Un proyecto de ley presentado en el Congreso ya comenzó a despertar polémicas antes de su sanción. El mismo propone que cualquier comentario publicado en Internet podrá ser considerado un “acto discriminatorio”, con penas que van de un mes a tres años de prisión a quien “incite a la persecución, odio o discriminación mediante mensajes publicados en la web”. En su contenido, asimismo, se insta a páginas web, blogs, redes sociales, agencias de noticias, medios de prensa, diarios online, revistas electrónicas y demás medios digitales, a evitar esos comentarios por parte de sus foristas y “evitar la difusión de contenidos discriminatorios”.

El proyecto es una ampliación de la ley de antidiscriminación vigente, que fue sancionada en 1988, al ampliar el concepto de “acto discriminatorio” e incorporar Internet y medios de comunicación, y es impulsado por los legisladores Diana Conti, Carlos Heller, Remo Carloto y Andrés Larroque.

De acuerdo al proyecto, será considerado de contenido discriminador todo mensaje publicado en las plataformas de contenidos producidos por los usuarios que “a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, mensajes, valores, íconos o signos transmita y/o reproduzca dominación y/o desigualdad en las relaciones sociales, naturalizando o propiciando la exclusión o segregación en razón de pretextos discriminatorios”.

Según surge del texto, la persona afectada por un acto discriminatorio de las características mencionadas podrá presentar la denuncia ante la autoridad administrativa, policial o judicial, quienes tendrán la obligación de recibirla. La imagen de ese comentario será prueba suficiente y entonces el juez estará encargado de determinar si aquello puede estar considerado como una discriminación, y ser castigado con alguna pena, a su vez invirtiéndose la carga de la prueba, ya que quien sea acusado de discriminador deberá demostrar que no lo es.

Por lo pronto, el proyecto ya comenzó a despertar opiniones encontradas. Por ejemplo, el propio Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtió que la propuesta “pasa por alto estándares vinculados a la libertad de expresión”. También, se discute la creación de una nueva figura penal al reprimir con penas de un mes a tres años los nuevos actos discriminatorios. Mientras tanto, el proyecto ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Derechos y Garantías, y avanza hacia las de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión.