un día de actividad intensa en la confitería. Fabián se mueve de una punta a otra. Saca del horno una enorme fuente y corta en trozos la tarta de fiambre, aún caliente. Chequea que el chocolate que puso a derretir no se esté quemando. Decora con granos de colores la torta bañada en merengue. A su alrededor, todos tienen alguna tarea: armar paquetes con los bocaditos, controlar las milanesas que se están cocinando, lavar lo que ya no se usa. Todo debe estar listo antes de que vengan a retirar el pedido para la fiesta de 15. Al lado, en otro local, Antonio y Arturo atienden a los pocos clientes que se atreven a desafiar la lluvia para ir hasta el almacén. A una cuadra de allí, Julio y sus empleados arreglan una de las máquinas con las que hacen bloques mientras piensan en un menú alternativo para el almuerzo: el día no está bueno para un asado.

Podría tratarse de la rutina cotidiana de un pueblo cualquiera. Sólo los alambrados perimetrales dan cuenta de que todo esto ocurre dentro de una cárcel. Y ese es el objetivo que se busca en el penal uruguayo de Punta de Rieles: que el lugar se parezca menos a una prisión y más a la vida en libertad.

Inspirada en este modelo, la Asociación Pensamiento Penal, una ONG argentina dirigida por el juez Mario Juliano e integrada por otros magistrados, fiscales, defensores oficiales, letrados particulares, funcionarios judiciales, profesores universitarios y estudiantes de derecho, elaboró una propuesta de ideas fuerza para generar un cambio en el sistema penitenciario del país.

«Los elevadísimos costos que representa el mantenimiento de las cárceles» argentinas y el hecho de que «los individuos que egresan de las prisiones se encuentran en iguales o peores condiciones que cuando ingresaron» fueron los fundamentos que promovieron esta propuesta, que será presentada en el Congreso el próximo 4 de junio.

El proyecto prevé la pacificación de la vida carcelaria, teniendo como eje el traspaso de los establecimientos penitenciarios a la órbita del Ministerio de Cultura. También proponen el reemplazo de «la cultura militarista en favor de un cuerpo civil» y promover la autogestión de las cárceles, fomentando alternativas laborales, culturales y económicas para los presos.

En Uruguay, un duro informe sobre los penales de ese país, presentado en 2009 por el relator de la ONU Manfred Nowak, promovió un consenso de las diferentes fuerzas políticas del país vecino, que derivó en la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con el objetivo de reformar el sistema penitenciario. Hoy la mayoría de las cárceles uruguayas están bajo la órbita de esta institución. En total hay 9900 presos en todo el país.

 

 

«Queremos construir ciudadanía, humanizar los penales. El sistema carcelario enfocado en la seguridad ha fracasado», dice Luis Parodi, actual director de Punta de Rieles. Y aclara: «No somos una cárcel modelo, somos una propuesta diferente».

Punta de Rieles, ubicada en las afueras de Montevideo, tiene un pasado oscuro: fue un centro de detención y torturas de presos políticos. Fue reinaugurada en 2010 bajo este nuevo concepto que busca humanizar las prisiones.

Por fuera se parece a muchas otras cárceles: está rodeada de alambrados, hay agentes vigilando el perímetro con sus fusiles, y tiene un sistema de requisa para el ingreso de visitantes. Pero dentro de este penal, los guardias fueron reemplazados por unos 200 operadores penitenciarios, en su mayoría mujeres, que no portan armas y tienen una formación más orientada al trabajo social, la psicología y los derechos humanos.

El sistema carcelario enfocado en la seguridad ha fracasado

La cárcel aloja a unos 500 presos. Sólo pueden estar en esta cárcel hombres condenados por cualquier delito, excepto los acusados de un crimen sexual. Para determinar quién ingresa a esta prisión, se lleva a cabo una evaluación mediante una junta que se reúne semanalmente.

Aunque este modelo carcelario es reciente y aún no hay datos específicos, el sistema apunta a bajar la reincidencia, y sus promotores están convencidos de que se está logrando.

«La idea es que haya transversalidad no sólo entre los distintos funcionarios del sistema penitenciario, sino entre todas las áreas del Estado. Queremos que todos los Ministerios se involucren con las cárceles», explica Luis Eduardo Mendoza Novo, director del INR.

UNA CÁRCEL DISTINTA

 

En algunos aspectos, Punta de Rieles funciona como un pueblo. Los presos pueden crear sus propios emprendimientos laborales, contratar a otros internos como empleados y pagarles un sueldo e incluso vender productos y ofrecer servicios hacia afuera del penal.

La confitería, el almacén social, la bloquera, una peluquería, una rotisería, una casa de tatuajes y una huerta son algunos de los proyectos creados por los detenidos que se distribuyen sobre las callecitas de tierra del predio, donde en un día normal los presos circulan casi sin restricciones, siempre dentro del perímetro.

Las celdas, que son para 6 o 4 personas, sólo se usan para dormir y algunas barracas permanecen abiertas las 24 horas. A su vez se proyecta que haya lugares individuales para que los detenidos puedan tener un espacio de privacidad.

La atención a la salud de los presos tampoco depende del personal penitenciario. Está a cargo de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). En el penal funciona un policlínico las 24 horas y un taller de prótesis dentales.

«Es como un barrio privado, ¿no?», bromea Denis, que atiende a los clientes por la ventanilla de la panadería. El lugar es humilde, pero con el esfuerzo de los propios presos fue mejorando. Entre otras cosas, construyeron un parque de juegos para los días en que sus hijos vienen a visitarlos. En el medio del predio hay una pequeña plaza, centro neurálgico del lugar, como ocurre en los pueblos.

