La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado comenzó ayer el tratamiento formal de la reforma del Código Procesal Penal sobre la base de iniciativas presentadas por legisladores oficialistas y opositores. El Gobierno, sin embargo, tiene previsto tener finalizado un proyecto oficial en los próximos treinta días que se espera que será el que se debatirá en definitiva en el Congreso. varios proyectos En una reunión que duró apenas veinte minutos, los integrantes de esa Comisión acordaron elaborar un listado de especialistas para que concurran al cuerpo a brindar su opinión sobre las propuestas de integrantes de la Cámara alta. Se trata de cuatro proyectos de reforma integral del Código Procesal Penal y de una docena de iniciativas de modificaciones parciales. El titular de la Comisión, el entrerriano Pedro Guastavino (FpV), informó que el ministro de Justicia, Julio Alak, le dijo por teléfono que en un plazo de “quince días a un mes, el Poder Ejecutivo tendrá finalizado un proyecto propio de reforma del Código Procesal Penal” que remitirá al Congreso. El senador por Entre Ríos aseguró, ante una consulta, que no esperará la propuesta del Gobierno para volver a convocar a la Comisión con el objeto de escuchar a los expositores porque -según indicó- Alak le aseguró que “hay gran cantidad de similitudes con los proyectos presentados”. Aludió así a los proyectos presentados por los senadores radicales Eugenio Artaza y Ernesto Sanz; el ex senador justicialista Alfredo Benítez y del mismo Guastavino. Si bien no preciso una fecha de la próxima reunión, al inicio del encuentro había informado que su intención era volver a convocar al cuerpo asesor antes del 15 de mayo. En la reunión, los senadores rechazaron una propuesta de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, la ahora macrista Patricia Bullrich, de dividir el tratamiento del Código entre ambas cámaras legislativas, ya que en Diputados también se abrió el debate de las iniciativas presentadas por los legisladores en la materia. En general, los legisladores coinciden en avanzar en una reforma integral del Código, que ponga y tipifique la investigación de los delitos en manos del fiscal o sea el Ministerio Público, dejar al juez para el dictado de la sentencia (para agilizar el trámite), y modificar el régimen de excarcelaciones. Guastavino había remarcado “la necesidad de la reforma”, ante lo que llamó la percepción social de que existe “una sensación de impunidad” y “para llegar también a darle una herramienta a la Justicia”. El encuentro, según fuentes parlamentarias, tuvo “más que ver con la intención de contentar a los senadores y eliminar las quejas por la falta de tratamiento de iniciativas” de la oposición, así como mostrar un Congreso en actividad en un contexto de incremento de las demandas en materia de seguridad, sobre todo después de lo ocurrido con la embestida del massismo contra el anteproyecto de reforma del Código Penal y su instalación mediática. juicio por flagrancia Mientras, el bloque de diputados del PRO presentó ayer un proyecto de ley que promueve el juicio por flagrancia con el fin de juzgar hechos en que los acusados fueren sorprendidos en el momento que lo cometieren o en posesión de objetos o rastros que hicieren presumir que acaba de participar en algún delito. La presentación del proyecto, que se lo denomina “anti puerta giratoria”, se realizó en las oficinas del bloque macrista y asistieron los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Pablo Tonelli, se lo denominó “anti puerta giratoria” Cornelia Smidt Lierman, Carlos Mac Allister, Cornelia Smidt Liermann, y la senadora nacional Gabriela Michetti.

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