Trece miembros de una organización integrada por cuatro agentes penitenciarios federales es juzgada desde la semana pasada en Posadas por el tráfico de más de dos toneladas de marihuana que fue hallada durante un control vehicular de la Gendarmería en un camión del Servicio Penitenciario Federal.
Con la intervención de la fiscal general ante el TOCF de Posadas, Vivian Barbosa, el debate comenzó el lunes pasado y se prolongó durante dos audiencias en las que los acusados ejercieron su derecho de defensa y declararon los primeros testigos, en su mayor parte miembros de la Sección Puerto Rico (Misiones) de la Gendarmería Nacional que el 24 de mayo de 2011 encontraron el cargamento de marihuana en el camión del SPF, durante un operativo de control sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1466,5, en el paraje Mbopicuá.
Aquél episodio de fines de mayo de 2011 fue el inicio de una causa que luego llevó la investigación a diferentes fincas y personas de la zona y de la provincia de Buenos Aires. Entre los sospechosos, fue detenido el hoy principal acusado, el comerciante de 38 años Juan Darío Betros, quien fue capturado -meses después del hallazgo- tras un tiroteo con el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), mientras cursaba el posoperatorio de la cirugía estética (tenía vendas en su cara) a la que se había sometido para cambiar sus rasgos faciales.
Además de Betros (38), los acusados son el comerciante Sandro Néstor Zalazar (25); el fletero Aníbal Samudio (55); el changarín y estudiante Darío Samudio (47); el albañil y estudiante Javier Samudio (23); el chofer Julio Otto Schwarz (40); la mucama Virginia Mabel Samudio (32); el plomero Emilio Miguel Betros (63); la empleada María Estela Montiel (61), y los siguientes agentes penitenciarios: el ayudante de primera retirado Hernán Raúl Vargas (46); el ayudante principal Emar Favián Tevez (48); el ayudante de cuarta Sergio Daniel Briñoccoli (37), y el jefe a cargo de la División Suministros del SPF, Armando Hipólito Vallejos (52).
Juan Betros fue requerido a juicio en carácter organizador del almacenamiento de estupefacientes; los penitenciarios Tevez y Biñoccoli como coautores del transporte de la droga; sus colegas Vargas y Vallejos, Zalazar, Schwarz y Aníbal, Javier y Darío Samudio, como partícipes necesarios del transporte; Virginia Samudio y Emilio Betros, como partícipes secundarios del transporte; y Montiel, como facilitadora del lugar para el acondicionamiento y estiba.
El juicio continuará el próximo miércoles 29 con más testimonios. Para el jueves 30, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, integrado por los jueces subrogantes Lucrecia Rojas de Badaró (Corrientes) y Eduardo Belforte y Fermín Amado Ceroleni (Chaco), planea continuar con inspecciones oculares a los diferentes escenarios donde fue encontrada la evidencia que llevó a juicio a los trece acusados, entre ellos una finca de la ciudad de Eldorado.
«No me deje solo»
«Concitó la atención de los efectivos de Gendarmería Nacional ver un camión de esa fuerza en ese sector [noreste] de la provincia de Misiones, conociendo que la única unidad de ese Servicio tiene su asiento en la ciudad de Candelaria [en el sur provincial]», dejó asentado en el requerimiento de elevación a juicio la fiscal de Eldorado, Liliam Edith Delgado.
La acusación del Ministerio Público consignó que, con el vehículo detenido a la vera de la ruta, el perro adiestrado de la Gendarmería comenzó a «correr, desesperarse y jalar insistentemente la correa que lo unía a su guía».
La droga se encontraba en 26 cajas de madera, que contenían «gran cantidad de paquetes rectangulares sólidos, algunos envueltos con cinta adhesiva azul y otros de color marrón». En total, fueron hallados 2763 paquetes que en su conjunto contenían 2296,62 kilos.
El vehículo interceptado era conducido por Tévez y Briñóccoli. «El devenir de la investigación permitió determinar que además del chofer y el acompañante del camión oficial de la División de Suministro del SPF, repartición en la cual ambos prestaban servicios, el superior jerárquico de ambos, el subprefecto Armando Hipólito Vallejos, prestó activa colaboración en la maniobra de tráfico, valiéndose de su condición de funcionario público a cargo de la jefatura de la División de Suministros del SPF, y seguía de cerca la operación, manteniendo permanente contacto con sus subordinados», indicó la Fiscalía en la acusación.
Allí, se indicó además que Tevez, jefe del área de Transporte de la División Suministros, había diagramado el viaje con Vallejos: «Si bien obedecía al traslado de insumos varios a las distintas unidades penitenciarias del norte del país, esta finalidad lo era solamente a efectos de mantener las formas, pues el objetivo último del desplazamiento del vehículo oficial a la región Nordeste era el de servir, al retorno de la comisión a Buenos Aires, de medio transportador de las más de dos toneladas de droga que habían sido ingresadas al país en los días previos y convenientemente embaladas y acondicionadas por los demás componentes de la organización en la localidad de Eldorado».
El resto de la organización fue localizada a través de la investigación de campo (que incluyó los registros de pasajes aéreos de miembros de la banda y hasta multas de tránsito por infracciones en la zona y cámaras de seguridad públicas y privadas, que permitieron probar su asidua presencia en la zona) y los entrecruzamientos telefónicos, que revelaron el entramado entre particulares y miembros del SPF.
Entre otros ejemplos citados por la Fiscalía en la acusación, figuran las cinco llamadas en 25 minutos realizadas por Tevez a Vallejo desde el costado de la ruta donde había sido retenido el camión que conducía. Los testimonios de la gendarmes permitieron conocer parte del contenido de las conversaciones: «No me deje solo», le clamaba Tevez a su jefe Vallejos. Este, a su vez, mantuvo conversaciones con el retirado Vargas, quien por su parte hablaba con Juan Darío Betros. Betros, en tanto, tenía contactos con los Samudio y Zalazar. Y este, con Schwarz.
La dependencia del Ministerio Público remarcó que «del análisis global de la información obtenida de los respectivos abonados se advierte fácilmente un sincronizado correlato -anterior, paralelamente o inmediatamente posterior- en las comunicaciones entre unos con otros» y puntualizó que ello ocurrió «fundamentalmente en los días previos e incluyendo al 24 de mayo [de 2011] que es donde mayor intensidad en las comunicaciones se registran entre ellos».
Scharz es el hijo de María Estela Montiel, propietaria de la finca de Eldorado donde fue acondicionada la marihuana en las 26 cajas en el camión del SPF, según se pudo probar en un allanamiento practicado horas después del hallazgo. En la casa de los Samudio, también allanada, se fabricaban los cajones de madera que servían para transportar los paquetes de droga, que -se sospecha- ingresaba por la frontera con Paraguay.
Los últimos detenidos de la organización que fue llevada a juicio fueron Betros, el 20 de octubre de 2011, y el penitenciario retirado Vargas, el 22 de febrero de 2012. Ambos estaban resguardados en una falsa identidad y Betros, incluso, se había modificado sus rasgos faciales. La detención de Betros se dio en el marco de un procedimiento para el que fue convocado el GEOF, en un aserradero de la localidad de Garopá. Durante un tiroteo murió a quien los medios locales -que rotularon el caso como el de los «narcopenitenciarios»- sindican como el cabecilla de todos, el paraguayo Daniel Vargas Rodríguez.
