El título de este artículo de opinión nos obliga a pensar en soluciones para un problema serio y complejo: las cárceles de nuestro país. Si no queremos que en Costa Rica se repita la triste y trágica experiencia de la cárcel de Comayagua de Honduras, debemos centrarnos en las propuestas concretas de soluciones a los problemas de hacinamiento, sobrepoblación y violencia de los centros penales.

Probablemente, no haya una sola respuesta a este problema, sino que sean variadas y de diferente orientación. Existe consenso en cuanto a que estamos frente a una crisis seria, una grave situación que vulnera los derechos humanos, en primer lugar de los presos, pero también afecta al personal administrativo, técnico y de seguridad de las cárceles.

Para responder a la pregunta formulada, quiero proponer tres posibles soluciones y alternativas al problema, que deberían tomarse de forma inmediata, a corto y largo plazo.

Respuestas inmediatas. Urgen medidas para reducir la sobrepoblación penitenciaria, tanto de adultos como de menores de edad. Para el período entre el 2005-2010, hubo un incremento de 2.793 presos, con una sobrepoblación de 22%. La sobrepoblación incide negativamente en la seguridad de los centros y las condiciones de salud e higiene y pone en peligro la vida de todas las personas de cualquier sistema penitenciario.

Además, resulta imposible llevar a cabo verdaderos programas de atención y reinserción social. La solución es la desinstitucionalización progresiva. El Ministerio de Justicia tiene facultades para realizar valoraciones extraordinarias, por situaciones sobrevinientes y en virtud del principio de humanidad en el cumplimiento de la pena de prisión. Se deben confeccionar listas de reclusos por ejemplo, condenados por delitos leves, menores de edad, personas enfermas o de la tercera edad, a las que les falta poco para cumplir su condena y liberarlos progresivamente. Además, establecer un plan de control y supervisión administrativa, para que estos condenados cumplan su pena en programas alternos no institucionalizados. Los centros penales deben respetar su capacidad de plazas y no sobrepasarlas.

Precisamente, esta fue la solución que en el mes de mayo del 2011, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos encontró al problema de sobrepoblación en las 33 cárceles del estado de California. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó a las autoridades que reduzcan en 40.000 presos la población carcelaria cifrada en 147.000, en un período de dos años, con la finalidad de evitar la violación de los derechos constitucionales.

Respuestas a mediano plazo. Aunque resulte probablemente impopular, se deben realizar importantes reformas legislativas. Empezando con reformar los límites máximos de las penas de prisión, tanto en adultos como en menores de edad. En 1994 la Asamblea Legislativa modificó el límite máximo de la pena de prisión de 25 a 50 años y en 1996 modificó el proyecto de ley de justicia penal juvenil, aumentando el extremo mayor de la sanción privativa de libertad, de 5 a 15 años.

Debemos devolvernos a 1994 y 1996, ya que la evidencia empírica no demuestra ningún beneficio social de estas decisiones legislativas. Por el contrario, tenemos más delitos y más presos. Las penas severas no han significado por ejemplo, mayor seguridad ciudadana o menos delitos graves. De una tasa promedio de homicidios de 5,52 por cada 100.000 habitantes en 1994, pasamos a 10 por cada 100.000 habitantes en el año 2011. Es decir, los homicidios se duplicaron.

Los extremos máximos de las penas privativas de libertad en Costa Rica resultan excesivos y violan el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Esto no tiene justificación en un Estado democrático, es contrario a la Constitución Política y viola el derecho internacional de los derechos humanos. Además, se debe reformar el límite actual de tres años y aumentarlo por lo menos a cinco años, para obtener el beneficio de la ejecución condicional de la pena de presión, por cuanto no corresponde a la penalidad de la mayoría de delitos, como también reducir las limitaciones a las conciliaciones y acuerdos entre los autores y las víctimas.

Se debe legislar para aprobar la ley de la ejecución de las sanciones, ley que está pendiente desde hace más de 40 años. Para que se regulen por ley, las relaciones entre los sentenciados y el Estado y se respete el principio de legalidad durante la ejecución.

Respuestas a largo plazo. El delito es un fenómeno social multicausal. Ninguna sociedad ha podido eliminarlo; por eso necesitamos del Derecho Penal y de la pena de prisión, pero en dosis moderadas, porque un exceso de penas produce el efecto contrario a lo que se busca. En lugar de reducir el delito, más bien lo aumenta.

Sin embargo, el delito se puede reducir y prevenir con respuestas serias e inteligentes, abordando los factores de riesgo que producen más delitos, más presos y más violencia. Para esto se requieren programas de prevención del delito, especialmente centrados en poblaciones en riesgo, como, por ejemplo, niños y adolescentes.

Una restricción casi absoluta de armas de fuego en manos de particulares, un desarme progresivo con incentivos para la devolución y destrucción de las armas de fuego. Así como apoyar y aumentar, con recursos y personal los programas de prevención del delito que lleva a cabo el Ministerio de Justicia.

Una buena política social sigue siendo la mejor respuesta al problema de las cárceles de nuestro país.

Sin una respuesta integral, centrada en la prevención, con una represión razonable y efectivos programas de reinserción social, la problemática de las cárceles continuará en aumento.

El anunciado préstamo de $132 millones proveniente del BID, significará un desperdicio de recursos y otro endeudamiento del futuro de Costa Rica. En lugar de construir más cárceles, que tarde o temprano se llenarán, lo mejor sería reducir la sobrepoblación actual y luego invertir en infraestructura, programas de reinserción social y, sobre todo, en prevención del delito.

fuente http://www.nacion.com/2012-03-01/Opinion/-Que-hacer-con-las-carceles-.aspx