«No hay una respuesta preventiva por parte del Estado, lo que da como corolario un país fuertemente armado y con respuesta cada vez más punitivas para controlar la situación», sostuvo el presidente del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Jorge Pan.
Con el respaldo de la Unión Europea, el instituto presentó ayer en la Sala Artigas de la Cancillería, un conjunto de iniciativas que persiguen la creación de un Plan Nacional de Desarme Civil. El propósito, explican los responsables de esta iniciativa, es «crear un marco informativo para el insumo de las políticas de control de armas». Una preocupación que, por otra parte, suscribe tanto el Ministerio del Interior como los mandos de la Policía Nacional que impulsan una nueva legislación en la materia, que penaliza la tenencia ilegal y el tráfico de armas de fuego. La cartera impulsa, además, un programa de canje de «un arma por una bicicleta».
El primer dato presentado por el titular de Ielsur proviene del Registro Nacional de Armas. Actualmente existen 584.112 armas de fuego legalmente registradas. Pero solo el 11% de estas pertenece a personal de la Policía, las Fuerzas Armadas y coleccionistas particulares.
Luego de repasar estas circunstancias el abogado Jorge Pan hizo hincapié en la necesidad de que la sociedad incorpore el tema. «Entonces estamos atacando las consecuencias y no vamos a las causas de la violencia para prevenirla», cuestionó el jurista.
Pan recordó que las cifras provenientes del Ministerio del Interior exhiben una preocupante incidencia del uso de armas de fuego en casos de homicidios y lesiones, particularmente en casos vinculados a ajustes de cuentas, pero también a disputas y violencia familiar y de género.
Y ello se debe, opina el especialista, en buena medida a la alta proporción de armas en manos de civiles. De acuerdo con los datos oficiales más recientes, solo en 2012 se registraron 5.394 armas nuevas, de las que el 63% fue presentada por particulares.
Diagnóstico y Campaña
El proyecto que Ielsur con apoyo de la UE presentó ayer va desde un estudio del fenómeno en Uruguay, a una campaña pública de sensibilización.
El primer paso será, entonces, un abordaje desde el punto de vista social y de salud. «Estudiar a nivel de la Salud Pública y la privada -dado que los recursos son finitos y cuando se saca de una cosa se vuelca en la otra-, la incidencia que tiene en el costo de la salud para la población. Las lesiones por armas de fuego, las lesiones con secuelas definitivas, otras temporales, pero cuánto pesa a nivel social», serán los objetivos de este estudio de impacto.
Luego Ielsur propone crear un observatorio para determinar de qué modo incide el uso de armas en el ámbito doméstico y cuánto pesan en casos de violencia intrafamiliar extrema.
En forma paralela, se planteará a estudiantes de las facultades de Ciencias de la Comunicación del sistema universitario público y privado, su participación en una campaña de bien público, cuyo objetivo será el de sensibilizar a la población.
«Y después, con todos los insumos podremos plantear una política pública, integral, de solución pacífica de conflictos, de desarme de la sociedad civil y el nuevo paradigma: un arma no es garantía de seguridad», resumió Pan. El programa en su totalidad, estimó el titular de Ielsur, llevará todo lo que resta de 2013 y parte del año próximo para su desarrollo.
Cifra roja
En 2012 hubo 267 casos de homicidio, según datos del Ministerio del Interior. La cifra supuso un aumento del 34% respecto a 2011. La tasa de homicidios se fijó en 8,1 por cada 100.000 habitantes.
En el 73% de estos casos el autor utilizó un arma de fuego para consumar el homicidio.
El uso de armas de fuego predominó en casos de: ajustes de cuenta (29%); altercados y disputas (18%); violencia doméstica (17%); rapiña (14%) de los registrados en 2012.
http://www.elpais.com.uy/informacion/proponen-programa-nacional-desarme-civil.html
