La Procuración Penitenciaria de la Nación(PPN) presentó un proyecto para acabar con la sobrepoblación en las cárceles. El objetivo es regular la capacidad funcional y de alojamiento de los penales federales.
Según informaron desde la PPN, la «propuesta prevé mecanismos de acreditación previos, con participación de los actores involucrados, procedimientos de alerta y control y la aplicación de un sistema de prevención de sobrepoblación».
Tanto la Procuración como otros organismos de Derechos Humanos han planteado en varias oportunidades los problemas de hacinamiento en algunos penales.
«En el ámbito federal, se comprobó ya hace años que la Unidad 28 del Sistema Penitenciario Federal (SPF) se emplea para el alojamiento prolongado de personas, a pesar de que debería funcionar como modo de traslado y alcaidía judicial para estancias muy acotadas», denuncian desde la PPN. La Unidad 28 funciona en el Palacio de Justicia.
El pasado mes de agosto, l a Defensoría General de la Nación instruyó a los integrantes del Ministerio de la Defensa para que interpongan un hábeas corpus en caso de que una persona asistida por el organismo esté más de 24 horas en esa dependencia, conocida como la Alcaidía del Palacio de Justicia.
La Procuración también constató que en otros establecimientos del área metropolitana -los Complejos Penitenciarios Federales I (Ezeiza) y II (Marcos Paz), y el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Devoto)- «se implementaron medidas improvisadas para incrementar irregularmente la cantidad de plazas, como el agregado de camas dobles en lugares preparados para lechos individuales, o la utilización de espacios destinados a esperas cortas durante el movimiento habitual entre pabellones como lugares de estancia permanente, aún cuando siquiera cuentan con acceso a sanitarios».
EL PROYECTO
Ante estas situaciones de hacinamiento y vulneración de los derechos humanos, la Procuración presentó un proyecto de ley basado en tres ejes:
1. La fijación y puesta en funciones de un mecanismo de acreditación confiable y transparente del cupo disponible en cada establecimiento penal
2. El funcionamiento de un sistema de acceso de información en tiempo real acerca de los niveles de ocupación, de modo de permitir un control permanente y la toma de decisiones fundadas con sostén en datos sólidos.
3. Un mecanismo de prevención y remedio concreto de la problemática de sobrepoblación.
«Es necesario que las fuerzas políticas y los grupos y personas que las avalan asuman la complejidad del asunto y se esfuercen por expresar una clara vocación política contra la superpoblación y la tortura», explicaron desde la Procuración en los fundamentos de la propuesta.
El proyecto completo
