Tiene 55 años y es uno de los tres jueces de la Audiencia Nacional de España que apoyaron las investigaciones de Baltasar Garzón sobre los crímenes franquistas. Investigó temas de derecho procesal penal, derechos humanos, justicia universal y crímenes internacionales. Ramón Sáez Valcárcel llegó a la Argentina para exponer en el Congreso Internacional sobre tortura en la Biblioteca Nacional, invitado por el Ministerio Público de la Defensa. Antes de su intervención en el panel sobre tortura y dictadura dialogó con Infojus Noticias sobre los procesos de reforma judicial y el estado de las causas que investigan los crímenes del franquismo en España. El magistrado forma parte de Jueces para la Democracia, un movimiento español que existe de 1983, similar a Justicia Legítima.

-Vino a hablar sobre la tortura, ¿por qué a pesar de su abolición sigue siendo un problema para muchas sociedades del mundo?

-No hay ninguna receta para que desaparezca la tortura pero sí puede ser controlada en sociedades que son conscientes del problema. Es un tema del que hay que hablar para visibilizarlo. El problema es cuando se niega, cuando se piensa que no existe. La tortura es un hecho execrable porque es la violencia que aplica el Estado sobre personas, generalmente detenidas o privadas de su libertad para comprobar si son inocentes o culpables o para que den información o para humillarlos y destruir su dignidad. Es un hecho sobre el cual hay que poner el foco porque visibilizarlo es decir: “existe, no se anestesie”. Nuestras sociedades están anestesiadas por la televisión, las hipotecas.

-¿Cómo ve el proceso de reforma judicial que está viviendo la Argentina?

-Me sorprende la violencia de los medios de comunicación en el nivel de confrontación. Se expresan en términos de virulencia. No aportan a un clima deseable para debatir ningún tipo de reforma de la Justicia. Debería propiciarse una reflexión serena y rigurosa, donde no estén los intereses particulares en el centro de la polémica sino que sea un debate de más largo alcance en el que se piense cómo la Justicia tiene que responder a derechos que son universales y corresponden a todos, y mucho más a los desfavorecidos.

-¿La necesidad de un cambio expresa una crisis del poder judicial?

-La Justicia es un servicio que presta el Estado, que está sometido a conflicto y a deslegitimación. Vive en crisis permanente. El proceso de reforma judicial es normal. Vivimos en momentos en que todo se desvanece, también el sistema político de representación partidista cada vez goza de menos favor del público.

-¿Puede pensarse en una Justicia dinámica?

-La Justicia es un espacio de confrontación y puede responder a unos intereses o a otros. El diseño del sistema judicial en el mundo en el que vivimos está hecho para que responda  a los intereses de las clases dominantes y hegemónicas. Pero eso no está cantado. Se puede pensar en un sistema judicial dinámico. Absolutamente. Depende de las demandas que reciba. Los desfavorecidos pueden darle la vuelta a los conflictos y ganar en materia de derechos el proceso en una clave contra hegemónica y que la Justicia los ampare. Los poderosos no necesitan derechos, ellos tienen privilegios. Y en el mundo en el que vivimos los derechos que hemos conquistado se nos vienen abajo. La única forma de  garantizarlos son los tribunales.

-¿Por qué hay resistencias al momento de discutir las propias prácticas de las Justicia?

-Hay intereses particulares e intereses bastardos que no respondan al diseño ideal. El diseño ideal es una de las descripciones, pero no es la única, puede cambiar. En la medida en que los derechos son universales y se proclaman en todo el mundo, los ciudadanos pueden acceder a la Justicia para que le ampare su derecho al trabajo, al acceso a la vivienda, a las libertades. Es normal que a los sistemas políticos no les guste que cuando se tiene el poder, existan contrapoderes. La Justicia tiene que funcionar como contrapoder. La gente acude a los tribunales amparos de sus derechos. ¿Cómo van a querer las empresas trasnacionales jueces independientes? Es normal que no lo quieran. Nadie quiere ser controlado.

-Usted habla de independencia. En Argentina este valor se utiliza como argumento para resistir a la reforma judicial.

-Las corporaciones judiciales creen que la independencia es algo que le pertenece al juez. Pero no es así, no es un privilegio: es una garantía de que el tribunal que va a intervenir en el conflicto se desentiende de otras cosas y solo atiende al derecho que es la legalidad internacional, la Constitución, las leyes, los códigos. El juez no puede atender a sus ideas políticas, aunque influyen a la interpretación que hace del derecho, como así tampoco puede atender a las presiones de los poderosos. La independencia va asociada a la garantía de los derechos. Es potestad de las sociedades, no de los jueces. No protege al juez de nada. Si no hubiera independencia los jueces responderían exclusivamente a los intereses de los poderosos.

-Después de la suspensión de Baltasar Garzón en 2010, ¿cuál es el estado de las causas judiciales que investigan los crímenes del franquismo en España?

-La justicia penal ha sido clausurada a las víctimas de la dictadura, por lo tanto se siguen haciendo exhumaciones pero con carácter privado y particular. El Estado no colabora. Hasta el año pasado, había una subvención pública para las asociaciones de víctimas, pero ya no está más. Se ha privatizado lo que son obligaciones del Estado.

-Un país que ha estado internacionalmente a la vanguardia en la investigación de los crímenes del propio Estado, hoy se encuentra retrasado?

-La historia no se atrasa, la historia continúa. Somos los seres humanos los que perdemos y en este caso las víctimas de la violencia de la dictadura están desamparadas. En los años ´90 se avanzó, pero después del 11-S estamos viviendo un periodo de recesión y de avance de las políticas neoliberales. Las sentencias de los tribunales siguen vigentes, pero la Justicia es muy vulnerable porque depende de la legitimidad que le den las sociedades. Y hoy plantearles que persigan los crímenes de los poderosos, crímenes de Estado.