El PRO presentará esta semana en el Concejo un proyecto que promete desatar una fuerte polémica: prohibir la actividad de cuidacoches en espacios emblemáticos de la ciudad. La iniciativa apunta a impedir «una práctica extorsiva y tarifada» donde funciona el sistema de estacionamiento medido, en Pichincha, la Estación Fluvial y 300 metros a la redonda de lugares donde se desarrollen espectáculos artísticos o deportivos de concurrencia masiva. La propuesta contempla multas de hasta 2.000 pesos y deja en manos de la reglamentación del Ejecutivo la gradualidad en las sanciones.
«Proponemos la prohibición porque el fenómeno se ha generalizado, se ha tornado violento en muchos casos y detrás hay bandas organizadas que lucran con esta práctica, no ya sectores vulnerables que buscan recursos para sobrevivir», fundamentó el impulsor del proyecto, el concejal Rodrigo López Molina.
El referente de la primera minoría en el Concejo apuntó que «hace unos seis, siete años atrás el tema estaba mucho más acotado en la ciudad. Hasta había una buena convivencia entre los propietarios de los autos y quienes lo cuidaban, sin tarifa, con un aporte a voluntad de los automovilistas».
Para López Molina, la situación se complejizó en el último lustro. «Se nota en las denuncias que se hacen en los medios y en las redes sociales, además de lo que nos mencionan los vecinos en muchas recorridas. Ahora hay bandas organizadas operando en zonas muy transitadas con prácticas extorsivas, con amenazas de represalias si uno no le abona lo que exigen», precisó.
En base a algunos datos recopilados recientemente, el edil macrista apuntó que «mientras en los recitales se ha pagado una tarifa cercana a los 30 pesos, en los partidos de fútbol de Central y Newell’s sabemos que hay quienes piden hasta 50 pesos que debe pagarse por adelantado».
En ese marco, la iniciativa que ingresará esta semana al Concejo propone prohibir la actividad de cuidacoches en Pichincha, la Fluvial, en la zona donde funciona el sistema de estacionamiento medido y 300 metros a la redonda de lugares donde se desarrollen espectáculos artísticos o deportivos de concurrencia masiva.
«Creemos que es viable controlar su cumplimiento porque no es una prohibición generalizada, sino acotada a los espacios más transitados y con mayor conflictividad», opinó.
Al respecto agregó: «Hasta ahora el municipio señalaba que no podía ejercer su poder de policía contra esta práctica, porque antes había que demostrar que había una extorsión, de lo contrario no había contravención ni delito. Ahora le damos una herramienta efectiva para impedir los abusos».
Según el concejal del PRO «detrás de muchos cuidacoches hay bandas organizadas, en el caso de las canchas de fútbol asociadas a las barras bravas que cuentan además con protección o connivencia policial».
La iniciativa establece que la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de las restricciones y aplicar multas de hasta 2.000 pesos.
En paralelo, el municipio deberá efectuar un relevamiento entre quienes se desempeñan en estas prácticas, para que las personas involucradas sean incluidas en una base de datos para incorporarlas en programas de capacitación en oficios y de empleo.
Consultado sobre las críticas que el proyecto cosechará por eventual estigmatización y condena de actividades informales, López Molina respondió: «Quienes se oponen a este tipo de proyectos estarán a favor entonces de la privatización del espacio público, en manos de bandas que lucran con la actividad», disparó.
El concejal macrista fue más allá y destacó que «en la zona donde funciona el estacionamiento medido, concesionado por el Estado municipal, hay cuidacoches que piden plata, lo cual supone una doble imposición».
«Y además —continuó— llegan al límite de sugerir que no compren el ticket a los automovilistas porque ellos conocen a los inspectores y hasta tienen tickets para colocar si no hay arreglo para que no los multen».
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