Es la primera vez que el Estado uruguayo es convocado a una Audiencia ante un organismo internacional de derechos humanos por la temática carcelaria.
Aunque la información recabada por IELSUR es abundante, es importante priorizar los problemas que exigen una solución urgente y efectiva, si es que Uruguay quiere evitar una catástrofe humanitaria en las cárceles.
Ciertamente, el gobierno ha expresado en más de una ocasión su preocupación por la temática carcelaria. Más aún, ha emprendido algunas acciones que, vistas aisladamente, parecen indicar que finalmente se ha tomado conciencia de la magnitud del problema: una gravísima emergencia humanitaria que afecta a la enorme mayoría de los 9.300 presos del Uruguay.
Sin embargo, en los hechos, la política criminal del Estado no ha logrado un mejoramiento cualitativo de las condiciones de reclusión, que siguen siendo -para la gran mayoría de los presos- infra-humanas y degradantes. Las acciones adoptadas han sido -hasta el momento- tímidas e ineficaces; por otra parte, las omisiones son, a esta altura, contumaces y configuran -en sí mismas- un cuadro de violación sistemática de los derechos humanos de los reclusos.
El fracaso de la política penitenciaria se hace evidente en la medida que se consolida la crisis humanitaria. Crisis que se agrava día a día, como consecuencia del hacinamiento, que se ha instalado como una rasgo característico de nuestro sistema carcelario; al igual que la superpoblación; debiéndose sumar un crecimiento sostenido y descontrolado del número de presos, y unas condiciones de reclusión indignas, bajo todo punto de vista (edilicio, sanitario, alimenticio, etc.).
Por otro lado, desde el gobierno se ha defendido la privatización, tanto para la construcción como para servicios carcelarios fundamentales, como la alimentación y la limpieza. No se ha tomado en cuenta que la experiencia internacional demuestra que el ingreso del sector privado a las cárceles da lugar al «negocio de la seguridad», cuya rentabilidad depende del mantenimiento e incluso el incremento de la cantidad de presos.
La gravedad de la crisis humanitaria del presente, y la preocupación a futuro, por los efectos negativos que producirían algunas acciones del gobierno, hacen que esta Audiencia ante la CIDH sea una excelente oportunidad establecer un diálogo y lograr que la planificación e implementación de las acciones en materia carcelaria tengan como objetivo fundamental el pleno respeto de los derechos huimanos de los reclusos.
Fuente: IELSUR
