El lunes, un portal de noticias provincial, nada menos que una agencia pública de noticias, pues la misma pertenece a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP (www.agepeba.org) afirmó lo siguiente: “operadores de Casal coordinan campaña para encubrir mafias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), y para ello se lanzan contra las políticas carcelarias de la Nación (…). Mezclar todo con todo, para que un dato se confunda con el otro y así esconder maniobras, esa es la técnica. Fuentes del propio SPB – por razones obvias exigieron no ser identificados – confiaron que, con conocimiento de las máximas autoridades del ministerio provincial que está a cargo de Ricardo Casal, ‘buena parte del crimen de la provincia es cometido por presos que salen protegidos para delinquir, y que si alguien quiere saber como se comandan todas estas operaciones del crimen organizado tiene que levantar la tapa de la olla en la cárceles’”
“Esto es parte de una operación de sectores del sciolismo”, había disparado sobre la misma cuestión, la noche anterior ante las cámaras de la TV Pública, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak. Se refería seguramente a lo que unas horas más tarde la agencia citada consignaba en los siguientes términos: “operadores del gobierno de la Provincia coordinaron con Clarín una campaña contra las salidas de internos autorizadas judicialmente, para distraer la atención sobre como desde SPB se coordina buena parte del crimen (…). Desde adentro mismo de la redacción del diario Clarín se recogió que el dispositivo informativo señalado por Alak fue arbitrado por asesores de Ricardo Casal. ‘Es llamativo que todo esto surja a pocos días de no poder explicar las autoridades de la Provincia como hizo un preso para salir del penal de Florencia Varela vestido de mujer’, dijeron”.
Tiempo Argentino también había informado con amplitud sobre la maniobra de Clarín del domingo último respecto de la supuesta utilización de internados en penales para actos oficialistas y acerca de sus ulteriores repercusiones, maniobra a la que sumaron otros medios de la cadena nacional del miedo, del desánimo y del encubrimiento, recurriendo y dándole entidad de fuente confiable al parricida Sergio Schoklender.
Fue la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner la encargada de contextualizar lo ocurrido con toda crudeza, al calificar en la tarde del lunes de “mentira absoluta” lo publicado por Clarín, comparando esa “cobertura” con los mecanismos de minimización empelados por los todo terreno de Héctor Magnetto a la hora de (des) informar sobre la más que sospechosa fuga, la semana pasada, de preso Marcelo Segovia de un penal de Florencio Varela. “No les importa un pito la verdad; manipulan el dolor para atacar al gobierno nacional”, disparó la presidenta, para ampliar luego la definición que diera días atrás sobre la corporación mediática hegemónica, como “cadena nacional del miedo y del desánimo”, añadiéndole otra característica esencial, la del “encubrimiento”.
En el libro “Sigilo y nocturnidad en las prácticas periodísticas hegemónicas” (Ediciones del CCC; Buenos Aires; 2009), uno de sus autores, Fernando López, retoma a Jean-Marie Domenach en su libro “La propaganda política” (EUDEBA; Buenos Aires; 1993) y reflexiona sobre las cinco reglas de la propaganda que son utilizadas por la prensa en sus procesos de producción de contendidos: simplificación y enemigo único; exageración y desfiguración; orquestación; transfusión; y unanimidad y contagio. Observemos lo que escribió López acerca de algunas de ellas, para considerarlas como herramientas del “encubrimiento”: la exageración se presenta cuando un hecho es sobredimensionado con el fin de acentuar ciertos aspectos de un problema dado. Indefectiblemente, implica una desfiguración o deformación del acontecimiento; la orquestación consiste en la repetición de un tema, bajo diferentes aspectos, hasta lograr imponerlo en la llamada opinión pública; la unanimidad y contagio explica la tendencia de la propaganda a expresar la opinión de un grupo como unánime a toda la sociedad civil. Asimismo, se ejercen diferentes formas de presión para que esa universalidad trascienda la barrera de la simple enunciación, es decir, que pase de la pretensión al acto.
Pero resulta que el “encubrimiento” no sólo puede ser una práctica periodística, sino también un delito, cuando lo encubierto es una conducta sancionada por la ley penal.
“Todas las denuncias que tenemos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las tenemos por los servicios penitenciarios provinciales, ninguna por el Servicio Penitenciario Federal”, aseguró Cristina en el contexto de sus declaraciones antes citadas. Más o menos a la misma y al ser consultada sobre la gestión del gobernador Daniel Scioli y su ministro Ricardo Casal en materia de seguridad, la ministra del área en la Nación, Nilda Garré, consideró que “no se puede renunciar al control político de una fuerza de seguridad” porque ello influye directamente en el aumento del delito. La funcionaria se manifestó así en el 74º aniversario de la Gendarmería Nacional, en la escuela de formación General Don Martín Miguel de Güemes, en La Matanza, el populoso distrito del conurbano bonaerense.
En tanto, y en el contexto del juicio que comenzó el lunes a cuatro ex efectivos de “la Bonaerense” por torturar y asesinar al joven Christian Domínguez en la comisaría primera de Berisso, hace siete años, el padre de la víctima, Pedro Domínguez, dijo ante el Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata, que nunca creyó en la versión oficial de que su hijo se había ahorcado y dio los nombres de tres jefes policiales que lo visitaron en su casa para “convencerlo” de no investigar el caso. Según precisó, el comisario Sergio Chaile, la entonces Jefa Distrital de Berisso, Adriana Bustich, y el ex jefe de la fuerza, Juan Carlos Paggi, lo presionaron para que no se apartara de la hipótesis del suicidio. También reveló que él y su familia fueron blancos de espionaje policial durante la investigación por la muerte de Christian.
Desde el 11 de abril, los nueve senadores bonaerenses que integran la Comisión Especial de Acompañamiento y Seguimiento para el Esclarecimiento del asesinato de Candela Sol Rodríguez, escucharon los testimonios de 45 protagonistas, entre periodistas, abogados, funcionarios policiales y judiciales, familiares y peritos. Entre las 767 fojas de declaraciones taquigrafiadas que serán parte del informe final consta un sinnúmero de acusaciones al ministerio que conduce Casal, a funcionarios fiscales y a ex jefes policiales, por participación en actos delictivos y de “encubrimiento”.
Por eso la pregunta inicial: ¿dónde que está la Justicia bonaerense?