Las garitas dentro del predio están abandonadas: pasaron a formar parte del paisaje. Para que acompañen la idea de que Punta de Rieles se parezca a un pueblo, van a ser intervenidas artísticamente.

El sábado es día de visita y en la puerta de la cárcel, las familias compran tickets para que los presos puedan hacer compras en los comercios del penal. La plata que pagan por cada ticket es depositada en la cuenta del preso dueño del emprendimiento. El monto de dinero que los presos o sus familiares pueden invertir en los tickets internos no puede superar los 1500 pesos uruguayos mensuales (aproximadamente 500 pesos argentinos).

Este sistema fue inventado por Fabián, uno de los presos, dueño de la confitería. «Todavía pensamos, ¿vio?», dice después de explicar el funcionamiento de la «moneda» interna. La confitería ofrece servicios de lunch para fiestas y eventos fuera del penal.

No sirve de nada capacitarte en la cárcel si nadie te va a dar trabajo

El dinero que ingresa le pertenece al emprendedor, que generalmente lo usa para pagar los sueldos de los internos que trabajan para él, para ayudar a su familia fuera de la cárcel, o para comprar insumos a los proveedores. A los emprendedores sólo se les descuenta un canon variable de hasta el 20% por el consumo de electricidad y agua y el uso del terreno.

Con mucho esfuerzo, Fabián logró armar un pequeño local fuera de la cárcel, que abrirá cuando salga en libertad. «La primera vez que estuve preso pasé 9 años encerrado en una celda en otro penal, casi sin poder hacer nada. Cuando salí era un bicho. Volví a caer», cuenta Fabián. «Estando acá es distinto. Pero no sirve de nada capacitarte en la cárcel si después nadie te va a dar trabajo. Por eso quiero tener mi propio lugar, y darle un empleo a los compañeros», explica.

 

 

El 80% de los emprendimientos dentro de Punta de Rieles son de los presos. También hay detenidos que trabajan para el Estado y cobran un peculio, que en algunos casos representa medio salario mínimo uruguayo (aproximadamente 1600 pesos argentinos).

En el área educativa, un espacio llamado Inclusión Digital fomenta que los detenidos accedan a Internet, con algunos filtros. «Así me capacité para crear la bloquera», explica Julio, un hombre de 44 años que debe cumplir condena hasta el año 2030 y hace cuatro años que está en Punta de Rieles.

«Empecé de cero. Ahora tengo cuatro empleados y fabricamos entre 5000 y 6000 bloques por semana, que se venden a cooperativas», cuenta.

MANTENER LOS LAZOS

 

Cuando Antonio fue trasladado desde otro penal a la cárcel de Punta de Rieles, apenas emitía una que otra palabra. Hoy, él y Arturo, otro de los internos, son dueños de un almacén dentro de la cárcel pueblo.

«Fue raro al principio ver que en lugar de policías había operadores, la mayoría mujeres. Pero a la larga me di cuenta de que era mucho mejor. Los operadores hablan con los presos, tratan de mediar para resolver los conflictos, no te están dando órdenes todo el tiempo. Eso me ayudó a volver a sociabilizar», dice Antonio.

El cambio de actitud y de ambiente lo notan también las familias. «Están más tranquilos. Aunque acá también requisan a las visitas y eso siempre es horrible, venir a vernos a Punta de Rieles no les resulta tan violento. No hay policías armados vigilando cada paso», cuenta Antonio.

El trabajo también refuerza su relación con los que están afuera, porque mucho del dinero que ganan les permite ayudar económicamente a sus familias. «Desde que tengo el almacén, mi mujer me ama más», dice, entre risas, Arturo.

Para que puedan mantener los lazos familiares, a gran parte de los presos que trabajan se les permite el uso de celulares. También se autoriza que las esposas de algunos presos se queden a dormir con ellos los fines de semana.

«Si pueden hablar con sus seres queridos, si mantienen esos lazos, están más tranquilos. Hay menos violencia y no se genera esa ruptura abrupta con el círculo familiar que producen las prisiones», explica Rolando Abersún, ex director de Punta de Rieles.

Los presos también tienen acceso a la educación primaria y secundaria. Incluso uno de los detenidos consiguió un permiso para salir a estudiar a la Facultad de Ingeniería, algo para lo que están aplicando también otros presos. Este hombre recorre 35 kilómetros por día en bicicleta para poder ir a estudiar y regresar al penal para dormir.

 

 

Martín, el «peluquero del barrio», ahorra cada centavo de los 50 pesos uruguayos (unos 16 pesos argentinos) que cobra por corte de pelo para poder pagarse un curso para mejorar su técnica. «Aprendí solo y todos vienen a cortarse el pelo conmigo. Pero quiero mejorar», cuenta, mientras atiende a Trompa, el dueño de la rotisería de al lado. La peluquería «Lo de Castro» se construyó en una garita en desuso. Es pequeña pero tiene todo lo imprescindible: un buen espejo, rasuradora, tijeras, un cómodo sillón regulable.

En uno de los edificios del predio funciona la radio del «pueblo». «A este lugar lo cuidamos entre todos los que trabajamos acá. Es un espacio de libertad», dice Darío, locutor y cantante.

Cuando el día está por terminar, para despedir a los visitantes Darío canta a capella una canción que él mismo escribió. La letra habla de la angustia del encierro y de lo difícil que es para un preso ver cómo la vida sigue, los hijos crecen, mientras ellos están en la cárcel. «Fui bien educado, pero mal aprendido», lamenta Darío al terminar de cantar.

Cae la noche, las calles de la cárcel pueblo se vacían y los detenidos vuelven a sus celdas Afuera, una pareja se abraza bajo la lluvia, cerca del ingreso al predio. Es la hora de la despedida, termina el día de visitas. «Este es el momento más duro», murmura un preso que observa la escena.

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