Lo interpondrá la defensora oficial, Mercedes Crespi, contra la Provincia y también contra la Nación. Mientras tanto, la Cámara Federal última detalles para poner en marcha un sistema alternativo. Crecen las versiones relativas a que el Servicio Penitenciario Federal se hará cargo de esa tarea.
Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info
A pocos días de que concluya el plazo impuesto por la Provincia para continuar trasladando a los presos federales de Córdoba, la defensora oficial, Mercedes Crespi, interpondrá hoy un amparo y solicitará una medida cautelar de no innovar para que el Gobierno de Córdoba continúe garantizando ese servicio.
Según pudo conocer Comercio y Justicia, el amparo será presentado ante la Justicia federal de Córdoba en contra tanto del Estado provincial como del nacional. En este último caso, la defensora plantea que es el Estado nacional el que, en última instancia, debe garantizar y velar por el traslado y alojamiento de sus detenidos.
Crespi planterá el recurso en representación de todos los detenidos que tiene a su cargo la Defensoría Oficial de Córdoba y, según en quien recaiga, serán los jueces Ricardo Bustos Fierro o Alejandro Sánchez Freytes quienes deberán dirimir la cuestión.
Se trata del primer planteo que llega a los tribunales luego de que el Ministerio de Justicia de la provincia, que conduce Graciela Chayep, decidió el 27 de mayo pasado poner coto al traslado de los detenidos federales aduciendo cuestiones de índole económica -concretamente, una deuda de 90 millones- que la Nación le debe a Córdoba por los presos federales que tiene alojados en la provincia-.
Paralelamente a la vía judicial y más allá de la suerte que pueda correr la cautelar que planteará Crespi, la Cámara Federal de Córdoba trabaja sigilosamente en una salida a la cuestión.
Precisamente ayer, el presidente de la Cámara, Luis Rueda, se encontraba en Buenos Aires ultimando detalles a lo que puede ser el cambio de manos del traslado de los presos federales y que, según versiones extraoficiales, podrán quedar a cargo de una delegación que envíe el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El tema será analizado el miércoles en una audiencia de la que participará la Cámara Federal de Córdoba, a la que ya fue citada Crespi y la delegada de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Roxana Gauna.
Consultadas por este medio, ambas coincidieron en no tener ninguna información de que vaya a ser el SPF el que finalmente se haga cargo del traslado de los detenidos.
Si ello se concretare, Crespi puso sus reparos y opinó ante este medio que la cuestión no es “tan sencilla” y planteó su preocupación sobre lo que ocurrirá cuando tengan que trasladarse internos de manera urgente -con un servicio de ambulancia, por ejemplo-.
Gauna prefirió no emitir opinión sobre estas versiones y dijo que desconocía si el SPF cuenta con la logística adecuada para hacerse cargo de la tarea.
