Durante la semana el ministro de Gobierno, Rodolfo «Olfi» Lafalla, anunció que el Ejecutivo provincial planea construir una nueva cárcel a través de capitales privados. La propuesta viene por parte del grupo Obras Andinas, del empresario Omar Álvarez, quien tiene en carpeta el proyecto del edificio. Tiene que ver con la construcción de un complejo en Cacheuta, junto a Almafuerte, por alrededor de entre 700 y 900 millones de pesos y para albergar cerca de 1.000 presos.
Así, el Gobierno provincial agrandaría la capacidad para asilar internos sin tener que costear una millonaria suma en el corto plazo, sobre todo cuando ni siquiera se consideró en el Presupuesto.
Lo cierto es que son varios los gobiernos estatales y locales que, en su lucha por equilibrar sus presupuestos, están explorando la posibilidad de aumentar ingresos y reducir costos, y la opción de transferir algunos de los servicios de los que el gobierno ha sido tradicionalmente «dueño» al sector privado, es usual, y uno de ellos son las cárceles.
Estados Unidos, el primero
Estados Unidos es pionero en el lucrativo negocio las cárceles privadas, que comenzó cuando el gobierno empezó a subcontratar el manejo del sistema penitenciario a las empresas, en los años 80.
La mayor empresa de cárceles en Estados Unidos, Corrections Corporation of America (CCA), fue la primera de esta innovadora industria.
«La industria surgió en un contexto dominado por la mentalidad conservadora de la época de Ronald Reagan y por políticas de mano dura, que crearon la suficiente demanda para convencer a un grupo de inversionistas de que existía una oportunidad empresarial», explicó a Télam Donald Cohen, director ejecutivo de la organización In the Public Interest.
Las primeras cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres con la promesa de garantizar empleos, aumentar la recaudación y abaratar los costos que provocaba la creciente población carcelaria a los gobiernos.
Cumplían las mismas reglamentaciones que las prisiones públicas y una vez en funcionamiento estaban bajo el control de los mismos entes gubernamentales, pero, como toda empresa, su objetivo último era el lucro.
Sería un grave error tratar de resolver la situación de horror que se vive en los centros carcelarios de Latinoamérica privatizándolas
Primero fueron los municipios, luego los gobiernos de los estados, principalmente en el sur del país, cerca de la frontera con México, y finalmente, con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca, el Estado nacional.
El director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Elías Carranza, advirtió que “sería un grave error tratar de resolver la situación de horror que se vive en los centros carcelarios de Latinoamérica privatizándolas, ya que resulta un negocio que agrava el problema penitenciario”.
Por su parte el académico del ILANUD, Stephen Nathan, también embistió contra la gestión privada de las cárceles al sostener que “hay un patrón bien documentado de que el personal de esas cárceles está mal capacitado, tiene bajos salarios y trabaja con una alta rotación de los empleados” detalló.
Las posturas coincidentes en desalentar el sistema carcelario privado, que sigue creciendo en los Estados Unidos y países avanzados de Europa -Gran Bretaña, Holanda y otros-, se manifestaron con esta contundencia en el “Seminario sobre Sistemas Penitenciarios y Derechos Humanos” patrocinado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México.
Según estudios de la Universidad de California, hay “una baja inversión en la mano de obra y, si se comparan poblaciones sometidas a iguales regímenes de seguridad, las prisiones privadas tienden a ser más violentas que las públicas” opinó Nathan.
En 2011, las cárceles privadas llegaron por primera vez a América Latina. Primero fue Brasil y luego Chile. En ambos países tienen detractores y defensores del sistema privado de cárceles.
Ese mismo año, la National Public Radio desnudaba las inmensas sumas de dinero que la Corrections Coorporation of America (CCA) -la más grande operadora de cárceles privadas en Estados Unidos- había aportado a diferentes campañas políticas de ciertos personajes que luego votaron a favor de la aprobación de la controvertida “ley antiinmigrantes” (Ley Arizona) que ordena la detención de toda persona que las autoridades sospechen de ser inmigrantes ilegales.
Cassia: “No me preocupa si es privada”
Sobre este tema opinó el diputado massista Daniel Cassia, quien consideró que la iniciativa privada “es aceptable, porque la provincia no tiene forma de construir cárceles”.
