiente de la Universidad de Tres de Febrero, estableció que en el SPF y el Bonaerense el 50% de los reincidentes es detenido nuevamente antes de cumplir un año en libertad. La tasa de reincidencia es un certificado de fracaso del sistema. Según pudo registrar Clarín Data, en octubre de 2014, sumaban 43.488 presos, el 61.5% del total del país, solo entre el SPF y el Bonaerense.
Aunque Provincia es el distrito con mayor presupuesto anual, no es donde se produce la mayor falta de correlación entre cifras exorbitantes de gasto mensual y resultados positivos. En el SPF hay 10.322 presos, pero con un presupuesto de 3.691 millones anuales y un gasto por persona de $ 29.799 la reincidencia alcanza el 30.3%. Es el dato ofcicia. Fuentes del SPF dijeron a Clarin Data que esa cifra superaría el 70%, medida correctamente.
«Muchas veces se ingresa a la cárcel por delitos absolutamente menores, y este es el inicio de una carrera que después –sin apoyo del Estado– parece ser irreversible», dice Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación. «La cárcel es un lugar donde se aprende a delinquir más y mejor», afirma Marcelo Bergman, director del CELIV, en la misma línea.
La mayor tasa de reincidencia entre los principales distritos la muestra la provincia de Mendoza, con un 45,2%, en donde cada preso cuesta $ 13.809 . Allí, el 79% no trabaja, el 97% nunca se capacitó y el 68% no estudia.
«Las cárceles están degradadas por un sistema de corrupción, maltrato y violencia», afirma Juan Manuel Casolati, Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y conocido en medios judiciales porque la Procuración bonaerense lo sancionó con suspensión sin goce de sueldo por denunciar «de mal modo» las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. «Hoy las cárceles funcionan gracias, o pese, al sistema de corrupción estructural que las sostiene», dice.
«Estos problemas no tienen que ver con la falta de presupuesto ni de personal», admiten en la administración del Sistema Penitenciario Federal, que gobierna estas cárceles bajo la dirección de Emiliano Blanco desde que fue removido el cuestionado Victor Hortel –director en tiempos del Vatayón Militante y de las fiestas de disfraces en las cárceles– y tras un breve paso del «mano dura» Alejandro Marambio. El SPF tiene 12.132 agentes en actividad (entre oficiales y suboficiales) para atender una población de 10.322 presos.
Se malgastan y roban millones de pesos por mes y las condiciones de vida dentro de las cárceles son infrahumanas. Lo denuncian organismos como la Procuración Penitenciaria de la Nación en el marco del Congreso, la Procuraduría de Violencia Institucional, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y distintas ONG del ámbito privado como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El trama de la corrupción atraviesa de punta a punto los sistemas penitenciarios. Y las conexiones con la política sobran. En el SPF, por ejemplo, existe un organismo llamado ENCOPE (Ente de Cooperación Penitenciaria) encargado de darle trabajo a los presos, que maneja un presupuesto de $ 419 millones, más del 10% del total. Al ENCOPE lo dirige de hecho Rubén Fernández Escobar, un militante de la Cámpora que opera como «jefe de ventas», «jefe de Comunicaciones» o «Presidente», según distintas fuentes del propio organismo que consultó Clarin Data. Fernández Escobar participó en actos de la Cámpora-San Cristobal, incluyendo uno el 2 de abril pasado al que asistió la Presidenta Cristina Kirchner. Las operaciones del ENCOPE (ver en página 39) incluyen movimientos de fondos tan absurdos como la compra de un barco pesquero para dar trabajo a los presos en la Patagonia.
La radiografía que Clarín Data realizó sobre el Servicio Penitenciario Federal y los provinciales muestra zonas grises y zonas blindadas. No hay datos abiertos, aunque lo exige la ley, que muestren detalles de compras de alimentos y su distribución por unidad carcelaria. Pero hay cientos de denuncias de familiares y organismos públicos y no gubernamentales que muestran en las redes sociales comida podrida y hasta guardia cárceles comiendo en botellas de gaseosas cortadas al medio y utilizadas como platos.
La investigación de Clarín Data muestra, en Clarin.com, una primera capa de información que se actualizará de ahora en más en forma dinámica, es decir, se trata de un mapa total del sistema carcelario argentino que irá incorporando cada semana cientos de datos, denuncias y comparaciones para monitorear públicamente el sistema de cárceles.
http://www.clarin.com/zona/mes-preso-cuesta-pesos_0_1240676271.html#
