Esto significa, lisa y llanamente, que no toda la ciudadanía goza de las mismas garantías. ¿Quiénes “merecerían” tenerlas y quiénes no?
En el informe sobre el uso abusivo de la prisión preventiva en la región que presentó la Asociación por los Derechos Civiles junto a otras organizaciones el año pasado, ante la CIDH, se plantea que “tanto en el ámbito nacional como local se promueven en forma cíclica políticas que buscan aumentar el uso de esta medida cautelar, para dar respuesta a las demandas sociales de seguridad”.
Añade al asunto: “Las políticas que apuestan al endurecimiento de la reacción punitiva no rinden cuentas de su fracaso y se justifican en que la fuerza para reprimir o conjurar el delito nunca es suficiente. Como resultado, se promueven medidas que muestran tener gravísimas consecuencias para los derechos de las personas privadas de libertad y que redundan en la erosión del debido proceso y el principio de inocencia, y promueven el agravamiento de las condiciones de detención.”
Está claro que la forma en que Pereyra concibe la gestión de la conflictividad guarda coherencia. La semana pasada ante el corte de ruta anunciado por el sindicato docente aseguró en dichos divulgados por la subsecretaría de Información Pública:
“Por más que desde el gremio Aten quieran hacer creer de que judicializando un delito como es cortar la ruta estamos criminalizando la protesta, nosotros siempre vamos a sostener el mensaje, que lamentablemente ellos han tomado la decisión de hacer protestas con métodos criminales, y nosotros como funcionarios públicos tenemos la responsabilidad ante la comisión de un hecho delictivo de denunciarlo y de ponerlo a disposición de la justicia. Luego la justicia dirá cuáles son los mecanismos para desarticular estos cortes, y si la justicia determina que estos cortes tienen que cesar por la vía del desalojo cumpliremos fielmente con esa disposición judicial en la medida de las posibilidades”
