Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adicción a las drogas es la segunda causa de muerte en el mundo. Pero en Colombia, la adicción no está reconocida como enfermedad.
La afirmación la hizo el senador Juan Manuel Galán (Partido Liberal) al defender un proyecto de ley que se podría convertir en la primera iniciativa legal que reconocería la adicción a las drogas como un problema de salud pública.
Pero la iniciativa tendría implicaciones muy superiores, tal como lo admite el autor del proyecto, senador Juan Carlos Vélez Uribe (La U). Porque de convertirse en ley le daría un giro a la política del Estado contra la droga, al priorizar su ofensiva en el eslabón final de la cadena: el consumo.
El proyecto es precisamente el que reglamenta la última reforma constitucional que impulsó el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la que prohibió el consumo de droga en el país y que revirtió los alcances de una sentencia de la Corte Constitucional (del magistrado Carlos Gaviria) que despenalizaba la dosis mínima.
Y los más de treinta artículos del proyecto establecen la obligación al Estado de implementar una fuerte política de prevención y de ofrecer a los adictos todos los procedimientos para su rehabilitación.
Juan Carlos Vélez afirma que, de aprobarse el proyecto, trazaría una política de Estado para combatir el consumo.
En otras palabras la política contra las drogas tendría un giro, pues se invertirían los mismos recursos que se usan en el combate a la producción y el tráfico de estupefacientes, en la prevención del consumo y la rehabilitación de adictos, quienes además, ya no serían considerados criminales, sino enfermos.
Nadie sabe si el gobierno desconocía el proyecto, pero en el debate de la Comisión Primera, en el que se aprobó, no estaban ni los ministros de Interior (quien estaba presentando un plan de Vivienda), ni el de Justicia (de viaje en Estados Unidos), ni los de Defensa y Hacienda.
Los costos de la prevención
Al declarar la adicción como una enfermedad, el proyecto, según el ponente Juan Manuel Galán, avanza para que el sistema de salud pública garantice los procedimientos para la rehabilitación. Un paso más para que el POS incluya la adicción como enfermedad.
El temor que tienen autores y ponentes es que cuando aparezca el gobierno a pronunciarse declare esta iniciativa inviable.
Juan Carlos Vélez recuerda que un proyecto anterior, con alcances similares, fue hundido en el Congreso porque el gobierno consideró que la rehabilitación de los adictos significaba dos billones de pesos, es decir cerca de 40 millones por adicto. Según censos oficiales del 2009, la población alcanzaba entonces los 500 mil adictos en el país.
Por eso el proyecto contempla recursos para prevenir el consumo. Propone invertir hasta el dos por ciento del presupuesto nacional o el 40 % del FRISCO (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado). El gobierno se opone a esta última opción porque los recursos de ese fondo están en su mayoría destinados para la construcción de cárceles.
También hay propuestas más audaces para generar recursos que financien esa nueva política, como que se dediquen dos mil pesos del régimen contributivo para destinarlos a la prevención.
Juan Manuel Galán admite que si el proyecto reconoce la adicción como enfermedad, los costos para el Estado pueden ser altos. Por eso explica que el proyecto obliga a que haya una política «clara y concreta» para prevenir el consumo. «La relación costo beneficio de la prevención es más alta que darle tratamiento a adictos».
El debate internacional
Según Galán, este proyecto no se mete con la discusión que se ha abierto sobre el cambio de la política. Solo reglamenta un artículo de la constitución que, en otras palabras, aunque el consumo es prohibido, establece que el Estado no puede dejar solos a los adictos. «Se requiere una política seria de tratamiento y salud pública, y eso es lo que pretende el proyecto».
El gobierno lleva seis meses diseñando la reforma a la ley 30 de 1986, que será su política contra el consumo. Pero el Congreso se adelantó y ya impulsó un proyecto que podría definir una nueva política contra las drogas.
El presidente Juan Manuel Santos, de momento, se ha mostrado dispuesto a dar un debate internacional sobre el giro de la política contra las drogas y hasta contemplar la legalización de la marihuana. Pero su política sigue siendo de dura ofensiva contra la producción y el tráfico. Si este proyecto se convierte en ley, Santos, y sus sucesores, estarían obligados a cambiar de política.
Casualmente hace una semana el Gobierno de Barack Obama presentó una nueva estrategia contra el narcotráfico, que aunque sigue rechazando la legalización, busca alejarse del enfoque estrictamente policial en el tratamiento a los adictos. Es decir, contempla la misma línea de prevención que el proyecto presentado en el Senado colombiano.
«Las políticas obsoletas como el encarcelamiento masivo de los infractores no violentos son reliquias del pasado que ignoran la necesidad de enfocar nuestro problema de drogas con un equilibrio entre la salud pública y la seguridad», dijo al respecto el «zar» antidrogas estadounidense, Gil Kerlikowske.
