Los delitos de corrupción «deben ser imprescriptibles», expresó el diputado provincial Darío Casado (PRO), y por eso elaboró un proyecto para instar a los legisladores nacionales por nuestra provincia para que se modifique en ese sentido el artículo 59 inciso 3 del Código Penal.
«No es necesario mirar mucho más allá de nuestra comunidad para observar los vestigios que deja la corrupción. Sólo basta traer a nuestra memoria los miles de casos de familias que no cuentan con un trabajo y una vivienda digna, debido al desvío permanente de fondos y asignaciones arbitrarias», fundamentó Casado.
Agregó que se suelen desviar fondos públicos «para provecho personal de funcionarios y de sus ‘socios’, muchas veces personas o empresas del sector privado», a veces «aumentando enormemente los costos de las obras o acciones del estado o generándolas de una calidad muy inferior a la pagada. Es común transitar por rutas que al poco tiempo de construidas presentan deterioros que no se corresponden con el tránsito que soportan, edificios públicos con serias fallas constructivas que se manifiestan ya antes de su inauguración, o prestaciones de servicios de muy baja calidad a un alto costo».
Descreimiento.
No dejó de considerar que eso genera en la ciudadanía «un enorme descreimiento», que pueden llegar a no pagar sus impuestos, y «a sentirse estúpidos con funcionarios que salen enriquecidos después de pasar por cargos públicos». Fue más allá al decir que ese descreimiento «es una de las causas del aumento de la violencia que sufre la sociedad argentina ya que genera resentimiento y enojo, derribando los diques de contención éticos y morales que nos deben sostener socialmente».
El legislador del PRO estimó que «un estado corrupto que mal utiliza sus recursos necesita aumentar fuertemente los tributos para sostenerse. En nuestro país pasamos en pocas décadas, de un IVA diferenciado que tenía un promedio del 10 % de tributo a un 21 %; se conciben impuestos de aplicación transitoria pero que terminan quedando definitivos».
Altos índices de corrupción.
Casado señaló que «nuestro país figura en rankings de corrupción elaborados por entidades de prestigio internacional, como Transparencia Internacional, con un aumento permanente y sistemático de la corrupción en el Estado. Es un flagelo al que hay que atacar, y le corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal».
Se quejó porque a veces «la falta de investigación» y «las sucesivas demoras que sufren las causas» contra funcionarios acusados de corrupción, permiten que a muchos no se les aplique condena, amparados en «el instituto de la prescripción».
