Se le solicitó al juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, una urgente audiencia “en la que deberán estar” diversas áreas del Estado provincial como “la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires”.
La presentación judicial realizada por el Defensor Juvenil de La Plata intenta poner blanco sobre negro el gasto que realiza la Provincia de Buenos Aires en relación al servicio de internación de menores de bajos recursos en clínicas privadas para el tratamiento de adicciones y re sociabilización de los chicos.
A la vez, pidieron que intervengan en la audiencia, en carácter de interesados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Comisión Provincial Por la Memoria; La Defensoría del Pueblo de la Provincia.
El objetivo de la audiencia es elaborar “con la urgencia del caso” un servicio internativo en salud mental infanto juvenil, para la Provincia de Buenos Aires a desarrollarse en el Departamento judicial de La Plata, dependiente del Hospital de Niños Sor María Ludovica.
Axat explicó que muchos chicos con problemas de adicciones y sin familias son derivados a centros privados con herramientas para contenerlos. Y, en ese sentido, hizo foco en el gasto diario que realiza la provincia de Buenos Aires que, confrontados con los resultados, darían cuenta de un desfasaje entre precio y resultados obtenidos en el mejoramiento de la salud de los chicos.
Al respecto Axat explicó que “si bien las Comunidades Terapéuticas y Clínicas Conveniadas pretenden dar una imagen hacia fuera de que no se trata de un sistema carcelario, reproducen sus prácticas internas, se trata de esquemas asimilables, como dispositivo neutralización, a una cárcel”.
Además, mencionó que de esta manera, “se insiste con la idea que no resulta ser demasiado perspicaz para comprender que con el dinero que la Provincia (mal) gasta en camas e internaciones privadas para niños durante un año (es decir del servicio internativo tercerizado en manos privadas)”, y que con la misma “se podrían crear varias áreas públicas de salud mental internativas y externas, con profesionales expertos del área de salud y planteles de acompañantes terapéuticos idóneos, para varios Municipios de la Provincia”.
El defensor oficial entiende que “que este modelo tercerizado está agotado y obedece a un modelo político gestado durante la época de los 90, pergeñado bajo intereses parasitarios y lobistas que hicieron de la salud compleja (juvenil-vulnerable) una cuestión adaptada a las demandas coyunturales de seguridad, y brindando una respuesta fácil, de tipo solución carcelaria, y sobre la cual se adaptó la institucionalidad administrativa y judicial”.
Por otra parte, señaló que “quebrar esta semilla, o modelo que segrega, institucionaliza en manos privadas y medico-etiqueta de entrada a los niños adolescentes adictos vulnerables, dejando el terreno preparado para subjetividades arrasadas que, más tarde, se reciclan como violencia, delito y depósito carcelario de personas adultas”. Y concluyó que “el círculo se cierra desde que se demuestra que el sistema fabrica a sus victimarios, de los que luego se defiende”.
En otro pasaje del escrito, Axat se pregunta “si la Provincia de Buenos Aires pretende continuar con este estado de cosas, delegando su responsabilidad en un servicio esencial como es la salud, en manos privadas que no cumplen con el servicio y que a la vez hacen un negocio”; o si “bien tomará el toro por las astas, y establecerá un servicio de salud mental infanto juvenil internativo y de excelencia, “público”, acorde a la ley Nacional 26.657, convenciones y practicas en la materia”.
En la presentación judicial se reclama que la provincia informe oficialmente “contratos o convenios” existentes a la fecha con Clínicas Psiquiátricas y Comunidades Terapéuticas, volumen de gastos en el ejercicio 2011 y 2102 respecto de ‘internaciones’ practicadas en esos lugares”.
De un análisis del escrito presentado se puede concluir que existirían irregularidades en el manejo de dinero del área de Salud provincial; como también en las auditorías de esos lugares, las que serían inexistentes o laxas.
De allí que otro de los puntos en los que se hace foco en la presentación judicial es la calidad y el tipo de tratamiento que reciben los chicos internados. El defensor concluyó que se trata de un sistema carcelario alejado de los estándares de salud regulados en la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) que ampara los derechos de la salud mental de niños y adolescentes en lugares adecuados, “preferentemente públicos”.
