El gobierno provincial relevará el estado de las comisarías de Bariloche para definir las obras de remodelación que requieren esos edificios para alojar personas detenidas. Es una de las alternativas que se acordó en una audiencia judicial para descomprimir la crisis por la superpoblación carcelario que se vive en el Penal 3.
El juez de Ejecución Penal de esta ciudad Juan Martín Arroyo dijo que acordaron trabajar en el relevamiento de las unidades policiales durante una audiencia que se desarrolló el viernes por la mañana en Tribunales.
Arroyo convocó a la audiencia porque en su juzgado se tramita el hábeas corpus que los fiscales de Bariloche interpusieron en marzo por la crisis que existe en el Penal 3 a raíz de la superpoblación.
Arroyo explicó ayer que el director del Servicio Penitenciario Provincial, Hugo Cecchini, junto a un arquitecto de Obras Públicas harán mañana el relevamiento del estado de las comisarías y el espacio disponible para alojar detenidos. Sostuvo que el miércoles conocerán los detalles y estimó que las obras deberían estar finalizadas en 45 a 60 días.
Aclaró que la idea es alojar en espacios dignos a detenidos, que esperan por la resolución de su situación procesal y que no pueden ser enviadas al Penal 3, porque no deben alojarse junto a personas condenadas o procesadas. Hasta el viernes había 98 internos en la cárcel a pesar de que el juez Martín Lozada ordenó en 2012 que se podía alojar hasta 60.
Arroyo dijo que los funcionarios de Provincia informaron que el gobierno tenía lista la orden de compra de las pulseras magnéticas que funcionan con GPS y conexión celular. Explicó que la idea es que las pulseras sean utilizadas en personas que tiene prisión preventiva o aquellos condenados que están con salidas transitorias o régimen de semilibertad.
