En Julio del 2001 en Portugal entró en vigor una ley que descriminalizaba la posesión y el consumo de todas las drogas. Ambas actividades seguían siendo ilegales, sin embargo estas faltas eran sujetas a sanciones administrativas.
Se establecieron Comisiones de Disuasión (integrados por asesores legales, psiquiatras y trabajadores sociales) que pueden imponer multas o trabajo comunitario. También tienen la función de persuadir a los adictos a entrar en programas de tratamiento. Las autoridades portuguesas opinan que, una vez removido el estigma de la criminalización, los adictos son más propensos a buscar ayuda profesional.
Sus detractores argumentaron que esta ley dispararía el consumo doméstico y convertiría a la nación lusa en una meca de narco turismo.
Un estudio del CATO Institute ocho años después analizó las consecuencias de dicha medida. Entre 1999 y 2008 el número de adictos en clínicas de rehabilitación aumentó de 6,000 a 24,000, lo que da sustento a lo dicho por las autoridades de Portugal en materia de los adictos y cómo la criminalización los aleja del tratamiento. Entre 2001 y 2007 el número de adictos que habían probado alguna vez la heroína aumentó de 1 a 1.1%; por lo que el consumo no aumentó de manera dramática con la descriminalización. El país tampoco se convirtió en un destino para consumir estupefacientes.
Con otras drogas como la mariguana el consumo ha caído, posicionando a Portugal entre los países con índices más bajos de consumo en la Unión Europea (UE). La demanda de las drogas más dañinas ha disminuido entre los sectores más jóvenes del país (en especial entre los 15 a19 años de edad). Los drogadictos –sobretodo heroinómanos- previo a la despenalización representaban el 56% de los casos de VIH-SIDA, para 2009 cayeron a 20%.
CATO argumenta que “cuando un gobierno ya no gasta cantidades extraordinarias de recursos en arrestar, procesar y arrestar a consumidores de drogas, pueden utilizarse en programas de tratamiento altamente efectivos, al igual que servicios, como clínicas de metadona, para contener los daños vinculados a las sustancias ilícitas.
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