La situación puede ser común y repetida en cualquier barrio de Paraná. Un día de mayo de 2009 una mujer denunció a sus vecinos (una pareja) por haberle tiroteado la casa a ella y su familia; y también a un tercero por haberlos instigado diciendo “¡tirales que están todos adentro!”. A los tres días, la misma denunciante amplió la acusación, donde sostuvo que la mujer de la familia que vive a pocos metros de su casa la cruzó en la calle y a punta de un arma de fuego le dijo: “Te voy a sacar las ganas de denunciar”.
De este modo, se inició una causa judicial contra la pareja por Abuso de arma y Amenazas calificadas por uso de arma de fuego. La misma recayó en el Juzgado Correccional Nº 2 a cargo de Pablo Vírgala y la fiscalía de Cecilia Bértora.
Los acusados fueron defendidos por el abogado Sebastián Reyes, y la tensión entre ambas familias llegaba a tal punto que los denunciantes se constituyeron como querellantes, con la representación de Javier Aiani.
Entre algunas medidas judiciales adoptadas en la investigación de la causa, la defensa pidió una revisión del lugar del hecho, y sostuvo que el delito denunciado era imposible de concretarse, debido que entre la casa de los acusados y la de los denunciantes hay una lomada que impedía realizar disparos desde la puerta de una vivienda hacia la otra.
Pasados algunos meses de aquel episodio y las denuncias, las familias fueron convocadas a establecer un acuerdo en el Centro de Mediación Judicial de la Defensoría del Pueblo de Paraná. Allí se constituyeron ,en setiembre de 2010 los padres de ambas familias, la denunciante y la acusada. En el diálogo sobre la situación planteada pudieron darse cuenta que el problema había surgido a partir de comentarios de terceros en el barrio, y ambas familias anhelaban en el fondo reencontrarse y restablecer la buena relación que habían tenido en otros tiempos, cuando incluso se juntaban a comer. De este modo, a través de un buen entendimiento, ambas familias manifestaron haber superado las diferencias y el interés en mejorar y recuperar una normal convivencia, en una “muestra de armisticio”. Además, los denunciantes expresaron su desinterés en que continúe la causa penal, por lo que el abogado querellante Aiani renunció a la querella.
La fiscal, en el mismo sentido, y atenta a que continuar con la investigación del supuesto hecho significaba profundizar el conflicto, prestó su conformidad con el compromiso de buena vecindad entre las familias, porque “todo había sido producto de una confusión”. La audiencia judicial se realizó en setiembre de 2011, y este año el juez Vírgala dictó el sobreseimiento de los acusados y el fin de la causa, al aplicar la conciliación establecida en el nuevo Código Penal.
Las partes actuantes en el caso sostienen que no solo se solucionó de manera pacífica y mediante el diálogo una conflicto barrial, sino que también se evitó que sucedan episodios más graves en el futuro.
La Mediación como un método pacífico
Entre los argumentos planteados para alcanzar el acuerdo entre las familias que estaban enfrentadas, se planteó lo manifestado por la nueva constitución provincial, que en su artículo 65 sostiene: “Se promueve la utilización, difusión y desarrollo de las instancias no adversariales de resolución de conflictos, especialmente a través de la mediación, negociación, conciliación, facilitación y arbitraje”.
En el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná se vienen abordando de manera creciente los conflictos de forma pacífica, como una instancia extrajudicial, voluntaria y confidencial. Como informó UNO en su edición del 1º de octubre, el 30% de las consultas que allí se recibieron en lo que va del año, tuvieron que ver con los problemas de convivencia entre vecinos, que se resolvieron hablando.
