En los salones y pasillos del Palacio Legislativo se dio ayer una amplia discusión que todavía no llegó a los recintos del Congreso. Reunidos alrededor de media docena de paneles y a lo largo de toda la jornada, legisladores, funcionarios, organizaciones sociales y de derechos humanos, familiares de víctimas de la violencia institucional y periodistas formularon diagnósticos y debatieron propuestas sobre un futuro modelo de seguridad y justicia en el marco del Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular. La redacción y la aprobación de “un nuevo Código Penal y un Código Procesal Penal que reconozca y garantice todos los derechos de las víctimas y de los imputados, estableciendo una escala de valores donde la vida sea más importante que la propiedad y que no criminalice la pobreza” fue una de las propuestas volcadas en el documento final que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en el cierre del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.

Por la mañana, el Salón Azul del Senado estaba repleto mayoritariamente de jóvenes y familiares de víctimas de violencia institucional. La apertura de la jornada estuvo a cargo de Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, el joven asesinado por la policía mendocina durante su viaje de egresado; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; el legislador porteño Jorge Taiana, y el ex fiscal y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón.

Fresneda cuestionó las “matrices políticas que resurgen constantemente, con un discurso fácil” en materia de seguridad y a quienes “lo primero que se les ocurre es agravar las penas, endurecer a la policía” así como al “dirigente político que se maneja a través de la encuesta” y realimenta lo que definió como “un círculo vicioso”. “La violencia institucional se desarrolla en un determinado marco político que favorece la comisión de delitos por parte de las fuerzas de seguridad, al que hay que transformar”, sostuvo Taiana en su exposición en el panel que coordinó el diputado kirchnerista del Movimiento Evita, Leonardo Grosso.

Un concepto en el que más tarde coincidió el periodista de Página/12, Mario Wainfeld, quien cuestionó que el poder político, a través de los Estados nacional y provinciales, no asumiera el control de las fuerzas policiales. “Por supuestos pactos de gobernabilidad se permitió que manejaran delitos menores para supuestamente prevenir males mayores. Un pacto que no sólo es inmoral, sino que luego se reveló ineficiente”, planteó Wainfeld en un panel que compartió con Raquel Witis –madre del joven Mariano Witis, fusilado por un policía bonaerense–, el ex camarista León Arslanian y el diputado bonaerense Marcelo Sain, entre otros.

Códigos

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, denunció un “intento de restauración conservadora, de volver a los paradigmas de la derecha de la década del ’90”. “Un sistema de propuestas de derecha que –según Rossi– se expresa sobre todo en los medios de comunicación” y que luego sumó al líder renovador Sergio Massa y al pope cegetista Hugo Moyano. En su intervención en el panel sobre propuestas para el Código Penal y Código de Procesamiento Penal, advirtió que cada día “hay alguien que tiene una feliz idea reaccionaria”, en alusión a las propuestas del volver a implementar el Servicio Militar Obligatorio. “Es malo para la política de defensa” y “como política social es horrible”, sentenció Rossi.

“No podemos desaprovechar esta oportunidad de discutir las reformas de los códigos Penal, Civil y Procesal Penal”, sumó la jueza María Laura Garrigós de Rébori. La titular de Justicia Legítima también denunció la existencia de “una campaña mediática y frecuente que pretende que ni siquiera sean tratados” estos proyectos en el Parlamento.

El presidente del CELS y periodista de Página/12, Horacio Verbitsky, fustigó la “instalación del narcotráfico como tema prioritario en la agenda pública” y recordó qué eso se produjo en noviembre pasado, con las duras declaraciones del Episcopado y de la Corte Suprema de Justicia. De igual modo criticó la “‘policialización’ del discurso de seguridad” y “el uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior”, que reclaman “dirigentes que no toman en cuenta los consensos democráticos alcanzados en estos 30 años de democracia”.

En el mismo panel, la fiscal general Alejandra Gils Carbó agregó que una reforma en el Código Procesal Penal “podrá abrir una puerta para iniciar un cambio para limitar el sistema de autonomía policial”, ya que la propuesta oficial propone que “los fiscales son quienes tienen el control y la dirección de la investigación policial, que es el modelo más adecuado en el sistema de derecho”.

“No es casualidad que los precandidatos presidenciales más taquilleros hayan hecho una carrera de concurso represivo para ver cómo se reprime al pobre y cómo se estigmatiza a la pobreza en la Argentina”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.

El diputado también se dio licencia para relatar una experiencia personal para graficar la violencia institucional. Uno de sus cinco hijos, con “sentido antisistema”, “peleador”, llegó a su casa llorando y le relató que sin mediar ningún conflicto, la policía lo golpeó duramente, “le perforaron el tímpano y lo dejaron sordo”; que como “simple papá” realizó la denuncia pero “no solamente no logré todavía que se cambie de destino a los policías de la comisaría de mi pueblo, sino que además se les cerraron las causas y empezaron una persecución sobre mis hijos”.

También hubo paneles identificados como “La Policía dispara, la Justicia también”, “Ni un pibe menos”, “Todo preso es político”, en el que el líder de Quebracho, Fernando Esteche –preso por haber participado de la rotura de un local de campaña del ex candidato presidencial, el neuquino Jorge Sobisch, tras el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en su provincia–, no consiguió permiso judicial para participar del debate.

“Los medios y los periodistas pueden naturalizar algunas muertes, las de los que son considerados como delincuentes, y horrorizarse por otras, las de los que son ‘gente como uno’. Los eufemismos periodísticos son parte de este mecanismo: así, se dice motín por ‘reclamo’, menor por ‘chico’, y ahora linchamiento por ‘homicidio agravado’”, reflexionó el también periodista de este diario, Horacio Cecchi, en el panel “Linchamientos, violencia institucional y medios”.

“Los momentos actuales nos muestran las dificultades que la democracia y parte de la clase política todavía tiene para entrar de lleno y apropiarse de las instituciones de seguridad y de justicia. Y la forma en que debe hacerlo es con el debate público, popular y abarcativo de todos los sectores involucrados” es otra de las conclusiones que recogió el documento final del Encuentro en el Congreso.

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