“Mendoza no puede ni reformar una obra mínima. Vimos el bosquejo y la distribución, en principio me parece bien. No me preocupa si es privada o el precio, que luego puede rebajarse”, aseveró Cassia.
“Lo que más me preocupa es el hacinamiento y el colapso que tiene todo el sistema. Me preocupa que alguien meta una ley o que algún organismo internacional provoque una multa que meta una ley de cupos, donde ordenen que no se pueda ingresar más presos. Ahí surgirá el problema de qué se va hacer con el resto”, vaticinó el diputado.
Casi recordó al respecto que Mendoza “ya tuvo un amenace de ley de cupos en el 2004, cuando yo era senador, y Julio Cobos amagó con una. Por suerte luego se tomó la decisión de construir Almafuerte, que finalmente quedó chica”.
“Almafuerte ya tiene hacinamiento por más de que sea nueva. En cada celda se está colocando un camastro más para incorporar más de lo debido”, agregó.
Ojalá Mendoza tuviese el dinero disponible o presupuestado para construir cárceles.
Según Cassia, en Mendoza existen varios lugares aptos para la construcción de complejos carcelarios. “Hay varios, no solo Almafuerte, pasa que se quiere aprovechar el terreno contiguo porque ya tiene los estudios hechos”.
Cassia demás manifestó que si bien aún no ha llegado a la Legislatura la propuesta oficial, recomienda la construcción de cárceles “de no más de 500 internos” y “módulos de baja peligrosidad”.
Martín Appiolaza, especialista en Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, consideró por su parte que 1.000 internos, no es buen número para empezar, y que de hecho “se tiende en el mundo a la construcción de cárceles más chicas y manejables”.
Pablo Salinas: “El único que puede tener una prisión y administrarla es el Estado”
Pablo Salinas, abogado, titular de la Cátedra Problemática del Control Social y la Violencia de la Universidad Nacional de Cuyo y Apoderado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza, dio su opinión a MDZ sobre la “privatización del delito”.
“No estoy de acuerdo con las cárceles privada. Este modelo ya fracasó en EEUU y Chile”, expresó y apunto: “El sistema de las cárceles privadas es similar a la venta de una impresora, la cárcel es barata y los insumos son carísimos”.
Es que para Salinas, “el Gobierno se encuentra muy seducido porque los precios suelen ser económicos, pero las empresas requieren un acuerdo de comprar los insumos, que son muy caros”.
Las cárceles privadas tienen como finalidad el lucro y en temas tan sensibles no puede privar el lucro.
“Entiendo que es para cuidar las cuentas del Estado, pero también está el tema de violar los derechos”, reclamó el abogado de DDHH e indicó: “Las más graves violaciones de DDHH se dieron en cárceles privadas”.
Salinas considera que “los que hacen negocios con cárceles privadas les conviene el incremento de la prisionalización y el aumento del delito, porque su empresa es exitosa si crece el delito, y esto no es ético”.
El criminólogo Nils, Christie escribió sobre la industria del control del delito. Él habla de una verdadera industria que vive del delito.
Salinas no solo se mostró en contra de la privatización de las cárceles, sino que pidió admeás “militar en contra de las cárceles privadas”.
“Esto ya fracasó. No podemos siempre venir a la cola de las cosas que ya fracasaron. El Estado no puede delegar una función central que le dicta la Constitución; no la puede tercerizar. El único que puede tener una prisión y administrarla es el Estado”.
Concluyendo
Es real que la construcción de nuevas penitenciarías no está no en los planes del gobierno provincial, pese a las malas experiencias y tirones de oreja de organismos internacionales que ha caracterizado a Mendoza.
Que una empresa privada haya salido a “solucionar” de un plumazo está cuestión se perfila como oportuna. Pero también existen algunos temores latentes centrales en torno a la privatización de las cárceles. Una tiene que ver la posibilidad de que se generen ciertos “incentivos” para tener a más personas en reclusión. Como en cualquier negocio, en el mercado todo oferente busca crecer. Por supuesto esto quedará descartado cuando se expongan los detalles del proyecto.
Otro punto tiene que ver con el hecho de delegarle responsabilidades públicas a un privado deja abierta la puerta a trasladar otras potestades públicas difíciles de cumplir a empresas que tengan el capital para materilizarlas. Acciones que van quedando cada vez más lejos del “Estado presente” que pregona el Gobierno nacional.
http://www.mdzol.com/nota/564697/
